NUEVA CONSTITUCIÓN
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El 18 de octubre se ha convertido en una fecha simbólica para Chile, ya que no solo la Convención Constitucional comenzó el trabajo de elaboración de una Nueva Constitución esta pasada jornada, sino que hace 2 años se dio inicio al estallido social, el que desembocó en este proceso constituyente. Como tal, durante el lunes se registraron masivas manifestaciones a lo largo del país, pero también hechos de violencia, los que fueron condenados por el vicepresidente de la Mesa, Jaime Bassa. «Creo que es muy importante hacer la distinción de lo que ha sido los saqueos, y ese vandalismo que hemos visto en distintas manifestaciones, y lo que es la manifestación propiamente tal. Muchas veces desde ciertos discursos se trata de borrar esa frontera y confundir ambas manifestaciones como si fueran una sola», señaló.
La Convención Constitucional comenzó este lunes 18 de octubre el debate en torno a la Nueva Constitución. Fecha simbólica, ya que ese día, hace dos años, comenzó el estallido social que desembocó en la Convención. Por lo mismo, durante la pasada jornada una multitud de chilenos salió a la calle para conmemorar de forma pacífica la fecha. Pero, como en toda manifestación, a lo largo del país se registraron hechos de violencia.
Sobre estos hechos fue consultado este martes el vicepresidente de la Mesa de la Convención, Jaime Bassa, quien de entrada quiso diferenciar las pacíficas manifestaciones de los hechos de violencia. «Creo que es muy importante hacer la distinción de lo que ha sido los saqueos, y ese vandalismo que hemos visto en distintas manifestaciones, y lo que es la manifestación propiamente tal. Muchas veces desde ciertos discursos se trata de borrar esa frontera y confundir ambas manifestaciones como si fueran una sola, como si la manifestación de voluntad popular que se expresa masivamente en el pueblo movilizado en las calles, fuera equivalente y fuera lo mismo que el vandalismo o el saqueo».
«El vandalismo y el saqueo son hechos criminales que evidentemente condenamos y que no forman parte de la movilización social que está empujando este proceso constituyente. Y queremos quedarnos, y reforzar la idea, de que la potencia transformadora está precisamente en la masificación y en la masividad de la movilización social. Son hechos distintos. Por eso es tan importante no solamente recordar el inicio de la revuelta un 18 de octubre, sino que recordar también lo que fue la marcha más grande de la historia del 25 octubre de 2019, donde millones de personas a lo largo del país se manifestaron muy claramente en favor de cambios estructurales», agregó.
«Por eso esa distinción me parece que es fundamental. Aquí no hay violencia como forma de acción política. Acá hay una violencia que se manifiesta en hechos delictuales concretos, de vandalismo, de saqueos que ciertamente condenamos porque no forman parte del proceso de transformación que esta Convención Constitucional representa. Y la potencia transformadora del pueblo movilizado está en la masividad de esa organización, que es la que tiene a muchas y muchos constituyentes en este momento trabajando por la nueva Constitución», afirmó.
Si bien Bassa descartó referirse a si los detenidos este pasado lunes podrían estar incluidos en una ley de indulto a los presos del estallido social, sí contestó sobre la posibilidad de que la Convención realice un pronunciamiento oficial, como lo ha hecho en anteriores ocasiones, sobre los hechos de violencia de ayer.
«Dos cosas. Primero, este llamado permanente a la condena de algo que a ciertos sectores no les guste, tiene un tinte moral que yo creo que despolitiza la discusión. ¿Qué sacamos con condenar simplemente? Yo creo que es importante hacer el ejercicio de distinguir cuáles son las manifestaciones sociales que se están viendo, cuál es la potencia política que cada una de esas manifestaciones tiene, y separarlas entre sí», comenzó señalando sobre esto.
«En segundo lugar, hasta donde yo recuerdo, la Convención Constituyente no está gobernando. El orden público es responsabilidad del Gobierno. Entonces, en realidad, antes que pedirles a los actores políticos que hagamos condena de ciertos hechos –que por lo demás acabo de rechazar explícitamente–. Yo creo que la sociedad tiene que pedirle explicaciones al Gobierno de cuáles son las condiciones a partir de las cuales garantiza el orden público, porque el riesgo permanente que tenemos de violaciones masivas a los derechos humanos surge precisamente de la forma en la que el Gobierno despliega la fuerza policial y la forma en que esa fuerza policial genera efectos finalmente en la vulneración de los derechos humanos», cerró.
