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Agencia Uno
Gobierno pone fin a convenio que financia estudios sobre pluralismo en medios
Segegob puso término al acuerdo que mantenía desde 2009 con ANID y descartó financiar el concurso 2026 debido al ajuste fiscal. La decisión abrió dudas sobre cómo el Ejecutivo cumplirá la Ley de Prensa, que obliga a destinar anualmente recursos a estos estudios.
La Subsecretaría General de Gobierno (Segegob) decidió poner término al convenio que desde 2009 mantenía con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) para financiar el Fondo de Estudios sobre el Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional, una determinación que abre interrogantes respecto de cómo se continuará cumpliendo con lo establecido en la Ley de Prensa.
Según reportó CNN Chile, la medida consta en un oficio fechado el 31 de julio, firmado por el subsecretario general de Gobierno, José Francisco Lagos, y dirigido a la directora de ANID, Alejandra Pizarro.
Según el documento, las instrucciones de ajuste fiscal impartidas por el Ministerio de Hacienda llevaron a Segegob a revisar sus compromisos presupuestarios y determinar que durante este año no podrá efectuar el aporte correspondiente al fondo ni financiar su convocatoria 2026.
Junto con notificar el término unilateral del convenio, la subsecretaría estableció que no corresponde realizar la convocatoria de este año ni adjudicar nuevos proyectos mientras se concreta el cierre del acuerdo. Las investigaciones correspondientes a concursos anteriores deberán continuar con su ejecución y rendición.
La decisión abre una interrogante respecto del cumplimiento del artículo 4 de la Ley 19.733, conocida como Ley de Prensa. La norma establece que la Ley de Presupuestos “contemplará, anualmente, recursos” para efectuar estudios sobre el pluralismo en el sistema informativo nacional y dispone que estos sean asignados mediante concurso público.
Desde 2009, ese mandato se materializaba mediante el convenio entre Segegob y la entonces Conicyt, posteriormente sucedida por ANID. El fin del acuerdo no supone por sí mismo que la obligación legal deje de cumplirse, pero hasta ahora no existe claridad respecto del mecanismo que utilizará el Ejecutivo para reemplazarlo.
El presidente de la Asociación Gremial Chilena de Investigadoras e Investigadores en Comunicación (INCOM Chile), Laureano Checa, planteó precisamente esa interrogante.“En este minuto no hay mucha claridad respecto a saber si se acabó este convenio y se van a ejecutar igual estudios bajo este fondo o definitivamente se acabó”, señaló al citado medio.
Checa también relevó que la participación de ANID no se limita a administrar los recursos, sino que permite someter los proyectos a los criterios y mecanismos de evaluación propios de la agencia.
“El financiamiento a través de ANID tiene un propósito y es garantizar la seriedad de estos estudios”, afirmó. Sobre un eventual mecanismo que reemplace el convenio, agregó: “El hecho de que terminen con el acuerdo con ANID, ¿va a significar qué? ¿Asignación directa? Eso la verdad que no está claro”.
El fondo ha financiado investigaciones principalmente vinculadas a las comunicaciones, aunque también ha incluido trabajos provenientes de áreas como la ciencia política y la economía. Sus materias han evolucionado desde estudios sobre lectoría y circulación de medios impresos hasta investigaciones sobre desinformación, plataformas digitales, propiedad de medios y transformaciones en el consumo de noticias.
Aunque sus recursos son acotados frente a otros instrumentos de investigación —en 2025 no superaron los $80 millones y se adjudicaban en promedio tres o cuatro proyectos por convocatoria—, Checa advirtió sobre las consecuencias que tendría su eventual desaparición.
“Es toda una línea de reflexión que se corta y sin una justificación clara, sin una evaluación clara”, sostuvo.
La determinación también fue cuestionada por María José Labrador, directora del Centro de Estudios de Comunicación Aplicada de la Universidad del Desarrollo; Sebastián Zárate, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chile; Pedro Anguita, académico de la Universidad de los Andes; y Claudia Mellado, profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
En una carta publicada en Diario Constitucional, los cuatro investigadores plantearon que una instrucción administrativa de ajuste fiscal no podría dejar sin aplicación una obligación contenida en una ley permanente. Bajo esa interpretación, sostienen que, si el Ejecutivo busca terminar con el financiamiento, debería modificar o derogar la norma correspondiente.
Los académicos solicitaron que la decisión de Segegob no sea ejecutada y plantearon que, de concretarse, la Contraloría General de la República debería pronunciarse sobre la juridicidad de suspender el mecanismo mediante una decisión administrativa.
“El pluralismo informativo no es un beneficio para los investigadores, sino un componente esencial de una política pública democrática”, afirmaron.
Hasta el cierre de la información entregada, Segegob no había respondido las consultas sobre el futuro del fondo, el destino de los recursos correspondientes a 2026 ni el mecanismo mediante el cual dará cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Prensa.
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