Siga en vivo la formalización de Gabriel Silber por la trama “Muñeca Bielorrusa”

El exdiputado de la Democracia Cristiana Gabriel Silber llegó este martes al Centro de Justicia de Santiago para enfrentar su primera formalización en la denominada trama bielorrusa. La Fiscalía de Los Lagos le imputará los delitos de soborno y lavado de activos en una audiencia que también contempla la reformalización de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y otros involucrados en la causa.

La diligencia fue fijada para las 9:00 horas en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. La solicitud fue presentada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien dirige la investigación junto a los fiscales Marco Muñoz y Andreas Kusch. Este último compareció ante el tribunal.

Antes de ingresar a la audiencia, Silber conversó brevemente con la prensa y aseguró que no espera antecedentes que lo sorprendan.

“Va a ser una jornada tranquila, no hay hechos relevantes nuevos que nosotros conozcamos que puedan sorprendernos. Así que esperamos, obviamente, como lo hemos hecho del día uno, seguir colaborando con la justicia hasta el total esclarecimiento de los hechos”, manifestó.

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El exparlamentario insistió en que mantiene su disposición a entregar antecedentes al Ministerio Público. Defendió su “decisión de colaborar desde el día uno con la justicia, cosa que se mantiene inalterable”, aunque explicó que esa misma colaboración le impide referirse públicamente a determinados aspectos de la causa.

“Como comprenderán, justamente en esa responsabilidad de colaboración, tengo muchas restricciones respecto a la información que pueda entregar”, señaló.

Respecto de las conductas que se le atribuirían, sostuvo que “no hay nada nuevo, efectivamente, que no esté en la carpeta”.

La investigación examina los pagos asociados a las asesorías que el estudio jurídico integrado por Silber, Mario Vargas y Eduardo Lagos prestó al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec. La empresa mantenía una millonaria disputa judicial con Codelco por un contrato minero.

Entre los antecedentes que la Fiscalía prevé abordar figura un peritaje financiero que identificó pagos por cerca de $95 millones a Silber. Según informó previamente Radio ADN, los recursos estarían vinculados a las asesorías realizadas por el estudio jurídico al consorcio. La procedencia de esos pagos y su eventual relación con los delitos imputados forman parte de las materias investigadas.

La tesis del Ministerio Público apunta a que los abogados habrían entregado sobornos a la entonces ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco para conseguir resoluciones favorables a Belaz Movitec en su conflicto con la estatal. Se trata de imputaciones que deberán debatirse en el proceso judicial: la formalización no constituye una declaración de culpabilidad.

Silber trabajaba en el mismo estudio que Vargas y Lagos. Desde su entorno han señalado que el exdiputado mantiene un acuerdo de colaboración con la Fiscalía, ha entregado información, abierto sus cuentas bancarias y participado en distintas diligencias.

Su defensa es encabezada por la abogada Susana Borzutzky. Al equipo se incorporó recientemente Juan Pablo Montes Mery, quien hasta julio se desempeñó como jefe del área de Asesoría Jurídica y contralor del Senado. Anteriormente trabajó durante 18 años en la Defensoría Penal Pública y tuvo un paso por el Conservador de Bienes Raíces de Melipilla.

Desde el entorno del exdiputado explicaron que la incorporación del abogado respondió a una contingencia que afectó al equipo jurídico inicial.

La audiencia también contempla la reformalización de Vivanco, quien ha rechazado las acusaciones y sostiene que no existen pruebas de que haya recibido dinero a cambio de sus decisiones judiciales.

En declaraciones previas a Radio ADN, la exministra afirmó: “Sobre los nuevos cargos que se van a presentar por la Fiscalía en mi contra, desconozco los hechos y cualquier irregularidad que se me impute”.

Vivanco aseguró, además, que el Ministerio Público ha tenido acceso a sus cuentas bancarias y bienes y que, según su revisión de los antecedentes, no existen ingresos asociados a sobornos.

A la causa se sumó un peritaje de Carabineros al teléfono celular incautado a la exjueza. El informe detectó conversaciones que habrían sido eliminadas antes de la incautación del dispositivo. El alcance de ese hallazgo y su eventual relación con los hechos investigados deberán establecerse durante el procedimiento judicial.