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Foto: AgenciaUNO
Libertarios y Republicanos van por exministro Grau tras denuncia de error en proyección de deuda
Los partidos oficialistas sostienen que las inconsistencias detectadas en las proyecciones fiscales del gobierno anterior son graves. Aseguran contar con votos para impulsar una acusación constitucional. Desde la oposición acusaron una “cortina de humo” y cuestionaron el uso político de la ofensiva.
La controversia técnica por el estado de las finanzas públicas heredadas de la administración de Gabriel Boric escaló a la arena política. El Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario anunciarion la presentación de una acusación constitucional (AC) contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, responsabilizándolo por una discrepancia de 9,6 billones de pesos en las proyecciones de deuda del Estado.
La arremetida surge tras la denuncia del actual titular de Hacienda, Jorge Quiroz, quien apuntó a errores en los cálculos fiscales del gobierno anterior. Para el bloque oficialista, el desfase excede la mera falla metodológica y constituye una infracción directa a la Ley de Administración Financiera del Estado.
“Hechos aritméticos” y votos en la mesa
El oficialismo ha buscado desmarcar la ofensiva de una vendetta ideológica, centrando su argumentación en la magnitud de las cifras. El jefe de bancada de Republicanos, Benjamín Moreno, fue categórico: “No es un juicio político: son hechos aritméticos. Encontramos ingresos inflados, gastos escondidos y una trayectoria de deuda con errores de cálculo”. Para dimensionar el impacto, Moreno advirtió en X que la diferencia entre el déficit proyectado y el real equivale al presupuesto íntegro de las fuerzas de orden del país.
Chile no puede normalizar que se maquillen datos. Por eso los Republicanos acusaremos constitucionalmente al ex ministro Nicolás Grau.
Mientras los chilenos se apretaban el cinturón, el Gobierno escondía gastos e inflaba ingresos.
El ex Ministro tiene que dar la cara. pic.twitter.com/2HCpbAa8GJ— Fernando Ugarte Tejeda (@UgarteDiputado) May 26, 2026
En la misma línea, según consigna Radio Biobío, el jefe de bancada del PNL, Cristóbal Urruticoechea, apuntó a la gravedad de entregar “información financiera inconsistente y omitir gastos comprometidos en los informes oficiales”, calificando el escenario como un atentado a la transparencia y la responsabilidad fiscal.
La amenaza del libelo contaría con respaldo operativo. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, el republicano Agustín Romero, aseguró que, tras un sondeo transversal, los votos para aprobar la acusación en la sala ya estarían garantizados, exigiendo que se hagan valer las “responsabilidades políticas”.
La defensa de Grau: el debate metodológico
Frente a la ofensiva, el exministro Grau apostó por encapsular el conflicto en el rigor técnico. A través de un análisis público, acusó a la cartera que dirige Jorge Quiroz de “apresurarse” en sus conclusiones.
El argumento central del exsecretario de Estado radica en que la actual administración asume, de forma implícita y errónea, que entre los Informes de Finanzas Públicas de ambos gobiernos la única variable alterada fue la proyección del déficit anual. Grau insistió en su disposición para cotejar las estimaciones con el actual Ejecutivo, sugiriendo que la discrepancia responde a metodologías de cálculo y no a un ocultamiento deliberado de información.
En este hilo explico por qué el Ministro de Hacienda se apresura al señalar que habría un cálculo errado en la proyección de deuda que hicimos para 2026-2030 en nuestro último informe de IFP. La proyección es consistente y no tiene errores de cálculo
— Nicolás Grau Veloso (@nico_grau) May 26, 2026
El contraataque de la oposición: institucionalidad y “cortina de humo”
La respuesta desde el Frente Amplio y la centroizquierda fue inmediata. La estrategia de la oposición se ha centrado en restar legitimidad a la acusación, enmarcándola como una maniobra distractiva frente a la agenda económica del actual gobierno.
Desde la oposición calificaron la ofensiva como un intento de convertir una diferencia técnica en un conflicto político, acusando una estrategia de “cortina de humo” frente a la agenda económica del gobierno y cuestionando el uso de acusaciones constitucionales para resolver discrepancias entre proyecciones fiscales. Otros sectores llamaron a la prudencia, advirtieron sobre el desgaste institucional de este tipo de herramientas y pusieron el foco en los efectos fiscales de la actual reforma tributaria del Ejecutivo, mientras algunos parlamentarios optaron por revisar los antecedentes antes de definir una postura.
