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Poduje enfrenta querella, requerimiento de Inhabilidad y 10 recursos de protección
La controversia por la demolición de viviendas reconstruidas en El Olivar sumó nuevas acciones judiciales. La constructora San Sebastián pidió inhabilitar al ministro Iván Poduje, mientras Social Arquitectura lo querelló junto a autoridades del Minvu por su actuación en el proceso.
Sigue escalando el conflicto judicial entre el ministro de Vivienda, Iván Poduje, la constructora San Sebastián y la entidad patrocinante Social Arquitectura, luego que el secretario de Estado informara la demolición de 170 de las 350 viviendas que ambas empresas reconstruyeron, o habían iniciado obras, después del megaincendio de 2024 en el sector de El Olivar en Viña del Mar, al no ajustarse a la normativa. A la fecha –informó la constructora a Aquí Valparaíso–, el Gobierno solo ha desarmado cuatro casas, pues no tendría las facultades legales para demoler.
- Lo último. El jueves la empresa San Sebastián pidió a la Contraloría que declare la inhabilidad de Poduje “en todo proceso relativo a la constructora, por carecer de objetividad e imparcialidad, e infringir los principios de juridicidad, objetividad y probidad establecidos en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado”, explicó el abogado Jaime Barrientos. Lo anterior, porque antes de asumir como ministro, “en su calidad de director y socio de Atisba, elaboró diversos informes técnicos y de avance respecto al proceso de reconstrucción de Viña del Mar. En dichos informes privados, sostuvo y difundió públicamente cuestionamientos al proceso”.
Querella. El lunes pasado el tribunal de garantía de Viña del Mar acogió a trámite una querella presentada por Social Arquitectura en contra de Poduje; el seremi de Vivienda, Marcelo Ruiz; y el director (s) del Serviu Valparaíso, Rodrigo Muñoz. En ella, la abogada Erika Maira señala, a grandes rasgos, que los aludidos habrían impulsado una estrategia para sacar a la empresa y a la constructora San Sebastián de la reconstrucción de El Olivar. Por ello les atribuye los delitos de prevaricación administrativa, falsificación ideológica de instrumento público, uso malicioso de instrumento público falso y fraude al fisco.
Las viviendas que reconstruyó San Sebastián en El Olivar. Foto: constructora.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso tramita, además, diez recursos de protección, a propósito de las demoliciones en El Olivar. Dos fueron presentados por San Sebastián, uno por Social Arquitectura y otros siete por las familias afectadas por esta medida.
- El primero de los recursos de San Sebastián alega que Poduje anunció la demolición de las viviendas cuando los contratos seguían vigentes, sin resolución ni decreto, lo que vulnera su derecho de propiedad y el debido proceso. Asimismo, sostiene que los informes técnicos encargados por el Minvu recomendaban reforzar las estructuras y no demolerlas. El segundo está dirigido en contra del seremi, por actuar de forma ilegal y arbitraria –dice el documento–, al suspender indefinidamente a la empresa del Registro Nacional de Constructores de Viviendas Sociales sin respetar el procedimiento establecido por ley.
El recurso de Social Arquitectura alega que el ministro actuó de forma ilegal y arbitraria al ordenar la paralización indefinida de 12 viviendas en reconstrucción y anunciar su demolición, pese a que los contratos contemplaban procedimientos específicos de fiscalización y corrección de observaciones a cargo del Serviu. La empresa sostiene que la intervención de Poduje “sobrepasa sus atribuciones”, y que ignoró informes técnicos que recomendaban corregir y reforzar las obras en lugar de demolerlas.
- Constructora prepara demanda. Finalmente, en las próximas semanas San Sebastián presentará una demanda civil en contra del Serviu de Valparaíso, en la que solicitará la disolución del contrato y la indemnización correspondiente, avaluada en aproximadamente $ 10 mil millones, estimó Barrientos.
La respuesta del ministro. Consultado por Aquí Valparaíso, el ministro Poduje descartó tener una “disputa judicial” con ambas empresas: “Como ministerio, nos querellamos contra ambas por graves delitos que obligaron a demoler viviendas mal construidas. Ademas, estamos investigando vínculos de exfuncionarios del Serviu con esta empresa, incluyendo al (ex) director regional. Y porque se les entregó un comodato de un terreno fiscal para acopiar materiales –usado como cancha por la comunidad–, siendo que las empresas deben arrendar estos terrenos y el costo no es bajo”.
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