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Abogado de Grau: acusación “no logra mostrar ninguna infracción constitucional ni legal”
El abogado que asumió la defensa del exministro Nicolás Grau sostuvo que el libelo opositor no acredita una infracción constitucional o legal y advirtió que usar la acusación constitucional para resolver discrepancias técnicas debilita el rol del Ministerio de Hacienda.
El abogado Patricio Zapata, quien asumió la defensa del exministro de Hacienda Nicolás Grau frente a la acusación constitucional presentada en su contra, aseguró que el libelo carece de fundamentos jurídicos suficientes y cuestionó que diferencias técnicas sobre proyecciones económicas sean llevadas al terreno de las sanciones constitucionales.
En conversación con Tele13 Radio, Zapata recordó que una eventual aprobación de la acusación tendría consecuencias relevantes para el exsecretario de Estado, pese a que ya no integra el gabinete. “Yo a cualquiera sea el que yo condeno lo dejo cinco años fuera, cuestión que en el caso del exministro Grau es el único efecto que se busca porque él ya no es ministro de Estado”, afirmó.
El abogado sostuvo que la acusación constitucional debe utilizarse únicamente en situaciones excepcionales y no como una herramienta para resolver controversias de carácter técnico o político.
“La acusación constitucional es última ratio (…) yo echo mano a esta herramienta cuando los demás medios que tengo para fiscalizar, para controlar, no son suficientes. Entonces, echo mano a la bomba atómica del derecho constitucional chileno, que es la acusación constitucional”, señaló.
Respecto de las críticas que apuntan a que Grau habría manipulado información fiscal, Zapata advirtió sobre la gravedad de esa imputación. “Eso es bastante más grave de lo que yo leo en el texto de la acusación, porque ahí se imputa una intencionalidad dolosa, digamos, un afán de defraudar”, sostuvo.
Asimismo, destacó que la elaboración de los informes fiscales descansa en equipos técnicos permanentes del Ministerio de Hacienda y no exclusivamente en decisiones de las autoridades políticas de turno.
“Los técnicos de la Dirección de Presupuestos son personas que llevan trabajando 10, 15, 20 años en el Ministerio de Hacienda. Esta no es una repartición donde sacan a todo el mundo con el cambio de Gobierno. El trabajo de juntar los datos y los números es un trabajo bien institucional. Entonces, nada se ha ocultado”, afirmó.
Tras revisar los antecedentes de la acusación, Zapata concluyó que no existen elementos que permitan acreditar incumplimientos legales o constitucionales por parte del exministro.
“No logra la acusación mostrar ninguna infracción constitucional ni legal”, afirmó. En esa línea, añadió que discrepancias con organismos internacionales o entidades especializadas no constituyen faltas sancionables. “No es una ilegalidad no coincidir con el FMI. Como no es una ilegalidad no coincidir con el Consejo Fiscal Autónomo. Como no es una ilegalidad que tu informe de política fiscal sea distinto al informe de política fiscal del gobierno que viene después”, indicó.
El abogado también alertó sobre las consecuencias institucionales que podría tener una eventual destitución basada en errores o diferencias de estimación económica.
“El día que alguien me diga que vamos a empezar a destituir a los ministros de Hacienda porque se equivocaron con sus estimaciones, la verdad es que se acabó la posibilidad de una política fiscal razonable”, sostuvo.
Zapata planteó además que este tipo de acciones pueden derivar en un fenómeno de “parlamentarismo de facto”, trasladando discusiones técnicas a escenarios de confrontación política. “El Ministerio de Hacienda hay que cuidarlo”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó el debate en torno a la megarreforma impulsada por el actual Gobierno, señalando que sus proyecciones también descansan en supuestos económicos. “La megarreforma que estamos discutiendo se funda en la idea de que si tú bajas el impuesto a la empresa, vas a poder compensar por el mayor crecimiento la baja en la tasa. Es un supuesto. ¿Qué pasa si no ocurre? ¿Van a acusar al ministro Quiroz en tres años más cuando haya eventualmente cambio político?”, cuestionó.
Finalmente, sostuvo que, si bien la administración anterior no logró cumplir algunos objetivos fiscales, también alcanzó otras metas relevantes, entre ellas mantener la deuda pública bajo determinados niveles proyectados.
