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PDI incauta computador de alcaldesa Hassler y de su exjefe jurídico en el marco de investigación por fallida compra de ex Clínica Sierra Bella PAÍS Crédito: Agencia Uno

PDI incauta computador de alcaldesa Hassler y de su exjefe jurídico en el marco de investigación por fallida compra de ex Clínica Sierra Bella

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, permitió que la PDI extrajera la base de datos de todos sus correos electrónicos. Esto, con la finalidad de analizar todas las comunicaciones entre quienes estuvieron por la fallida compra del inmueble. 


Efectivos de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpieron en las dependencias de la Municipalidad de Santiago con la finalidad de concretar la entrega voluntaria de algunos artefactos tecnológicos de la alcaldesa Irací Hassler y colaboradores en el marco de la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella.

Según consigna La Tercera, fuentes de la Municipalidad indicaron que durante la tarde de este martes personal policial solicitó entrevistarse con Hassler, quién estuvo acompañada de su defensor. Además, el exjefe jurídico, Jean Pierre Chiffelle, también estuvo acompañado durante la pesquisa donde la PDI incautó el notebook de la edil y el computador donde trabajaba el abogado.

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En la misma línea, la autoridad comunal permitió que la PDI extrajera la base de datos de todos sus correos electrónicos. Esto, con la finalidad de analizar todas las comunicaciones entre quienes estuvieron por la fallida compra del inmueble.

Todas las incautaciones de la policía se realizaron de forma voluntaria, lo que significa que la PDI no arribó hasta el municipio con orden de un tribunal. Por otro lado, se requirió el celular de la alcaldesa Hassler, pero se negó a entregarlo tras apuntar que no utilizaba teléfono institucional, y no daba su autorización para que fuese incautado.

Cabe recordar que la adquisición de la ex Clínica Sierra Bella quedó truncada tras el lapidario informe emitido desde Contraloría General de la República, la que estableció el pago de un “precio injustificado” del inmueble, faltando al debido uso de los recursos públicos que se le exige a las autoridades.

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