Gobierno convoca comisión transversal para reformar el empleo público y fija plazo de 120 días

El Gobierno puso en marcha un nuevo intento por reformar el empleo público en Chile, una tarea que distintas administraciones han buscado abordar sin conseguir modificar de manera sustantiva las reglas que rigen las relaciones laborales al interior del Estado.

Debido a la complejidad técnica y política de una reforma de esta magnitud, el Ejecutivo optó por conformar una comisión transversal de 12 expertos, que tendrá un plazo de 120 días para elaborar propuestas que posteriormente sirvan de base para un proyecto de ley.

La instancia incluye a dos exautoridades del gobierno de Gabriel Boric: la exministra de la Secretaría General de la Presidencia Macarena Lobos y la exsubsecretaria de Hacienda Heidi Berner.

También fueron convocados el exdirector de Presupuestos del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Matías Acevedo; el excontralor general de la República Ramiro Mendoza; la académica de la Universidad San Sebastián y exdirectora de Presupuestos Cristina Torres; y el expresidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y actual investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Jorge Rodríguez.

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Completan la comisión el prorrector de la Universidad del Desarrollo y exdiputado Ernesto Silva; el director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, Fernando Claro; el abogado y académico especializado en derecho administrativo y empleo público Enrique Rajcevic; la consejera del Consejo para la Transparencia María Jaraquemada; la ejecutiva Francisca Díaz Del Río; y la ingeniera civil industrial y especialista en modelos econométricos e inteligencia artificial María Francisca Yáñez.

La instancia no tendrá un presidente. La coordinación con el Ejecutivo quedará a cargo del subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos, José Ignacio Llorá, quien ejercerá como secretario ejecutivo.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que los integrantes tendrán cuatro meses para entregar sus propuestas.

“Es un tiempo que puede verse corto para el tamaño de la tarea, pero esta comisión lo puede hacer porque todos son personas que han trabajado en la materia y tienen la experiencia necesaria para poder hacerlo”, afirmó.

Quiroz agregó que “es importante pensar en los desafíos que tiene el Estado hacia adelante” y sostuvo que este “debe servir en distintos ámbitos y debe hacerlo con eficacia y eficiencia, procurando que se hagan los mejores esfuerzos”.

El Presidente José Antonio Kast, en tanto, buscó despejar una de las principales dificultades que históricamente han enfrentado los intentos de modificar el empleo público: la relación con los propios funcionarios y sus organizaciones.

El Mandatario aseguró que la futura reforma “se hará con los funcionarios públicos, escuchando a las distintas asociaciones gremiales que hoy día conforman parte del Estado”.

En ese contexto, mencionó específicamente a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), organización con la que aseguró haber sostenido reuniones, al igual que ministros y subsecretarios de su administración.

Kast también planteó que el proceso deberá incorporar al Congreso. “Tiene que ser con los legisladores, porque estamos pensando en el bienestar de nuestra patria, no en el resultado político de uno u otro sector. Tiene que ser con todos porque a nadie lo queremos sorprender”, afirmó.

Según explicó, la intención tampoco es que los expertos elaboren sus recomendaciones sin interlocución con los actores involucrados.

“La idea no es que la comisión sesione a puertas cerradas y que emita un informe final, sino que vaya recibiendo los aportes de distintos funcionarios, distintas asociaciones. También una conversación amplia con los legisladores”, señaló.

El plazo de 120 días responde además a la intención del Ejecutivo de transformar las recomendaciones en una iniciativa legal que alcance a ser discutida y aprobada durante la actual administración.

Los intentos anteriores no lograron ese objetivo. Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera se elaboró un proyecto de ley, pero este ingresó al Congreso en marzo de 2022, cuando su mandato terminaba, y no avanzó en su tramitación.

Posteriormente, la administración de Gabriel Boric tampoco logró convertir en una reforma legal sus propuestas para modificar las reglas del empleo público. De esta manera, el Estatuto Administrativo continúa siendo el principal marco de las relaciones laborales dentro del aparato estatal.

Entre las materias que aparecen en el debate técnico está la coexistencia de funcionarios de planta, contrata y honorarios. El investigador de Horizontal Juan José Obach propone “terminar con el régimen actual de planta, contrata y honorarios y avanzar a un único régimen de funcionarios de carrera, lo más independiente posible del ciclo político”.

Obach también plantea reducir el número de asesores de gobierno, limitar su presencia a los gabinetes de las autoridades de turno y establecer una puerta única de ingreso administrada por el Servicio Civil, mediante procesos técnicos y de selección por mérito.

A ello suma facilitar la movilidad horizontal entre servicios y ministerios y modificar las evaluaciones de desempeño, tanto para premiar el mérito como para permitir la desvinculación de quienes no cumplan sus objetivos.

Desde Libertad y Desarrollo, el economista Exequiel Cáceres identifica como uno de los problemas el funcionamiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), señalando que el 99% de los organismos recibió el bono máximo durante 2025.

También propone revisar el sistema de Alta Dirección Pública (ADP) para fortalecer su carácter meritocrático y disminuir la intervención política, además de modernizar los procedimientos destinados a determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios.

Con esos y otros asuntos sobre la mesa, los 12 expertos tendrán ahora 120 días para elaborar las propuestas con las que el Gobierno pretende abrir una discusión que anteriores administraciones no consiguieron llevar a término.

El gobierno quiere impulsar una reforma al empleo público. Y por ello, dada la complejidad política y técnica que tiene un cambio de esta magnitud, la decisión del Ejecutivo fue nominar una comisión de expertos para que realicen propuestas.

Según lo anunciado por el gobierno, la lista está integrada por dos expersoneras del gobierno de Gabriel Boric: la exministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, y la exsubsecretaria de Hacienda, Heidi Berner.

También estará el exdirector de Presupuestos del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Matías Acevedo; el excontralor, Ramiro Mendoza, la académica de la Universidad San Sebastián y exdirectora de Presupuestos del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Cristina Torres; el expresidente del CFA y actual investigador del CEP Jorge Rodríguez; prorrector de la Universidad del Desarrollo y exdiputado Ernesto Silva; el director Ejecutivo de la Fundación para el Progreso, Fernando Claro, el abogado académico especializado en derecho administrativo y empleo público, Enrique Rajcevic.

La lista la sigue la consejera del Consejo para la Transparencia, María Jaraquemada, Francisca Díaz Del Río ejecutiva con más de dos décadas de experiencia en el sector privado y María Francisca Yáñez ingeniera civil industrial y especialista en modelos econométricos e inteligencia artificial.

El objetivo de esta comisión es generar propuestas para reformular el empleo público. La instancia no contará con un presidente, pero la relación y coordinación con el gobierno será a través del subdirector de racionalización y función pública de la Dirección de Presupuestos, José Ignacio Llorá, quien será el secretario ejecutivo.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que la comisión tendrá 120 días para realizar las propuestas. “Es un tiempo que puede verse corto para el tamaño de la tarea, pero esta comisión lo puede hacer porque todos son personas que han trabajado en la materia y tiene la experiencia necesaria para poder hacerlo”.

El secretario de Estado añadió que “es importante pensar en los desafíos que tiene el estado hacia adelante. Debe servir en distintos ámbitos y debe hacerlo con eficacia y eficiencia procurando que se hagan los mejore esfuerzos”.

A su vez, el Presidente José Antonio Kast enfatizó que la reforma que se propondrá “se hará con los funcionarios públicos escuchando a las distintas asociaciones gremiales que hoy día conforman parte del Estado. La mayor es la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) con quien he tenido la posibilidad de reunirme y, también, han tenido posibilidad de reunirse los distintos ministros y subsecretarios”.

También dijo que debe ser “con los legisladores, porque estamos pensando en el bienestar de nuestra patria, no en el resultado político de uno u otro sector. Tiene que ser con todos porque a nadie lo queremos sorprender. Lo hemos señalado, la idea no es que la comisión sesione a puertas cerradas y que emita un informe final, sino que vaya recibiendo los aportes de distintos funcionarios, distintas asociaciones. También una conversación amplia con los legisladores”.

Las propuestas sobre la mesa
Y si bien ha habido intentos por cambiarlo no han prosperado. Por ello, Kast enfatizó que el periodo de trabajo será acotado para poder enviar el proyecto de ley y poder aprobarlo durante esta administración.

Uno de los últimos intentos fue en la segunda administración de Sebastián Piñera quien intentó avanzar con un proyecto de ley que finalmente nunca se tramitó en el Congreso, porque se ingresó en marzo del 2022, cuando ese mandato ya expiraba.

Luego, el gobierno de Gabriel Boric no alcanzó a cuajar en una iniciativa legal su intención de pulir las reglas que hoy rigen para el empleo público en Chile. Marcado por la constante falta de piso político para reformarlo y la permanente resistencia de los gremios del sector público, el llamado Estatuto Administrativo, la regla que norma las relaciones laborales en el aparato estatal, sigue intocable luego de que el régimen militar lo diseñara a fines de la década de los ’80.

Sin embargo, hoy el terreno político podría estar más fértil para romper la tradicional resistencia a un cambio de este tonelaje, coinciden en el mundo técnico y político.

Hoy los centros de estudios que siguen estos temas entregan sus propuestas. Uno de ellos es Juan José Obach, investigador de Horizontal, quien sostiene que lo primero que se debe hacer es “terminar con el régimen actual de planta, contrata y honorarios y avanzar a un único régimen de funcionarios de carrera, lo más independiente posible del ciclo político”. Asimismo, plantea que se debe reducir el número de asesores de gobierno y acotar su función a los gabinetes de las autoridades de turno y crear una única puerta de entrada gestionada por el Servicio Civil, con un proceso de selección por mérito, técnico y centralizado”.

También dice que “se debe facilitar la horizontal entre servicios y ministerios y cambiar el sistema de evaluación, para premiar el mérito y desvincular a quien no cumple sus objetivos”.

Exequiel Cáceres, economista de Libertad y Desarrollo (LyD) afirma que “hay al menos tres aspectos a considerar. Un primer aspecto es la falta de incentivos efectivos al desempeño. Actualmente el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) adjudica bonos máximos a prácticamente todos los organismos (99% el 2025). De facto, los PMG se han vuelto parte del salario de los funcionarios, lo que hace necesario transformarlo a una herramienta más selectiva que promueva el desempeño”.

Lo segundo que plantea es que “el sistema Alta Dirección Pública (ADP), el cual fue creado con el objetivo de atraer y retener talento en el Estado, su problema es que quienes son seleccionados duran como máximo 2 años, lo que contradice el espíritu de estabilidad de ADP. Esto amerita una revisión del mecanismo para protegerlo de las intervenciones políticas y hacerlo un sistema auténticamente meritocrático”.

Y el tercer que argumenta el experto es que “la responsabilidad administrativa se determina mediante un sumario cuya arquitectura es esencialmente obsoleta: el fiscal instructor se designa por jerarquía y no por competencia —el artículo 129 no le exige siquiera ser abogado—, investiga, acusa y propone la sanción; el expediente permanece secreto para el inculpado hasta la formulación de cargos; y resuelve la misma autoridad que ordenó instruirlo”.