Couso y Fontaine piden a Kast retirar reforma de seguridad: “Amenaza del autoritarismo sigue en pie”

Un duro cuestionamiento a la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno formularon Javier Couso, académico de la UDP y la Universidad de Utrecht, y Arturo Fontaine, de la UAI y la Universidad de Chile, quienes llamaron directamente al Presidente José Antonio Kast a retirar el proyecto.

En una columna publicada en El Mercurio, ambos sostienen que el Mandatario abrió inesperadamente una discusión constitucional que no anticipó durante su campaña y presentó, con la firma de cuatro ministros, una reforma “manifiestamente iliberal”.

“El Presidente reabrió sorpresivamente la discusión constitucional —algo que jamás anticipó en su campaña— y propuso, con la firma de cuatro ministros, una reforma manifiestamente iliberal. Luego declaró que su gobierno es liberal. ¿Puede sostener esta contradicción? Sí. ¿Cómo? Retirando el proyecto”, plantean.

Couso y Fontaine explican que los gobiernos iliberales son aquellos que, pese a contar con respaldo mayoritario y actuar mediante mecanismos legales, terminan socavando las libertades y concentrando poder en el gobernante. Como ejemplos mencionan los casos de Viktor Orbán en Hungría y Hugo Chávez en Venezuela.

Los autores aclaran que “no hay indicios de que el Presidente Kast tenga la motivación autoritaria de capturar las instituciones de control y acallar la prensa”, pero advierten que la reforma propuesta por su administración “implicaría un paso en una dirección populista-autoritaria”.

También te puede interesar:

El riesgo de una “dictadura constitucional”

Uno de los principales cuestionamientos apunta al nuevo estado de excepción contemplado en la iniciativa, que permitiría al Presidente decretarlo por un período de hasta 240 días sin autorización previa del Congreso.

Durante su vigencia, recuerdan los académicos, se podrían “suspender o restringir” derechos como la libertad personal, de locomoción, reunión y asociación, además de interceptar comunicaciones privadas y requisar bienes.

Para Couso y Fontaine, la suspensión de la libertad personal constituye una de las atribuciones más delicadas, pues sostienen que permitiría al Gobierno “arrestar, relegar, y prohibir la salida y entrada al país de quienes considere necesario”, con determinadas excepciones.

Su advertencia no apunta solamente al actual Gobierno, sino al precedente institucional que podría dejar una modificación de esas características.

“Un futuro Presidente con apetitos autoritarios podría, por ejemplo, concluir el estado de excepción a los 200 días, esperar unas semanas y declararlo nuevamente sin necesitar autorización del Congreso”, señalan.

Según los autores, mediante ese mecanismo un mandatario podría gobernar durante buena parte de su administración restringiendo libertades incluso de periodistas o dirigentes opositores que no sean parlamentarios.

“Se configuraría así la posibilidad de que mañana un Presidente instaurara una ‘dictadura constitucional’”, advierten.

Críticas al uso de las Fuerzas Armadas

La columna también cuestiona que el nuevo estado de excepción contemple utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas policiales.

Couso y Fontaine sostienen que aquello “desnaturaliza su función y debilita la defensa nacional”, argumentando que los militares no están entrenados para desempeñar labores policiales y que utilizarlos de esa manera implicaría riesgos tanto para ellos como para la población.

Además, califican la medida como una “solución parche”, pues consideran que el problema de fondo requiere aumentar la dotación de las policías.

“Necesitamos más personal policial, pero se pretende que nos ahorremos el dinero que eso cuesta, usando a los militares como policías”, cuestionan.

Otro de sus reparos apunta a la posibilidad de restringir determinadas prestaciones financiadas por el Estado a personas que hayan cumplido 15 años de cárcel por delitos relacionados con crimen organizado y terrorismo.

Los autores califican ese eventual castigo como “inhumano y cruel” y sostienen que podría dificultar la reinserción de quienes ya cumplieron su condena.

También cuestionan la creación de un registro de organizaciones criminales y terroristas en cuya definición participarían el Presidente y el Senado. A su juicio, entregar ese tipo de atribuciones a autoridades políticas supone “borromear la separación de poderes” y constituye otro rasgo propio de gobiernos iliberales.

“Una irresponsable improvisación”

Couso y Fontaine también apuntan contra la conducción política que ha tenido la iniciativa, marcada por cuestionamientos incluso desde sectores oficialistas y posteriores propuestas para modificar algunos de sus aspectos más controvertidos.

“El rechazo a la reforma ha producido diversas modificaciones, marchas y contramarchas. El Presidente llegó a La Moneda sin un plan de seguridad. ¿Qué se ve? Una irresponsable improvisación”, afirman.

A juicio de los académicos, los eventuales cambios tampoco resuelven el problema que observan en la propuesta original.

“Si los cambios al proyecto son cosméticos, la amenaza del autoritarismo legal sigue en pie. Si diluyen el proyecto, no tiene sentido mantenerlo. Si solo se busca dar la sensación de seguridad, ¿no sería demagogia constitucional?”, cuestionan.

Frente a ello, sostienen que la respuesta a la crisis de seguridad no debería pasar por modificar la Carta Fundamental, sino por reforzar las capacidades operativas del Estado.

“La gente quiere ver policías patrullando las calles, que la comisaría esté más cerca y haya más telefonistas atendiendo emergencias, todo lo cual requiere una inyección de recursos”, plantean.

Por eso, Couso y Fontaine concluyen que el proyecto no debería siquiera ser aprobado en general bajo la idea de corregir posteriormente sus disposiciones durante la tramitación.

“Una reforma tan mal concebida no puede ser aprobada en general para intentar mejorarla. Lo más honesto y valiente sería que el Presidente retirara con humildad el proyecto, diera vuelta la hoja, e invirtiera en seguridad”, sentencian.