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Operación Rabat: ministro lee a su favor fallo de la Suprema y esquiva críticas política PAÍS Foto: AgenciaUNO
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Operación Rabat: ministro lee a su favor fallo de la Suprema y esquiva críticas política

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El titular de Justicia aseguró que el máximo tribunal respaldó su interpretación sobre los plazos para resolver rebajas de condena, aunque el fallo exige pronunciarse “a la brevedad”. También evitó confrontar a diputadas opositoras y meterse en la pelea entre La Moneda y el PDG.


Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió su interpretación de una reciente resolución de la Corte Suprema sobre rebajas de condena, asegurando que no existe un plazo legal específico para resolverlas, aunque el tribunal ordenó pronunciarse con prontitud. En paralelo, evitó responder directamente a las diputadas opositoras que abandonaron una comisión por su presencia y se mantuvo al margen del conflicto entre el Gobierno y el PDG. Además, confirmó que prepara su defensa frente a la AC y la entrega de antecedentes a la Fiscalía por la investigación de prevaricación administrativa.
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En plena Operación Rabat, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, salió este miércoles a esquivar críticas políticas y defender su interpretación de un fallo de la Corte Suprema. Evitó responder directamente a las diputadas que abandonaron una comisión por su presencia, prefirió no involucrarse en la pelea entre el Gobierno y el PDG y dejó los tiempos de su defensa constitucional en manos de su abogado.

Pero donde sí tomó posición fue frente a la Suprema. El ministro aseguró que el máximo tribunal ratificó su interpretación de que no existe un plazo legal específico para resolver las solicitudes de rebaja de condena.

“No existe ese plazo y eso lo acaba de ratificar ayer la Corte Suprema”, afirmó Rabat a la prensa, luego de que el tribunal ordenara a su cartera resolver la petición de un hombre condenado por violar reiteradamente a una niña.

Incluso cuestionó las informaciones que apuntaban a una obligación de resolver en 24 horas. “Eso no es correcto”, respondió, e invitó a leer íntegramente la sentencia para comprobar que ni la ley ni su reglamento establecen ese plazo.

Pero hay una segunda parte del fallo que Rabat no destacó: aunque la Suprema no mantuvo expresamente las 24 horas fijadas por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, sí ordenó al Ministerio de Justicia “a la brevedad, acoger o rechazar” la solicitud, conforme a la Ley 19.856.

En otras palabras, el tribunal no fijó un número determinado de horas, pero tampoco respaldó mantener el expediente indefinidamente sin resolver. Y, por cierto, no ordenó conceder la rebaja ni liberar al condenado.

Críticas políticas y defensa constitucional

El otro frente se abrió en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara, donde las diputadas Emilia Schneider (FA), Consuelo Veloso (FA), Sofía González (PC) y Carolina Cucumides (PS) abandonaron la sesión ante la presencia de Rabat, a quien consideran un interlocutor no válido.

Consultado por el episodio, el ministro evitó confrontarlas y prefirió destacar la aprobación unánime, en general, de un proyecto para fortalecer las medidas cautelares de protección frente a la violencia contra las mujeres.

Tampoco quiso entrar en la controversia provocada por los dichos del vocero Gonzalo Arenas contra el Partido de la Gente (PDG), una colectividad cuyos votos podrían resultar decisivos para su continuidad.

“Yo creo que él aclaró ya sus definiciones y yo no me voy a transformar en comentarista de los comentarios de terceros”, respondió, sin cuestionar las declaraciones de Arenas.

Sobre la acusación constitucional en su contra, Rabat confirmó que fue notificado el martes y que cuenta con diez días hábiles para presentar sus descargos. La estrategia y el momento de responder quedarán en manos de su abogado, Juan Ignacio Piña. El ministro reiteró que espera que el libelo sea rechazado.

Además, informó que su cartera prepara la entrega a la Fiscalía de los decretos y antecedentes solicitados en la investigación por presunta prevaricación administrativa. El plazo vence este viernes 20 de noviembre, aunque no descartó enviarlos antes.

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