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El “método Saieh” para intentar amedrentar a sus adversarios

El “método Saieh” para intentar amedrentar a sus adversarios

Desde que CGB declaró su quiebra en EE.UU., el otrora importante empresario ha mostrado una cierta desesperación ante los embates del destino y, con el apoyo de sus abogados, ha desplegado un arsenal de demandas –de incierto resultado– cada vez que se siente ofendido.


Desde un tiempo a esta parte, el empresario Álvaro Saieh Bendeck, presidente de CorpGroup Banking (CGB) –y que, a través de Copesa, es dueño de La Tercera, La Cuarta y otros medios de comunicación–, está especialmente sensible e irritable ante las críticas del entorno y, sobre todo, contra quienes intentan cobrarle lo que les debe. Esto lo tiene convertido en un querellante profesional, un personaje que emprende acciones legales a diestra y siniestra, no importándole –como todo indica– el resultado final de sus pretensiones judiciales.

Para ello cuenta con un “brazo armado” jurídico, encabezado por el destacado abogado Samuel Donoso Boassi y por Gonzalo Cisternas Sobarzo, hijo del exministro de la Corte Suprema Lamberto Cisternas.

Un ejemplo es la acción presentada ante el Colegio de Abogados de Chile, dirigida contra Carlos Cortés Guzmán (a quien ya había incluido en una demanda el año pasado) y Sergio Rodríguez Oro, por –según señalan en el escrito respectivo– pretendidas faltas a la ética profesional de los abogados. Se trata de una acusación que debe resolver el Tribunal de Ética de este colegio profesional.

“Las acciones judiciales, sean demandas civiles o querellas criminales o de otro tipo, son formas de amedrentamiento que suele utilizar el empresario contra sus adversarios. Y esta vez Donoso y Cisternas buscan aplicar sanciones a sus colegas a través de un tribunal del gremio”, comenta una fuente consultada.

En este caso, la denuncia es la respuesta a varias querellas presentadas por los abogados Cortés Guzmán y Rodríguez Oro (principalmente durante 2023), en representación de MBI Corredores de Bolsa S.A. y otros varios acreedores de Saieh, quienes acusan a este empresario de haber vaciado su patrimonio de manera ilegal para evitar pagar sus deudas. Vale tener presente que estos acreedores insatisfechos fueron “clavados” por Saieh luego de que CGB cayera en default y se acogiera a la Ley de Quiebras de Estados Unidos por el no pago de un bono de US$ 500 millones.

Donoso y Cisternas señalan ante el Colegio de Abogados que la querella criminal de MBI “fue presentada en contra de nuestro representado, por la supuesta comisión de delitos reiterados de otorgamiento de contrato simulado”, “lo que repetirán en sucesivas querellas presentadas por los mismos abogados actuando por diversos otros representados, las cuales por algún motivo, en lugar de presentarse conjuntamente de una vez, fueron siendo interpuestas de manera parcelada a través del tiempo”.

Las querellas contra Saieh y algunos miembros de su familia presentadas por Cortés Guzmán y Rodríguez Oro, en representación de los acreedores insatisfechos, son “por vaciamiento de patrimonio y contratos simulados”. Las causas –que están radicadas en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago y cuya investigación criminal está a cargo del fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda– siguen en curso, pese al desistimiento de la mayoría de los querellantes.

El llamado “caso Saieh” tiene su origen en la emisión del bono de US$ 500 millones ya mencionado, que vencía en marzo de 2023, en Estados Unidos. Los acreedores querellantes fueron los que invirtieron en ese bono. Los problemas aparecieron cuando, en 2020, CGB incumplió sus compromisos financieros con los bonistas y se acogió a la Ley de Quiebras en Estados Unidos.

Según las querellas contra Saieh, hay documentos que evidencian que entre 2016 y 2020 se simuló la compra y venta de acciones, donde el empresario habría sacado activos y dinero de CBG hacia otras sociedades de su familia, con el objetivo de trasladar liquidez, provocando un daño patrimonial estimado de más de $164.735.000.000, lo que –según los afectados– “es una de las defraudaciones más grandes de la década”.

Intento de amedrentamiento

La denuncia ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados presentada por los abogados Donoso y Cisternas, en representación de Álvaro Saieh, acusa o denuncia que “Cortés y Rodríguez, han puesto en conocimiento de la opinión pública el contenido de diligencias y antecedentes de la carpeta de investigación, ello configura una infracción a la ley y a la ética. El art.182 del CPP establece que son secretos los antecedentes de la carpeta de investigación, y que los abogados intervinientes –entre otros– están obligados, conforme a lo dispuesto en el inciso final de dicha regla, a guardar secreto del contenido de la carpeta, señala la ley: ‘Los funcionarios que hubieren participado en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tuvieren conocimiento de las actuaciones de la investigación estarán obligados a guardar secreto respecto de ellas’”. Y, acto seguido, piden las sanciones más altas previstas por el Código de Ética profesional. Como pruebas adjuntan publicaciones de una carta y notas publicadas en Biobío Chile, Diario Financiero y El Mostrador.

Curiosamente, los abogados ya se habían enfrentado por este caso a través de la prensa, lo mismo que hoy demandan.

En efecto, Gonzalo Cisternas y Samuel Donoso comentaron en el Diario Financiero (septiembre de 2023) que los querellantes, “valiéndose de los medios de comunicación, han difundido expresiones falsas, difamatorias, mendaces, con respecto al proceso y al señor Saieh”.

A lo que Carlos Cortés respondió: “Es una forma de amedrentamiento grosero. (…) Lamento que haya abogados que se presten para estas prácticas intimidatorias. Ellos han litigado antes y de manera sostenida por la prensa, incluso remitiendo carta al director de El Mercurio comentando resoluciones judiciales. Hoy, su mandante se hace el ofendido con esto”.

En lo que se refiere a la investigación del Ministerio Público contra Saieh y sus hijos, hace unas semanas la Fiscalía de Las Condes instruyó a la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de la Policía de Investigaciones incautar, de manera voluntaria, información contable ligada a sociedades del empresario, en busca de datos relevantes para la investigación.

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