Ofician a Contraloría para que indague irregularidades en cifras de producción de Codelco en 2025

Un grupo de diputados de Renovación Nacional y del Partido Republicano ofició a la Contraloría General de la República (CGR) para solicitar una investigación sobre irregularidades en la contabilización de cifras de producción de Codelco durante 2025.

La presentación apunta específicamente a antecedentes relacionados con la división Chuquicamata y busca esclarecer posibles anomalías en cifras de producción, eficiencia y gestión interna de la estatal minera.

La solicitud surgió luego de que una auditoría interna de Codelco, revelada por el diario La Tercera, detectara una sobreestimación de 26.875 toneladas reportadas como producción efectiva, pese a que estas no cumplían con las exigencias técnicas, administrativas y comerciales establecidas en los protocolos internos de la compañía.

A raíz de esa situación, más de 6 mil trabajadores de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz deberán devolver US$14,3 millones correspondientes a bonos pagados sobre la base de esas cifras.

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Según el oficio enviado por los parlamentarios, las maniobras contables habrían permitido que Codelco informara públicamente resultados anuales superiores a la tendencia real registrada durante el año.

En el documento, los diputados advierten que la situación reviste “gravedad”, ya que la alteración de cifras habría impactado directamente en “sistemas de incentivos, bonos de desempeño y evaluaciones de gestión tanto de ejecutivos como de trabajadores”.

Los parlamentarios sostuvieron además que Contraloría posee facultades para fiscalizar a Codelco a través de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), revisando balances, procedimientos de control interno y auditorías específicas.

“El país necesita transparencia y una revisión profunda de la situación de Codelco. Estamos hablando de una empresa estratégica para Chile y los chilenos merecen conocer con claridad qué está ocurriendo”, afirmó el diputado Daniel Valenzuela, quien encabezó la presentación del oficio.

El documento también solicita que, en caso de detectarse eventuales delitos como fraude, administración desleal o alteración maliciosa de información, la Contraloría remita los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para determinar posibles responsabilidades penales o administrativas.