PAÍS
Tras la acalorada sesión en la Cámara de Diputadas y Diputados, el Senado aprobó la extensión de la medida solicitada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric. La Sala de la Cámara Alta dio su visto bueno con 30 votos a favor, cero en contra y la única abstención de Enrique Van Rysselberghe (UDI). Con esto, quedó aprobada la extensión, por 15 días más, del mandato que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas y las policías en las provincias de Arauco y del Biobío, en la Región del Biobío, además de toda La Araucanía. Durante el debate, diversos senadores y senadoras hicieron un llamado a impulsar una política de Estado que aborde en profundidad la situación de inseguridad en la zona y abogaron por una mayor coordinación en las políticas públicas.
Con un llamado transversal a buscar soluciones de fondo e impulsar una agenda legislativa que permita avanzar en temas de seguridad, tanto en la denominada «macrozona sur» como a nivel nacional, se realizó el debate de la cuarta solicitud de prórroga de la vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia (EECE), en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.
La discusión se dio luego de la polémica sesión en la Cámara Baja, donde la ministra del Interior, Izkia Siches, causó la molestia de la oposición, al decir «los diputados se pegaron en la cabeza», lo que motivó que ella debiera solicitar las posteriores disculpas por sus palabras.
También te pude interesar:
La autorización del EECE finalmente se aprobó por 30 votos y 1 abstención y durante el debate diversos senadores y senadoras abogaron también por una mayor coordinación de las políticas públicas en general.
La ministra Siches valoró la aprobación y reiteró el compromiso de allegar los recursos comprometidos para la región y el plan Buen Vivir. Asimismo, acogió el llamado transversal a construir una política de Estado para enfrentar la situación en estos territorios.
Al inicio de la sesión se dio cuenta de la presentación de una moción de los senadores Carmen Gloria Aravena, Ximena Rincón, Álvaro Elizalde, Kenneth Pugh y Jaime Quintana, que modifica la Carta Fundamental con el objeto de permitir la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas, en caso de peligro grave o inminente (Boletín N° 15.219-07).
La norma fue mencionada en diversos momentos del debate luego que la semana pasada, el Senado aprobara el veto al resguardo de la infraestructura crítica por parte de las FF.AA. pero que finalmente, el texto no logró reunir el quórum necesario en la Cámara Baja.
El senador de Renovación Nacional José García Ruminot dijo que «las cifras demuestras que el estado de excepción es una herramienta útil que disminuye los hechos de violencia e inhiben la acción de grupos violentos», pero lamentó que «una herramienta de esta importancia no esté contemplada en el texto constitucional que se va a votar el próximo 4 de septiembre».
Su par de RN Francisco Chahuán criticó que «han pasado 140 días y el Presidente de la República no ha visitado la macrozona sur para escuchar a las miles de familias afectadas por el terrorismo». En ese sentido también lamentó «que no se incorpore en esta solicitud a la Región de Los Ríos y —aseguró— se requiere que el gobierno reevalúe la medida».
Por su parte el senador de la UDI Sergio Gahona aclaró que su voto «no puede interpretarse como un apoyo al gobierno», porque a su juicio la Ministra del Interior «no comparte la medida». Y afirmó que «es curioso que, frente a la grave alteración del orden público, pidan la prórroga pero son incapaces de reconocer lo que realmente ocurre en la macrozona sur: narcoterrorismo».
Desde la misma tienda política, Enrique Van Rysselberghe pidió al Ejecutivo que explique los avances que ha tenido en la «política de diálogo» con los grupos extremistas. «Estos 75 días poco y nada hemos conocido de eso…esta política de diálogo no es más que otra de las declaraciones de intenciones que hace el Ejecutivo pero que en la práctica no queda en nada», fustigó el senador UDI quien se abstuvo en la votación.
El legislador de Evópoli Felipe Kast planteó que «a más de 4 meses creo que además de aprobar esta prórroga del estado de excepción sería bueno un gesto de humildad del ejecutivo para reconocer que estaban equivocados. Además, le pediría que el Presidente de la República visite La Araucanía y, por favor, empuje la ley de usurpaciones».
Desde el PS, el senador Gastón Saavedra comeplementó: «Acá están los ministros pidiéndole al Congreso que accedamos a ampliar el estado de excepción y les pido que no hablamos de ‘acotado’ porque eso no existe. Debemos responsabilizarnos de lo que ocurrió la semana pasada: el Senado aprobó el proyecto de infraestructura crítica y en la Cámara no estuvieron los votos. El tiempo se acabó para darnos gustitos, hoy es tiempo para dar protección a la ciudadanía».
Álvaro Elizalde (PS), presidente del Senado, manifestó que «es importante actuar con responsabilidad ante la situación de inseguridad y, en ese sentido, valoro la postura del Senado que ponderó en su mérito el proyecto sobre infraestructura crítica». El timonel de la Cámara Alta adelantó que apoyará la prórroga pero recalcó que «esta es una medida paliativa y tampoco se puede exigir al gobierno resultados inmediatos».
El senador del PPD Ricardo Lagos Weber añadió que «no se trata de repetir el mismo ejercicio sin sacar algunas lecciones adicionales». Cree que «la tentación de recurrir a responsabilizar al gobierno de turno, no nos va a ayudar a resolver la situación, y es que el estado de excepción es una herramienta para dar cierta normalidad a la zona, entonces es necesario ponernos de acuerdo en un acuerdo más global sobre seguridad».
La senadora de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) Alejandra Sepúlveda agregó que «uno se pregunta si el estado de excepción constitucional es la fórmula, porque si es así como vamos a resolver el problema, entonces debe ser permanente». En ese sentido la parlamentaria llamó a preguntarse «si estamos en un punto de no retorno o es que no hemos sabido entender el problema para llegar a una solución de largo plazo…estamos haciendo lo mismo que hace 30 años».
La senadora DC Ximena Rincón señaló que de todas formas «hay temor e interrogantes» y que su conclusión es breve: «inconsistencias graves». «Ha habido un vaivén de pareceres respecto de si el estado de emergencia es efectivo para disminuir los episodios de violencia en la zona…hay una contradicción brutal y no tiene justificación…para qué nos piden que renovemos un estado de excepción si el gobierno no cree en esta herramienta», concluyó.
Finalmente el senador de Revolución Democrática (RD) Juan Ignacio Latorre afirmó que «es necesario evaluar cómo se ha ido implementando el plan ‘Buen Vivir’ y atender las distintas demandas de la vida cotidiana de las comunidades, como por ejemplo, reparar equipos de telecomunicaciones». El también presidente de su colectividad sentenció: «Creo que en el Estado de Derecho las personas y grupos que asumen la vía violenta me parece que tienen que hacerse cargo de sus acciones y declaraciones y el Estado tiene el deber de perseguir a esas organizaciones».
