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Foto: AgenciaUNO
Juez Urrutia logra frenar su remoción en el Tribunal Constitucional tras segundo intento
El magistrado consiguió que el TC suspendiera su proceso justo cuando la Suprema entraba en la fase decisiva de las remociones. Su nueva presentación prosperó donde la primera había fracasado y obliga al máximo tribunal a dejar su caso en pausa mientras se examina el reclamo constitucional.
Daniel Urrutia volvió a quedar, por ahora, fuera de la línea de fuego.
Cuando la Corte Suprema se preparaba para resolver el futuro de decenas de jueces cuestionados por viajar al extranjero mientras estaban con licencia médica, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó suspender el cuaderno de remoción del titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Fue su segundo intento.
La primera ofensiva había terminado mal. El 5 de agosto, Urrutia recurrió al TC para impugnar los artículos 40 y 41 del Auto Acordado 108-2020, que regula el procedimiento disciplinario dentro del Poder Judicial. El 26 de ese mes, la Primera Sala ni siquiera admitió a trámite la acción.
Cinco días después, el juez volvió a intentarlo.
Esta vez funcionó.
El requerimiento presentado el 31 de agosto fue admitido a trámite y el TC decretó, además, la suspensión del procedimiento de remoción. La resolución, fechada el 9 de septiembre, obliga a la Suprema a congelar el caso mientras continúa la tramitación constitucional.
La decisión no significa que Urrutia haya ganado la disputa de fondo ni que el TC haya declarado inconstitucional el procedimiento. Pero sí consiguió algo decisivo en el corto plazo: impedir que la Suprema vote ahora sobre su permanencia en el Poder Judicial.
La notificación llegó en un momento especialmente sensible. Según consigna Ex-Ante, este mismo jueves, a las 10:24 horas, el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, recibió el correo del TC informando que la acción había sido admitida “con suspensión”.
El máximo tribunal ya estaba entrando en la etapa final de un proceso que comenzó el 2 de septiembre con los alegatos de los cuadernos abiertos contra 58 magistrados por viajes al extranjero durante períodos de licencia médica.
Para remover a un juez se requieren 11 votos de los 21 integrantes de la Suprema.
La ofensiva fue empujada desde junio por la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, quien sostuvo que la Corte debía reaccionar ante conductas capaces de dañar la imagen y credibilidad del Poder Judicial.
Urrutia quedó en el centro de ese proceso por dos viajes: uno a Costa Rica, donde participó en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y otro a Ecuador, donde recibió terapias alternativas, ambos mientras se encontraba con licencia médica.
Su caso, sin embargo, nunca ha sido uno más.
Presión política
El juez arrastra una larga historia de choques con sectores políticos y con el propio Poder Judicial. En 2020 sustituyó de oficio la prisión preventiva de 13 imputados vinculados al estallido social por arresto domiciliario total, invocando el riesgo de contagio de Covid-19. La Corte de Apelaciones revirtió la decisión pocas horas después.
En 2024 volvió a quedar en el centro de la polémica cuando ordenó otorgar beneficios, entre ellos videollamadas, a 13 internos de la Cárcel de Alta Seguridad. La medida también fue posteriormente revocada.
Y durante este año quedó además bajo presión política. En junio, dirigentes de la UDI y otros partidos de derecha impulsaron públicamente su salida del Poder Judicial, en un episodio que reactivó antiguas tensiones en torno al magistrado. El Mostrador había consignado entonces que Urrutia arrastraba una historia previa de enfrentamientos con figuras de ese sector, incluido el episodio de los chats entre Luis Hermosilla y la exministra Verónica Sabaj, donde el abogado expresó su intención de causarle “el mayor daño posible”.
El nuevo fallo del TC no borra ninguno de esos antecedentes, pero sí introduce una pausa en medio de una ofensiva institucional que parecía encaminada a una definición inmediata.
Urrutia tampoco está solo. Otros magistrados han conseguido suspensiones similares ante el TC, entre ellos Jorge Saavedra, Erna Fuentes, Eduardo Fritz, Juan Manuel Gatica, Macarena Bobadilla, María Verónica Arancibia, Óscar Pacheco, Carlos Jeria y Katrina Chahin.
En paralelo, el juez abrió otro frente.
El 1 de agosto solicitó una audiencia en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para discutir un eventual sobreseimiento dentro de la investigación penal relacionada con el uso de licencias médicas. La audiencia fue fijada para el 14 de septiembre.
La tensión, por tanto, sigue abierta en dos pistas: la constitucional y la penal.
