En efecto, nuestra organización, Odecu, mediante la realización de varios estudios, ha venido alertando  sobre el problema de la concentración del mercado farmacéutico y  por tanto, el abuso de su posición de dominio que hacen las farmacias al no expender de forma fluida e informada, no sólo los medicamentos genéricos, sino todos aquellos que no precisan de receta médica.

La falta de competitividad en este mercado, controlado  por tres grandes cadenas, quedó dramáticamente demostrada a través del escándalo más grande de la historia económica del país, la ya tristemente recordada colusión de las  farmacias, cuando como recordarán,  las tres principales cadenas se pusieron de acuerdo en subir los precios de más de 200 medicamentos. En el hecho, denunciado por el Fiscal Nacional Económico de la época,  se calculó que las cadenas farmacéuticas habrían defraudado al público por un monto aproximado de 17 mil millones de pesos,   sólo durante los seis meses a los que se acotó la investigación.

A un negocio que mueve más de 300 millones de dólares al año y que se relaciona en forma directa con la salud de gente,  lo menos que le puede suceder es que sean los propios mecanismos del mercado los que a través de la competencia, le obligue a entregar  mejores condiciones a los consumidores. Más aún teniendo en cuenta los convenios de exclusividad que tienen con ciertos laboratorios, hecho de conocimiento público que sin duda perjudica al consumidor, impidiéndole una compra informada.

La demora de más de un año que ha tenido en el parlamento la legislación sobre venta libre de genéricos sólo podría explicarse a través del natural mecanismo de lobby que todo gran negocio tiende a utilizar, ya que, de lo contrario, podríamos contar hoy con la autorización para la venta de medicamentos libres de receta en todos los supermercados de Chile, tal como sucede en Estados Unidos y en  la mayor parte de los países europeos, canalizando éstos cerca de un 25 % de la  distribución de este tipo de medicamentos.

La  comercialización exclusiva que tienen las farmacias data de un decreto del año 1984, época donde la competencia en el mercado farmacéutico era mucho mayor que en la actualidad.  Es por esto que el anuncio del Ministerio de Salud lo recibimos con entusiasmo, ya que por fin se aboliría un reglamento obsoleto para estos tiempos y veríamos mayor competencia en un mercado que hoy día es casi monopólico.

Las enormes asimetrías  de información y comprensión entre los usuarios y los encargados del sistema financiero, además de  los abusos que cometen algunas de las instituciones que otorgan créditos, hacen que a nosotros como organización de defensa de los consumidores nos parezca necesario poner en  relieve este tema. Ahora que se iniciado el nuevo Gobierno es el momento de adoptar una serie de cambios.

El Presidente Sebastián Piñera propuso la creación de un Sernac Financiero, que tenga un rol exclusivo en la defensa de los usuarios financieros  y fiscalice  las instituciones crediticias. En el fondo, una autoridad que realice en el sector financiero una función similar a la que actualmente hace el Sernac respecto a la venta de bienes y servicios. La propuesta fue formalmente anunciada por el Ejecutivo como parte de una nueva reforma al mercado de capitales.

Para poder implementar este proyecto se deben erradicar las fallas actuales en la legislación de los créditos en Chile. Primero se debe desarrollar una política de Educación Financiera de la población y mejorar su comportamiento frente a productos de crédito. Este es un gran vacío que existe en el mercado, ya que en la actualidad la complejidad asociada a los distintos conceptos relativos al crédito (comisión, tasa de interés, pagos mínimos, etc.) convierten al crédito en un servicio de alta complejidad de comprensión y entendimiento por la mayoría de las personas, lo cual dificulta un uso eficiente de este servicio.

No existen instancias en el Estado que faciliten el conocimiento del crédito en la población. Además, hay falta de información en la publicidad y promociones de créditos disponibles en el mercado, prácticas que lamentablemente contribuyen a la confusión de los consumidores.

Para que el proyecto del Sernac Financiero funcione, se debe aumentar las sanciones a las empresas que otorgan créditos, ya que la multa genérica máxima es de 50 UTM, la cual es baja para una empresa grande y esto no permite un cambio de conducta que erradique en definitiva las malas prácticas.

También se debe revisar la ley sobre  las operaciones de crédito, la cual permite el cobro de intereses  sobre intereses, lo que hace imposible que el deudor se ponga al día en sus acreencias  y que lleva a muchas familias a  entrar en el círculo interminable del endeudamiento, con  todas las consecuencias sociales que esto implica.

Sin estos cambios en las prácticas actuales de la entrega de créditos, la idea de un Sernac Financiero será aún más difícil de implementar.

Hay que recordar que los problemas de los usuarios del sistema financiero pueden amenazar  la estabilidad de la economía en su conjunto,  tal  como fue el reciente caso  de los bancos en los Estados Unidos.

En efecto, al analizar las causas de la crisis financiera de 2008, uno de los problemas detectados por la administración  del Presidente Barack Obama fue que los  usuarios  de créditos por lo general no entienden lo que leen y  sólo firman los contratos, lo que lleva a que al momento de pagar su deuda se  encuentran con sorpresas  desagradables. Más aún, esto permitió que muchos especuladores, particularmente los inmobiliarios, hicieran  crecer esta “burbuja” que en definitiva terminó por colapsar. Esto dio pie para que el gobierno norteamericano junto con poner fuertes sumas de dinero para el rescate financiero de los bancos, entregara fondos  sustantivos para la educación financiera de los ciudadanos.

En Chile, hoy es el momento de enfrentar el tema.