Frei niega ante la justicia que su Gobierno ayudara a Pinochet a fingir una enfermedad mental

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle negó ante la justicia que su Gobierno hubiese colaborado para que Augusto Pinochet fingiera una enfermedad mental y consiguiera así su liberación durante los 503 días que permaneció detenido en Londres, entre 1998 y 2000.

La declaración fue entregada por escrito en enero de 2026, en el marco de una investigación por encubrimiento de crímenes de lesa humanidad que entonces encabezaba la ministra en visita Paola Plaza, de la Corte de Apelaciones de Santiago.

“Es falso que en mi gobierno se elaborara o solicitara crear un documento en el que se dieran instrucciones sobre cómo el señor Pinochet debía simular una enfermedad mental. Yo jamás me habría prestado para un hecho de esa naturaleza”, afirmó el exmandatario, según detalla radio Bio Bio.

Sus palabras apuntan directamente a una de las revelaciones del libro Calle Londres 38, del abogado y escritor Philippe Sands, publicado en 2025.

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En esa investigación, Cristián Toloza Castillo, exasesor de Frei, aseguró que existía un documento de aproximadamente diez páginas con instrucciones sobre cómo Pinochet debía aparentar una depresión para facilitar su liberación por parte de las autoridades británicas.

El antecedente motivó una querella presentada en mayo de 2025 por familiares de víctimas de la Caravana de la Muerte, representados por la abogada Karinna Fernández.

Sin embargo, la versión del supuesto documento comenzó a perder sustento cuando el propio Toloza declaró ante el tribunal en marzo y se desdijo de sus afirmaciones, asegurando que únicamente había conocido la existencia de “una especie de guion” a través de la prensa.

Ahora, la declaración de Frei incorpora una nueva negativa a esa versión. La ministra Plaza formuló ocho preguntas al expresidente, entre ellas si había participado en las gestiones para solicitar al entonces ministro del Interior británico, Jack Straw, el regreso de Pinochet a Chile y qué comunicaciones había mantenido con el primer ministro Tony Blair.

Frei reconoció que su administración buscó el retorno del exdictador, pero sostuvo que la posición oficial respondía exclusivamente a consideraciones de jurisdicción y soberanía.

“Mi postura frente a lo que ocurría en ese momento fue que el señor Augusto Pinochet debía ser juzgado en Chile porque es lo que correspondía en razón de nuestra jurisdicción o soberanía”, explicó.

El exmandatario añadió que los hechos imputados a Pinochet habían ocurrido en territorio chileno y que, además, el exdictador tenía entonces la condición de senador de la República. “No aduje ni mencioné otros motivos al Gobierno Británico”, recalcó.

Respecto de Blair, aseguró recordar una única conversación telefónica en la que le transmitió esa postura. Frei también entregó antecedentes sobre el papel de Cristián Toloza, a quien conoció durante su campaña senatorial de 1989 y que posteriormente se incorporó a su equipo de asesores.

Según explicó, Toloza fue integrado al grupo encargado de analizar la detención de Pinochet debido a su experiencia académica en Londres.

El equipo estaba liderado por el entonces ministro Raúl Troncoso y buscaba coordinar las gestiones del Gobierno chileno frente a las autoridades británicas. En ese contexto, Toloza viajó a Londres para apoyar las labores de Cancillería y de la representación diplomática.

Frei aseguró que, a partir de 1999, todas las gestiones quedaron radicadas en la Embajada de Chile en Londres, encabezada entonces por Pablo Cabrera.

Pero el supuesto documento para simular una enfermedad mental no fue la única materia sobre la que debió responder.

La ministra también le preguntó por otro antecedente mencionado en el libro de Sands: un documento relacionado con la Caravana de la Muerte que habría llevado Toloza a Londres y que supuestamente contenía la firma de Pinochet autorizando la operación.

“No tengo ningún conocimiento ni antecedente de que exista o haya existido un documento de esas características”, contestó Frei.

Asimismo, negó haber realizado gestiones ante el entonces presidente de la Corte Suprema, Roberto Dávila, para garantizar que no existieran obstáculos al eventual desafuero de Pinochet una vez que regresara al país.

“Como Presidente de la República jamás tuve un contacto con el Presidente de la Excma. Corte Suprema en relación a este tema”, aseguró.

El exmandatario explicó que las comunicaciones con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas se canalizaron a través del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), que se reunió dos o tres veces durante la detención del exdictador.

Además de los testimonios de Frei y Toloza, la investigación incorporó entrevistas realizadas en noviembre de 2023 para una tesis de Periodismo de la Universidad de Santiago.

Una de ellas corresponde al coronel en retiro Juan Gana Araneda, quien se desempeñó como escolta de Pinochet durante su permanencia en Londres.

Gana relató que el exdictador se encontraba bajo los efectos de la anestesia cuando llegó la policía británica a detenerlo en la London Clinic, la noche del 16 de octubre de 1998.

“Mi general estaba borrado. De hecho, en la noche me decía: ‘Juan, ahí está la Lucía’, y era porque veía manchas en el techo”, recordó.

El exescolta también abordó una de las escenas más recordadas del regreso de Pinochet a Chile: cuando se levantó de la silla de ruedas al bajar del avión.

Según su versión, ese comportamiento no resultó extraño para quienes lo acompañaban, pues aseguró que el exdictador se ponía de pie en distintas ocasiones durante su permanencia en Londres. “Entonces, mi general lo que hizo fue tener la actitud de soldado, decir: ‘Hueón, estoy cagado, pero me pongo de pie’”, relató.

En otra entrevista, Hermógenes Pérez de Arce sostuvo que esperaba una operación de rescate organizada por el Ejército y valoró la actuación del Gobierno de Frei, particularmente la del entonces canciller José Miguel Insulza.

Estos testimonios fueron incorporados a la investigación por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que solicitó citar a declarar a distintos integrantes del equipo de seguridad de Pinochet en Londres. Entre ellos figuran Humberto Oviedo, Enrique Guillefer, Óscar Izurieta Ferrer, Juan Gana y Jaime Torres. Sin embargo, la ministra Paola Plaza no alcanzó a resolver esa solicitud.

El 29 de abril se declaró incompetente para continuar investigando el eventual encubrimiento, debido a que los hechos examinados eran posteriores a octubre de 1998 y quedaban fuera del período asignado por la Corte Suprema.

Por ello, remitió los antecedentes al 34° Juzgado del Crimen de Santiago, que deberá decidir si cita a los antiguos escoltas del exdictador. Plaza, en tanto, mantiene a su cargo la investigación por sustracción de documentos.