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Social Arquitectura desmiente al Minvu: no enfrenta querellas por reconstrucción de El Olivar
La entidad patrocinante afirmó que el Minvu “falta a la verdad” al sostener que enfrenta ocho querellas desde marzo. Además, recordó que presentó una acción penal contra el ministro Iván Poduje y otras autoridades por presuntos delitos vinculados al proceso de reconstrucción en El Olivar.
La entidad patrocinante Social Arquitectura Ltda. respondió este viernes a las acciones anunciadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para destrabar la reconstrucción del sector El Olivar, en Viña del Mar, rechazando las afirmaciones de la cartera y asegurando que no enfrenta querellas en su contra.
A través de una declaración pública, la empresa sostuvo que “no existen querellas presentadas en su contra, ni en contra de ninguno de sus socios”, afirmando que esa información puede verificarse en el sistema de Consulta Unificada del Poder Judicial.
Por ello, aseguró que “el comunicado oficial del Minvu falta a la verdad cuando declara que esta organización ‘desde marzo enfrenta querellas por parte del Ministerio por ocho delitos'”.
La firma también recordó que el pasado 5 de junio presentó una querella contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje; el seremi de Vivienda, Marcelo Ruiz; y el director (s) del Serviu, Rodrigo Muñoz, por los presuntos delitos de “prevaricación administrativa reiterada, falsificación ideológica y material de instrumento público, y fraude al Fisco”.
Según indicó, la acción fue acogida a tramitación por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar y posteriormente remitida a la Fiscalía de Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso.
Uno de los principales fundamentos de esa querella, explicó la empresa, dice relación con la Resolución N.º 3384 del 9 de abril de 2026, mediante la cual el Serviu instruyó a las familias poner término anticipado a los contratos suscritos con la constructora San Sebastián Ltda. y Social Arquitectura.
La entidad sostuvo que dicha resolución afirmó que existían informes técnicos de los Inspectores Técnicos de Obra (ITO) que acreditaban graves fallas constructivas, “pero esto nunca ocurrió”. Añadió que esa resolución dio origen a un proceso en el que las familias fueron convocadas para firmar la terminación de los contratos y autorizar la demolición de sus viviendas.
En ese contexto, aseguró que “no es efectivo que los vecinos pusieron término libre y voluntariamente a los contratos”, agregando que existen “múltiples testimonios de presiones ejercidas sobre ellos para firmar formularios prescritos por las autoridades querelladas”.
Respecto de los retrasos en la reconstrucción, la empresa rechazó que éstos obedezcan a las acciones judiciales promovidas por ella o por vecinos afectados.
Según afirmó, la resolución judicial que impidió avanzar con las demoliciones fue dictada el 7 de julio, mientras que el ministro Poduje había comprometido el inicio de esos trabajos el 24 de marzo.
Además, sostuvo que las dificultades del proceso también responden al rechazo de permisos de edificación por parte de la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar.
Finalmente, Social Arquitectura aseguró que, de haberse respetado los contratos vigentes y la normativa aplicable, “una parte importante de las familias ya habría recibido sus viviendas”, y expresó su expectativa de que “la justicia restablezca el imperio del derecho y dé pronta solución a este lamentable conflicto, para no retardar más la respuesta a las familias damnificadas”.
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