NUEVA CONSTITUCIÓN
Crédito: ATON
«Estamos viviendo un proceso jurídico y político histórico, donde diversas representaciones territoriales pretendemos detener la vulneración ambiental de comunidades y ecosistemas que se sufre a lo largo del país, y la Nueva Constitución nos abre una puerta de esperanza para transformar y reparar esta dura realidad impuesta (…) y paralelamente grandes empresas privadas y trasnacionales presentan proyectos extractivistas de alto impacto al servicio de evaluación ambiental, mientras discutimos las bases constitucionales para lograr la anhelada justicia socio ambiental», dijo la convencional del distrito 5.
La convencional Ivanna Olivares (distrito 5) participó el pasado 11 de noviembre en la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, la que expuso un diagnóstico sobre la regulación y tratamiento del medioambiente y el modelo económico en materia constitucional.
En la instancia, la constituyente por la región de Coquimbo planteó, tras presentar diversos antecedentes, la necesidad de formular una norma transitoria que, con sentido de urgencia tenga por objetivo la paralización de procesos de evaluación ambiental de megaproyectos extractivos que han sido presentados posterior al plebiscito nacional. Esto considerando que una de las principales demandas que movilizó a la ciudadanía para aprobar la redacción de una Nueva Constitución fue precisamente la crisis socioambiental que afecta a diversos territorios del país, es el caso del Valle del Choapa, altamente presionado por la megaminería a cielo abierto, sus pasivos y externalizaciones.
«Estamos viviendo un proceso jurídico y político histórico, donde diversas representaciones territoriales pretendemos detener la vulneración ambiental de comunidades y ecosistemas que se sufre a lo largo del país, y la Nueva Constitución nos abre una puerta de esperanza para transformar y reparar esta dura realidad impuesta (…) y paralelamente grandes empresas privadas y trasnacionales presentan proyectos extractivistas de alto impacto al servicio de evaluación ambiental, mientras discutimos las bases constitucionales para lograr la anhelada justicia socio ambiental», dijo la convencional, ahondando en su propuesta.
La convencional es de Salamanca, comuna donde se encuentran emplazados distintos proyectos mineros de gran envergadura, como la Minera Los Pelambres del grupo Antofagasta Minerals junto a consorcios liderados por JX Nippon y Mitsubishi. En la zona, según datos extraídos desde el Servicio de Evaluación Ambiental, durante el período 2010 a la fecha, sólo en la Región de Coquimbo han sido aprobados 59 proyectos de este tipo de los cuales 8 fueron aprobados en la provincia de Choapa, concentrando el 74% de la inversión regional por un monto total de 1.750 MMU$ (1.750 millones de dólares).
En la actualidad, y en esta misma materia, se encuentra en tramitación el Proyecto de Adaptación Operacional de Minera los Pelambres ,el cual fue ingresado vía Evaluación de Impacto Ambiental el pasado 21 de abril por una inversión total de 1.000 MMU$.
«Precisamente en este momento comuneras y comuneros del valle de Camisas, tienen tomados los caminos debido a que la empresa minera ha contaminado las aguas del estero que usan para consumo humano, mediante la infiltración de relaves tóxicos desde las piscinas de emergencia que se encuentran conectadas al mega tranque de relaves el Mauro», agregó.
“En medio de una profunda crisis socio ambiental que ha dejado la mega minería, el servicio de evaluación ambiental no puede aprobar más proyectos, hasta que el Estado resuelva y condene a todos los responsables del daño que han causado en el Valle del Choapa. La gente está muriendo de cáncer, los ríos están contaminados, destruyeron los glaciares de roca. Llegó la hora de la justicia”, cerró.
Valle del Choapa. Crédito: Henry Vega
