Juego Limpio
El Mostrador
¿Quién pagará el costo de nuestra falta de adaptación?
En esta columna de opinión publicada en el newsletter Juego Limpio, la experta advierte que la crisis climática amenaza la producción agrícola y la seguridad alimentaria en Chile. Plantea que la adaptación debe ser una prioridad social y cuestiona la demora en la tramitación de decretos ambientales.
Columna de Silvana Espinosa, experta en Clima y Ecosistemas de Greenpeace.
La agricultura siempre ha dependido del clima. De que llueva cuando tiene que llover, de que exista agua durante los meses más secos, de que una helada no llegue cuando los cultivos están floreciendo y de que el calor no alcance temperaturas capaces de arruinar una cosecha. El problema es que esas certezas sobre las que durante generaciones aprendimos a producir nuestros alimentos están desapareciendo.
La crisis climática está haciendo que el clima sea más extremo e impredecible. Sequías prolongadas, lluvias intensas, inundaciones, olas de calor y condiciones favorables para la propagación de incendios forestales afectan cada vez con mayor intensidad a los territorios y, para la agricultura, estos fenómenos no son solo episodios extremos o aislados. Una inundación puede destruir cultivos y obras de riego; una lluvia concentrada puede erosionar suelos y cortar caminos; una ola de calor puede afectar cosechas y ganado; una sequía prolongada reduce el agua disponible y aumenta los costos de producción.
Y lo que ocurre en el campo no se queda en el campo.
Cuando se pierde una cosecha, se interrumpe un camino rural o disminuye la disponibilidad de agua, también pueden verse afectados el abastecimiento y los precios. Por eso, hablar de agricultura frente a la crisis climática es hablar necesariamente de seguridad alimentaria: de nuestra capacidad como sociedad de garantizar que todas las personas puedan acceder de manera estable a alimentos suficientes, seguros y nutritivos.
Chile tiene razones importantes para preocuparse. Según el último informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026, publicado por cinco organismos de la ONU, la inseguridad alimentaria moderada o grave alcanza al 16% de la población nacional en el periodo 2023-2025: esto implica que cerca de 3,2 millones de personas deben reducir la cantidad o calidad de los alimentos que consumen por falta de recursos. El hambre tradicional ha retrocedido enormemente, pero eso no significa que el problema alimentario esté resuelto. Hoy, para millones de personas, la dificultad está en poder comer adecuadamente.
La crisis climática no crea por sí sola esa desigualdad, pero sí amenaza con profundizarla. Porque sus impactos tampoco se distribuyen de manera equitativa. Un pequeño productor tiene menos capacidad para absorber la pérdida de una temporada; una comunidad rural aislada enfrenta mayores dificultades cuando una ruta queda interrumpida; y los hogares con menores ingresos tienen mucho menos margen para enfrentar el aumento en el precio de los alimentos, que en Chile ya acumulan casi un 40% de alza en los últimos cinco años.
Por eso la adaptación climática no puede seguir siendo entendida como una política para algún futuro lejano. Es una necesidad del presente y, también, una política social. Preparar nuestros territorios para sequías, inundaciones, incendios y temperaturas extremas significa proteger suelos y cuencas, recuperar ecosistemas que regulan el agua, fortalecer la agricultura familiar y mejorar la infraestructura y capacidad de respuesta de las comunidades. Significa anticiparse en lugar de reconstruir una y otra vez después de cada desastre.
Los eventos extremos que hemos vivido recientemente en Chile debieran ser suficiente advertencia. No podemos evitar todos sus impactos, pero sí decidir cuánto nos preparamos para enfrentarlos. Y ahí el Estado tiene una responsabilidad insustituible: contar con políticas, regulación, planificación y recursos capaces de reducir y mitigar los riesgos antes de que una emergencia vuelva a ponerlos en evidencia.
Por eso preocupa que, precisamente cuando necesitamos fortalecer nuestra capacidad de adaptación, la protección ambiental parezca perder prioridad en la agenda política. En marzo, el Gobierno retiró de Contraloría 43 decretos ambientales que se encontraban en distintas etapas de tramitación y, casi cinco meses después, 35 de ellos continúan pendientes de reingreso. Por cierto, es necesario discutir y perfeccionar las políticas públicas; lo que no podemos permitirnos es postergar indefinidamente las herramientas necesarias para proteger ecosistemas, enfrentar la contaminación y preparar nuestros territorios para una crisis que ya está ocurriendo.
La protección ambiental no es un obstáculo para el desarrollo productivo, y en un país altamente vulnerable al cambio climático, es una de sus condiciones básicas. Sin agua disponible, suelos saludables, ecosistemas funcionales y territorios preparados, tampoco existe agricultura resiliente. Y sin una agricultura capaz de resistir un clima cada vez más extremo, nuestra seguridad alimentaria también se vuelve más frágil.
Este 9 de septiembre, Día Mundial de la Agricultura, reconocer a quienes producen nuestros alimentos debiera significar también asumir esa responsabilidad. La pregunta ya no es si Chile volverá a enfrentar sequías, incendios, inundaciones u olas de calor, sino qué tan preparado estará cuando ocurran.
Adaptarnos tiene un costo, pero no hacerlo tiene uno mucho mayor. Y cuando lo que está en juego es nuestra capacidad de producir y acceder a los alimentos, parece tremendamente injusto que ese costo termine pagándolo casi exclusivamente la ciudadanía. Algo acá tiene que cambiar.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
