El aire que sigue esperando

Este lunes 17 de agosto, el mapa oficial de calidad del aire volvió a mostrar una fotografía mil veces vista: mientras Santiago permanecía en condición buena, hacia el sur se multiplicaban las alertas por MP2,5, desde Linares y Chillán hasta Valdivia, Osorno, Puerto Montt-Puerto Varas y Coyhaique.

Es el telón de fondo de una decisión adoptada el 12 de marzo, cuando el Gobierno de José Antonio Kast retiró de Contraloría 43 decretos ambientales. Cinco meses después, solo ocho han sido reingresados y 35 continuaban pendientes. Entre ellos permanecen dos que el Colegio Médico considera especialmente urgentes: la actualización de la norma de MP2,5 y la de emisiones de centrales termoeléctricas.

• ParaJuego Limpio, la presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, evita especular sobre las razones políticas del retiro. “Esa explicación corresponde entregarla al Ejecutivo”, señala. Pero desde el punto de vista sanitario la consecuencia es menos discutible: el tiempo también enferma. “Si sabemos que un contaminante enferma y tenemos herramientas para disminuir la exposición de la población, retrasar esas medidas es un retroceso desde el punto de vista de la salud pública”.
• En el caso del MP2,5, la norma vigente desde 2011permite 20 microgramos por metro cúbico como promedio anual y 50 diarios; la actualización elaborada por Medio Ambiente reducía esos límites a 15 y 38, todavía por sobre los valores guía de 5 y 15 µg/m³ recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Era, por tanto, un avance gradual, no el punto de llegada.

La diferencia entre esos números puede parecer abstracta hasta que se traduce en cuerpos. La OMS advierte que el MP2,5 puede atravesar los pulmones e ingresar al torrente sanguíneo, afectando los sistemas cardiovascular y respiratorio y aumentando riesgos como accidentes cerebrovasculares, cáncer pulmonar y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. “Esta no es solamente una discusión ambiental: es una decisión de salud pública”, insiste Arriagada. El propio expediente técnico del Ministerio recoge que, de acuerdo con la evidencia utilizada para diseñar la norma, cada aumento de 10 µg/m³ en la concentración diaria de MP2,5 se asocia con aproximadamente un 1% de incremento en la mortalidad no accidental.

• Los cálculos oficiales también dificultan presentar la demora como una simple revisión administrativa. Medio Ambiente estimó para la actualización del MP2,5 costos por US$1.639 millones, pero beneficios sociales por US$8.873 millonesdurante diez años: una relación beneficio-costo de 5,4.
• El mismo modelo proyectó 660 casos de mortalidad evitados y 8.409 admisiones hospitalarias menosdurante ese período, cifras contenidas en la respuesta oficial del Ministerio durante la tramitación de la norma. Para Arriagada, eso obliga a incorporar a la ecuación económica aquello que suele quedar fuera de ella: tratamientos, hospitalizaciones, discapacidad, pérdida de calidad de vida y mortalidad prematura. “Resulta mucho más razonable evitar que las personas enfermen que llegar tarde a tratar las consecuencias”.

La nueva norma para centrales termoeléctricas plantea la otra cara del mismo problema: busca reducir emisiones de material particulado, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y metales como mercurio, níquel y vanadio para proteger la salud y el medio ambiente.

La evidencia chilena tampoco parte de cero: un estudio publicado en la Revista Chilena de Enfermedades Respiratorias encontró mayores riesgos de asma y bronquitis en Tocopilla y Huasco, comunas expuestas a centrales termoeléctricas a carbón, respecto de Caldera, utilizada como referencia.

• El cierre progresivo de las carboneras no elimina, para Arriagada, el riesgo presente: “Ese proceso toma tiempo”, y mientras ocurre siguen existiendo comunidades respirando sus emisiones. De ahí la contradicción que advierte el Colmed: que un Gobierno que declaró una alerta sanitaria oncológica mantenga detenidas regulaciones destinadas a disminuir la exposición a contaminantes asociados, entre otros efectos, al cáncer. “La prevención también es política sanitaria”.

Medio Ambiente sostiene que las normas no fueron abandonadas. La ministra Francisca Toledo explicó que el retiro respondió a una revisión “seria y responsable” y aseguró que serán reingresadas una vez terminado el análisis técnico.

• Pero para el Colegio Médico el problema es que ambas regulaciones ya arrastraban años de retraso antes de llegar a Contraloría. Y en salud, advierte Arriagada, cada año cuenta: algunos beneficios de un aire más limpio pueden observarse rápidamente, pero disminuir enfermedades crónicas y cáncer requiere años de menor exposición.

El Ministerio del Medio Ambiente inició la revisión de la norma de calidad del aire para MP10, proceso que tendrá 12 meses para elaborar un anteproyecto.
Hoy existen 22 zonas latentes o saturadas por este contaminante en 13 regiones, de las cuales 20 cuentan con planes de prevención o descontaminación.
La revisión evaluará si la norma vigente sigue protegiendo adecuadamente la salud, considerando nueva evidencia científica y las distintas realidades territoriales.
Hasta el 19 de octubre estará abierto un período de 45 días hábiles para recibir antecedentes técnicos, científicos, económicos, jurídicos y sociales.

La paradoja es que Chile ya produjo la evidencia, realizó procesos técnicos y de participación, calculó costos y beneficios y llevó las normas hasta la última etapa administrativa. Lo que sigue en discusión, entonces, no es qué sabemos, sino cuánto estamos dispuestos a esperar para actuar. “Tener aire, agua, suelo y alimentos seguros no debiera ser una aspiración extraordinaria; debiera ser parte de las condiciones básicas de desarrollo de un país”.

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