En enero, el periodista Carlos Cisterna, funcionario del INJUV, demandó al director de dicha entidad, Nicolás Farfán, por maltrato laboral. Para enfrentar la acción legal, Farfán contrató a abogados externos a la institución por contrato directo y además teniendo en cuenta que la ley ordena que las causas sean defendidas por abogados de los mismos servicios públicos, según denunció públicamente el abogado de Cisterna.
Sin embargo, desde el INJUV explican que las cosas ocurrieron así debido al insólito hecho de que todos los abogados disponibles en la institución debieron inhabilitarse para defender a la cabeza del organismo. Las razones son las notables. «El fiscal por ser pareja del demandante, otro por ser amigo del demandante, una abogada por carecer del expertise necesario y el último porque está de vacaciones», explican al interior del servicio, enfatizando que estas inhabilidades fueron formalizadas por memorándums internos.
Además explican que la decisión de contratar por trato directo, se hizo porque a través de una licitación no alcanzaban a calzar con el tiempo para contestar la demanda, y se acogieron a los casos especiales que permite la ley.
