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Foto: Fiscaliadechile.cl
Juan Agustín Meléndez señaló que la aprobación —en la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional— de la propuesta que busca eliminar la figura de Fiscal Nacional y reemplazarlo por una entidad compuesta por siete personas, pone en riesgo la integridad de la gestión del ente persecutor. A través de un documento enviado al pleno, la totalidad de los fiscales regionales afirma que con la norma aprobada se hará «difusa» la responsabilidad de las autoridades, se fomentará el centralismo quitando gravitación a los territorios y se «atentará» contra la autonomía y objetividad que debe regir en la función del Ministerio Público. Aseguran que la creación de un Consejo Superior puede lesionar el diseño del organismo y especialmente la confianza que pueda existir en las autoridades que sean designadas. «En el mundo occidental no existe un Ministerio Público que su dirección no sea unipersonal y que esté radicada en un órgano colegiado»; es uno de sus argumentos. Proponen fortalecer los mecanismos de control sobre el mandamás de la Fiscalía y más atribuciones para el Consejo General que integran los fiscales regionales actualmente. Además, sostienen que un periodo de cuatro años de duración de las autoridades encargadas de la dirección superior es muy bajo y su elección podría incluir indeseados tintes políticos.
La totalidad de los fiscales regionales del país hicieron un llamado a la Convención Constitucional (CC), en torno a los cambios propuestos para el Ministerio Público, ad portas de discutirse en el pleno las iniciativas elaboradas por la Comisión de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional.
En tono constructivo y técnico—como señala el documento enviado al órgano redactor de la propuesta de nueva Carta Magna— los percutores regionales apuntan a algunos aspectos «complejos y problemáticos» que pueden afectar el futuro de la persecución penal y la protección de víctimas y testigos en el país, en el contexto de las normas que hasta ahora han sido aprobadas por dicha Comisión.
«Habiendo escuchado con especial atención el debate y votación sobre las normas del Ministerio Público, reconociendo y respetando la autonomía de la Convención Constitucional, consideramos pertinente poner en conocimiento de las y los señores convencionales del Pleno al menos cinco puntos que hacen inviable la implementación de este órgano superior, lo que justifica la necesidad de mantener una dirección unipersonal».
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Los fiscales regionales argumentan que las normas propuestas en la CC burocratizan y ponen en riesgo la gestión de la Fiscalía, además de hacer «difusa» la responsabilidad de las autoridades. Aseguran que se fomenta el centralismo y que se quitará gravitación a los territorios, junto con «atentar» contra la autonomía y objetividad que debe regir en la función del Ministerio Público.
«Somos coincidentes, en primer lugar, con todo lo que ha dicho la academia y referentes del sistema de Justicia Penal, que son ajenos al Ministerio Público, pero que son personas cuya opinión es valiosa escuchar. Y todos coinciden en que no es conveniente la eliminación del Fiscal Nacional y la creación de un Consejo Superior en la dirección del organismo», dijo a El Mostrador el Fiscal de Los Ríos y vocero de los fiscales regionales, Juan Agustín Meléndez.
El fiscal Meléndez enfatizó que en el mundo occidental no existe un Ministerio Público que su dirección no sea unipersonal y que esté radicada en un órgano colegiado. «No hay un referente al cual uno pueda acceder para ver si ha funcionado bien o mal». En ese sentido el persecutor aseguró que la propuesta aprobada en la CC es «una innovación que va ajena a lo que es el diseño, la estructura, la lógica orgánica, en la persecución penal que tiene que ser eficiente, eficaz, y oportuna».
Agregó que en el orden de la toma de decisiones en el Ministerio Público se tiene «una lógica que no admite tiempos ni demoras», recalcando que a las víctimas y testigos en la persecución penal hay que brindarles «una protección que requiere una absoluta prontitud».
Meléndez reconoció que lo que se critica es el excesivo personalismo del Fiscal Nacional, sin embargo aseguró que lo que se debe perseguir es fortalecer la figura del mismo, pero al mismo tiempo crearle «mecanismos de control absolutos y de transparencia. No diluir la responsabilidad de la dirección máxima del Ministerio Público en siete personas».
«El día de mañana cuando haya que tomar decisiones y buscar responsabilidades, y nos parece muy bien que se busquen responsabilidades, pero buscarla en siete personas… vamos a decir: ‘¿La responsabilidad es del órgano colegiado?’. Las responsabilidades tienen que ser individuales en esta materia y eso se tiene que ver reflejado en fortalecer los mecanismos de control que deben existir sobre decisiones que vaya adoptando el Fiscal Nacional; que son múltiples, desde lo administrativo hasta dictar instrucciones a las policías».
Reiterando que el objetivo debe ser fortalecer los mecanismos de control sobre la figura del Fiscal Nacional, el fiscal Meléndez mencionó que ya existe un Consejo General de pares que lo preside el jefe a nivel nacional, solo que este es «un órgano consultivo y no deliberativo; da su opinión, es oído por el Fiscal Nacional, pero no tiene el poder legal para poder imponer alguna apertura como órgano colegiado». Desde ahí, comenta, «se puede brindar mayor control, u otorgando también a los fiscales regionales ya no solamente voz sino también voto» en esta instancia.
Para el fiscal Meléndez, vocero de sus pares en las demás regiones del país, con la eliminación del Fiscal Nacional y la creación de un Consejo Superior, «se burocratiza la persecución penal y la protección de víctimas, pero además la centraliza»; al estar ubicada la instancia en Santiago.
Además, los fiscales regionales apuntan a las consecuencias de introducir un «componente político» en la designación del Consejo Superior. Esto porque habría una elección y por lo tanto una campaña. «Es una elección interna, pero es campaña», sentencia el fiscal Meléndez, advirtiendo que ahí «se pueden introducir elementos que sean de desconfianza en la comunidad al momento de apreciarse que se están realizando campañas al interior del Ministerio Público».
El otro componente al que apuntan es que habría tres personas designadas por el Congreso, una instancia política per se, y por lo tanto ahí también habría «una introducción que puede lesionar la autonomía del ente persecutor».
Sobre esa misma línea evidencian que la renovación de autoridades se rebajaría a cuatro años «coincidentes con los periodos de la elección presidencial y parlamentaria, por lo tanto, es otro componente que puede lesionar la autonomía y provocar desconfianza de que las autoridades van a ser coetáneas con las autoridades políticas».
«Todos estos elementos tienden a lesionar el diseño del Ministerio Público y especialmente la confianza que pueda existir en las autoridades que sean designadas», concluyó el fiscal Meléndez, haciendo hincapié en que «todos los fiscales tenemos la mejor disposición y el mejor ánimo y ganas del éxito de la Convención Constitucional».
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