BRAGA
Por abuso, violación e inducción al aborto fue imputado el alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao. Pero no es el único: otros siete jefes comunales –la mayoría de pequeñas comunas del sur– son o fueron denunciados por este delito. [ACTUALIZADA: Ver N de la R al final de la nota]
Juan Carlos Reinao Marilao es un político independiente y alcalde de la comuna de la Región de La Araucanía desde hace 11 años, además de presidente de la Asociación de Alcaldes Mapuches desde 2017.
El viernes 3 de noviembre, el Juzgado de Garantía de Cañete declaró su prisión preventiva tras ser formalizado por abuso sexual, violación e inducción al aborto en contra de cinco mujeres, dos de ellas menores de edad al momento de los hechos.
“Es una situación que hemos vivido con muchos municipios de los que, sobre todo en zonas más alejadas, se ejerce un nivel de poder que termina en el abuso”, señaló la ministra Antonia Orellana ante la fuga del formalizado.
Efectivamente: el caso del alcalde de Renaico no es aislado. Entre 2017 y 2023, siete alcaldes han sido denunciados por situaciones de abuso sexual o violación y quienes fueron condenados recibieron condenas menores a tres años e, incluso, fueron absueltos después de haber recibido una condena.
Yendo de los hechos más actuales a los anteriores, junto con el alcalde Juan Carlos Reinao, otros dos alcaldes de la Región de La Araucanía están siendo investigados por delitos similares.
Uno de ellos es Alfonso Coke Candia (IND), alcalde de Cunco y presidente reelecto de la Asociación de Municipalidades de la Región de La Araucanía (AMRA). Según reveló una investigación de Chilevisión, en marzo de 2022 un grupo de trabajadoras de la municipalidad denunció a través del medio abusos sexuales, laborales, besos sin consentimiento y otras acciones, que fueron volcadas a su vez en cuatro querellas.
El Centro de Atención de Víctimas de Delitos Sexuales de la PDI (CAVAS) confirmó un patrón de abusos y la Fiscalía debe resolver si formalizará o no al jefe comunal.
Otra de las autoridades denunciadas es Javier Jaramillo (UDI). Según el medio regional Infonovena, el Ministerio Público lleva una investigación con diligencias en curso en contra del alcalde de Victoria tras la denuncia de dos mujeres adultas.
El jefe comunal de Cholchol, Luis Huirilef Barra (IND), fue denunciado en 2019 por cuatro presuntas víctimas por acoso sexual y violación, y según recogió BBCL en el periodo, desmintió la acusación y anunció una querella.
En 2021, en tanto, una investigación de Ciper publicó el testimonio de cinco mujeres que acusaron “tocaciones, relaciones bajo amenaza de perder el empleo, besos forzados, caricias y llamadas nocturnas” por parte del alcalde de Cerrillos Arturo Aguirre Gacitúa (ex PS), denuncias que fueron ingresadas en Fiscalía.
En ambos casos se desconoce el estado y/o resultado de las investigaciones.
Quienes sí fueron condenados pertenecen a las regiones de Los Lagos y de La Araucanía. El primero en recibir la sentencia fue Pablo Ossio (DC). El Tribunal Oral en lo Penal de Villarrica lo condenó a una pena de 156 días de presidio por “ofensas al pudor o ultraje a las buenas costumbres” tras haber subido a un vehículo y abusado de una joven de 15 años. Pero en tiempo récord, y tras una solicitud de nulidad de la defensa, la Corte de Apelaciones de Temuco absolvió al exfuncionario de la sentencia.
En 2021, después de un audio filtrado a través de redes sociales en el que el alcalde de Puqueldón, Pedro Montecinos (IND), reconoce que su abuso sexual hacia una menor fue por “instinto animal” y culpando de ello al alcohol –de acuerdo a información de Emol–, además de otros antecedentes, se logró que el Juzgado de Garantía de Castro le diera una pena de 3 años y 1 día de libertad vigilada.
La última de las condenas la recibió el alcalde de Lautaro, Raúl Schifferli (IND apoyado por la DC). En 2022, el Tribunal Oral de Temuco lo sentenció a cuatro años de presidio menor en su grado máximo por el delito de abuso sexual en contra de una mujer. Además, quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos mientras dure su sentencia.
Salvo el alcalde de Cerrillos, el resto de los jefes o exjefes comunales pertenecen a ciudades pequeñas del sur que, alejadas de las grandes urbes, emergen como terreno fértil para prácticas de abuso de poder.
A juicio de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, la centralización es un factor importante en este sentido.
“Uno de los factores que facilitan la ocurrencia de este tipo de hechos puede tener que ver con la alta centralización del país”, asegura la ministra, quien subraya que fortalecer la presencia del Estado en zonas “más aisladas y rurales” puede ser un buen paso para “prevenir los abusos de poder”, lo cual –sostiene– están trabajando desde el Gobierno.
Otras medidas posibles hacia la erradicación de este tipo de delitos tiene su respuesta en las políticas públicas. Por ejemplo, la Ley Karin de “tolerancia cero” al acoso laboral es clave en este sentido, ya que presenta un vacío legal que permite que alcaldes y concejales involucrados en estos casos se mantengan en el cargo, salvo que el Concejo Municipal apruebe su cese de funciones.
“Por ello, en las indicaciones que ha presentado el Gobierno al proyecto de Ley Karin, se propone un mecanismo para cesar del cargo a los alcaldes y concejales agresores”, explica la secretaria de Estado.
A la par, entre las observaciones realizadas por el Gobierno están perfeccionar los procesos de investigación sobre acoso sexual y laboral en el sector público –se propuso una serie de adecuaciones a la normativa–, establecer que los procedimientos deben sujetarse a los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género y otros lineamientos destinados al resguardo integral de la víctima, y evitar los escenarios de impunidad.
Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los mencionados como imputados como culpables, o los hechos como fehacientes sino plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.
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N de la R. 13.11.2023: a petición del encargado de prensa del PPD, Martín Rosales, en esta nota se modificó la militancia de los alcaldes Javier Jaramillo y Alfonso Coke, quienes figuraban en un principio como militantes del PPD, lo que no es tal, información que este medio obtuvo de la página web de la Subdere, y del mismo PPD en el caso de Javier Jaramillo.
