MERCADOS|OPINIÓN
Un bonito milagro. Aquellos que solían predecir todos los infortunios con la medida del 10% de retiro, ahora le reconocen una gran virtud: ser un impulso para la economía. El Gobierno nunca habría podido liberar los 10 a 15 mil millones de dólares de fondos adicionales para lograr este efecto. Los ciudadanos chilenos, y sobre todo los menos afortunados, están asumiendo el costo de una recuperación económica que beneficiará a todos.
Pero esto no resuelve de ninguna manera el tema de las pensiones ni ayuda a reducir la polarización extrema que se ha creado en la opinión pública. Hay mucho en juego y el tiempo se está acabando. Nos gustaría recordar aquí las cinco principales cuestiones que siguen abiertas hasta la fecha, y que pueden encontrar un consenso.
1. Rendimiento descendente. Tenemos algo delante de nuestros ojos: la inevitable caída de los tipos de interés en todo el mundo, con pocas esperanzas de una recuperación cercana. En Chile, el rendimiento de los bonos del Estado se ha reducido a la mitad, del 5% al 2,5%, lo que significa que las tasas, ajustadas por la inflación, son iguales a cero. Son negativos en largas partes del mundo. Como resultado, el rendimiento de los activos financieros, y no solo a renta fija, caerá inexorablemente.
En el pasado, las AFP han sido capaces de asegurar un retorno de los ahorros invertidos de alrededor del 5% en UF. Existe el riesgo de pasar rápidamente a un promedio del 2% o menos, problema al que se añade una demografía que se ha alineado con ella de los países más desarrollados. Así, cuando las AFP proyectaron al principio del sistema que iban a ser capaces de proporcionar pensiones del orden del 70% del salario, ahora se estima más bien un 30 o 40%.
Por lo tanto, es inevitable jugar con los dos parámetros a disposición, aumentar la edad de la jubilación, una medida que no está en la agenda política hoy en día, y/o incrementar las contribuciones.
2. Un mayor énfasis en la solidaridad. Hoy en día, el sistema es rudimentario con una separación extrema entre el seguro (o más bien el ahorro forzoso, ya que no existe una mutualización del riesgo como en los seguros) y la solidaridad. Hay una cierta brutalidad del pilar general de capitalización: no aborda las falencias derivadas del desempleo, la enfermedad, la maternidad, etc. Por otro lado, la solidaridad solo se ejerce a través del instrumento de la Pensión Básica Solidaria (PBS).
Pero esta forma de solidaridad es muy imperfecta. Lo hemos visto con el asunto del 10%: las personas cuya futura pensión será inferior a 141.374 pesos, el nivel actual de la PBS, no tienen ningún interés en entrar en el juego de los ahorros forzosos. Al elegir retirar sus fondos, han tomado una decisión financiera perfectamente racional. También expresan una desconfianza general hacia un sistema que prometía más de lo que ha cumplido.
Más importante aún, con la PBS el actual sistema de solidaridad proporciona una respuesta para los deciles de ingresos más bajos, pero no para la clase media baja. Estas personas, como otras, tienen el problema de historias laborales incompletas por razones ya aludidas. Por lo tanto, necesitamos un enfoque más global de la solidaridad, que, como sabemos, en todos los demás países implica un sólido pilar de seguridad social.
La elección más simple y probada sigue siendo un sistema de reparto, pero tenemos que elegir las modalidades, por ejemplo, cómo se definen y acumulan los derechos a pensión. También es necesario elegir cómo va a responder al problema de las pensiones bajas de hoy, es decir, esta «generación perdida» que ha surgido en Chile debido a la demora de la clase política para tratar el problema. En los debates actuales entre los partidarios del reparto, uno no puede dejar de sorprenderse por una cierta falta de reflexión sobre los aspectos prácticos de su aplicación.
3. La ventaja de un sistema mixto. No es una buena idea basar la protección del riesgo de vejez en un solo sistema, ya sea de reparto o de capitalización. Los defensores de la capitalización señalan que el sistema está “financiado”. Pero esto es en gran medida una ilusión: por cierto, hay un equilibrio entre los ingresos y los gastos, pero ahora vemos que no hay garantía sobre el nivel de las pensiones a largo plazo, debido a los muchos riesgos, especialmente el relativo al rendimiento de los activos financieros. Incluso la demografía es un riesgo para este sistema, como lo es para el reparto: al fin y al cabo, son los activos los que financian a los inactivos, ya sea mediante transferencias directas o a través de los mercados financieros.
Los dos sistemas son complementarios en otro punto. Con una cantidad que ahora equivale al 80% del PIB, los activos acumulados en los fondos empiezan a ser «demasiado grandes» para la capacidad de absorción del país. Como resultado, el precio de los activos chilenos elegibles para los fondos (grandes empresas cotizadas, bienes raíces, etc.) son artificialmente altos, lo que favorece a estos sectores, olvidando al resto del sector productivo. Asimismo, más del 40% de los ahorros de los chilenos va, por la fuerza, a financiar inversiones fuera de nuestras fronteras, lo cual no es razonable. Es el momento entonces para que el reparto tome el relevo.
Parece prudente, desde luego, frenar un tiempo la acumulación de fondos financieros y privilegiar el pilar de reparto. En las propuestas en la mesa de incrementar de 6 puntos las cotizaciones, parece mejor la solución 10 + 6 que la de 13 + 3 para las proporciones entre capitalización y fondo solidario.
4. El dilema del financiamiento. Un aumento demasiado repentino de las contribuciones aumenta el costo de la mano de obra para las empresas y fomenta el trabajo informal. Por lo tanto, este incremento debe ser gradual y extenderse a lo largo del tiempo. Una solución, que puede verse en algunos países, es introducir una contribución sobre todos los ingresos para no aumentar excesivamente el costo laboral. De esta manera se crearía una contribución social única, tanto sobre las rentas del trabajo como sobre las rentas del capital (intereses y dividendos percibidos por los hogares).
Algunos se oponen a ello, ya que sería una vuelta al principio de solidaridad al romper el vínculo estrecho entre el cotizante y el beneficiario de las pensiones. Pero hemos visto que esto debe cambiar, ya que se introduce una dosis importante de solidaridad en el sistema.
Otra propuesta intermedia, hecha por Guillermo Larraín en estas columnas, sería poner en marcha el fondo de seguridad social a partir de hoy, asignándole una fracción de las cotizaciones pagadas hoy a las AFP (por ejemplo 2 puntos de los 10 puntos que actualmente se descuentan del salario).
5. Y, como siempre, las AFP. Hay consenso en que la cuestión para las AFP no es la calidad del trabajo de gestión de activos que proporcionan. Es el costo de funcionamiento del sistema lo que es prohibitivo. La competencia no desempeña el papel que debería, porque tiende a aumentar los costos administrativos y, sobre todo, comerciales. Permite también un beneficio abusivo para los administradores, la mayoría de los cuales, cabe señalar, está en manos de intereses no chilenos. Las soluciones, en este caso, consisten tal vez en una reglamentación más estricta e intrusiva, que limite las ineficiencias y la extracción de renta por parte de los accionistas. O más directamente, en asumir un control público de la gestión y/o administración de los fondos. Es poco probable que la introducción de algo como una AFP de más, de estatuto público, irá a cambiar mucho en términos de costo.
Hay mucho en juego. Un diálogo social inclusivo de todas las partes interesadas sería tal vez el instrumento adecuado para debatir los principales aspectos de esa reforma, antes de que el Gobierno la defina con el Parlamento. En cualquier caso, es poco probable que esto pueda decantarse completamente antes del plebiscito, ya que estamos hablando de una reforma verdaderamente integral.
