Conflicto Facso
Señor director:
Un interesante artículo en El Mostrador de 6 de junio, que destacó el resurgimiento de las tomas en las universidades y la posible radicalización estudiantil en el segundo semestre como reacción al gobierno de José Antonio Kast, motivó una carta de protesta de la representante de los funcionarios no académicos de la Facultad de Ciencias Sociales (Facso) de la Universidad de Chile. Esta es una de las cinco facultades del Campus Juan Gómez Millas (JGM) que se encuentra en toma por los estudiantes desde el 28 de mayo. También estuvieron en toma en estas semanas en 2025 y el 2024.
En su carta la representante no se refiere al tema que es objeto de la columna, sino a un hecho puntual, coyuntural: dar cuenta de las diferencias de opinión que se dieron en el último Consejo de la facultad respecto del paro. El director del Departamento de Sociología criticó “la negativa de la directora del Departamento de Educación y de representantes de los funcionarios a mantener actividades remotas mientras dure la toma”, calificándolo como un hecho de “extrema gravedad”, responsabilizando de ello a “grupos minoritarios, radicalizados”.
La representante del estamento no académico elude referirse al fondo de la columna -las tomas en el Campus JGM y sus consecuencias en la Universidad y en la política nacional- y arremete contra el director del Departamento de Sociología porque habría hecho una “denuncia”, asumiendo que él sería quien informó a El Mostrador de que este informara lo tratado en el consejo de la facultad. Según aquellos la diversidad de opiniones en el órgano decisorio superior de una facultad debe ser escondido, silenciado, mantenido como secreto de confesión!
La representante no tiene percepción de las consecuencias que tienen la paralización de las actividades académicas por largas semanas. En verdad, las tomas se prolongan en el tiempo por sus “externalidades positivas”: académicos, funcionarios y estudiantes pueden permanecer en sus casas.
Mientras tanto, la Universidad de Chile es dañada por estos hechos de violencia, afectan el quehacer de otras facultades y debilitan su prestigio en la sociedad. La acción de minorías de estudiantes, profesores y no académicos ayudan al fortalecimiento de la privatización de la educación superior iniciada por la dictadura que seguramente estos condenan. Las universidades con fines de lucro, las de la “cota 1.000”, tienen cada vez más participación en la formación de profesionales y en la investigación científica.
Estos activistas universitarios que propician tomas no deben ser protegidos por la censura de prensa y la presión que hacen para esconder sus actos; deben ser interpelados. Ello es indispensable para defender a la Universidad de Chile.
Carlos Huneeus
