MERCADOS
Rodrigo Topelberg acusa a LarrainVial y a los hermanos Jalaff de estar involucrados en la compra de facturas falsas. Afirma que estas facturas se utilizaron en un esquema de financiamiento ilegal. Si se confirma, esto podría tener graves consecuencias legales y financieras para todas las partes involucradas. Este escándalo agrega una nueva arista a una disputa financiera en curso.
En lo que podría ser un spin off del “Succession, capítulo Patio” que detalló El Mostrador Semanal, Rodrigo Topelberg, exsocio de Ariel y Daniel Sauer en la suspendida corredora STF, el factoring Factop y su corredora de bolsa de productos, intenta acreditar un complejo sistema de financiamiento irregular mediante facturas ideológicamente falsas, en medio del escándalo financiero que divide a la comunidad judía y que tiene a Sanhattan en vilo.
Según consignó La Segunda, Topelberg, querellado por inversionistas del factoring, como parte de su estrategia de defensa, apuntó a dos actores relevantes del mercado: LarrainVial y su administradora de fondos, y los hermanos Jalaff, socios del grupo Patio y que próximamente venderían su 22% en la firma dedicada al negocio de rentas inmobiliarias.
Cabe mencionar que el escándalo que rodea al factoring Factop tiene en vilo a la industria financiera, ya que aún no se sabe hasta dónde llegan las pérdidas. Los reguladores tienen en la mira el rol de los fondos de inversión, la Fiscalía estaría a punto de tomar el caso, y querellas van y vienen. Pero donde más se siente el escándalo es en la comunidad judía, de donde proviene la mayoría de los afectados. Los hermanos Sauer y Topelberg (de la familia Kleinkopf), son familias prominentes en la comunidad judía.
De acuerdo al vespertino, la acusación sostiene que LarrainVial habría adquirido facturas de cinco sociedades controladas por los hermanos Sauer, empresas que, según alega la querella, no habrían prestado servicios, lo que convertiría estas facturas en ideológicamente falsas. Se desconoce el monto total de estas transacciones y el propósito detrás de ellas, pero la investigación deberá esclarecer si se trataba de una forma de crédito o una maniobra para beneficiar a terceros.
El escándalo se agrava al descubrirse que varias de las 48 sociedades receptoras de estas facturas pertenecen a los hermanos Sergio, Antonio y Álvaro Jalaff Sanz, socios del grupo Patio. Fuentes cercanas a Álvaro Jalaff sugieren que podrían haber sido víctimas de estafa y consideran emprender acciones legales para proteger sus intereses. Además, afirman que la mayoría de las facturas ya se han pagado directamente a sus adquirentes sin su conocimiento.
El caso adquiere tintes aún más escandalosos cuando se revela que estas facturas falsas eran adquiridas por el Fondo de Inversión LarrainVial Facturas, en aparente complicidad con Factop. Esto habría creado un mecanismo ilegal de financiamiento en favor de personas naturales y jurídicas que no tenían acceso a servicios financieros formales, según la querella de Topelberg.
El fondo de LarrainVial, confiando en la legalidad de las facturas que adquiría, involucraba a inversionistas que ahora se enfrentan a un panorama incierto y riesgoso, ya que, de confirmarse la falsedad de las facturas, no cumplirían con los requisitos de seguridad y legalidad esperados.
La medida prejudicial presentada busca identificar las facturas falsas adquiridas por LarrainVial desde enero de 2018 y el beneficio obtenido de este supuesto esquema de financiamiento ilegal, con el fin de que la entidad financiera sea condenada a restituir los perjuicios sufridos por Topelberg.
LarrainVial, que aún no ha sido notificada de la medida prejudicial, asegura que proporcionará la información solicitada en el momento adecuado. Esta empresa había solicitado previamente la liquidación forzosa de Topelberg en agosto para cobrar garantías relacionadas con facturas impagas, un conflicto que se intensifica con estas nuevas acusaciones de falsificación de documentos financieros.
