La ciencia chilena, atrapada por la brutalidad economicista

“A veces 100 millones, 500 millones, para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno”. Las palabras formuladas por el Presidente Kast en una actividad en Puerto Montt, y reproducidas en este medio, constituyen una controversia más en la debacle que amenaza a la ciencia desde que el nuevo Gobierno asumió sus funciones hace apenas un par de meses.

Primero vino la suspensión de dos programas fundamentales para la formación de capital humano avanzado en el país (los programas de becas de magíster y de postdoctorado en el extranjero). Luego vinieron las “sugerencias” u “orientaciones” sobre eventuales recortes de casi una docena de programas del Ministerio de Ciencia, que aparecía así como uno de los más afectados en la lista del ya controvertido oficio. A todo ello debemos sumar el permanente énfasis de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, quien ha reiterado en varias ocasiones que su propósito es transformar la ciencia en un motor de desarrollo económico.

Concebir la investigación científica única o principalmente como una palanca de desarrollo económico es un mal que aqueja a nuestra ciencia desde hace años. Por allá por inicios de siglo, algunos economistas comenzaron a presionar para que la ciencia chilena tuviera una justificación económica. La creación del entonces llamado “Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad” consolidó esta narrativa, en la que la ciencia pasaba a desempeñar un rol meramente instrumental.

Esto se conoce como “economicismo de la ciencia”: la reducción de la investigación científica a un insumo productivo más, subordinado a criterios de competitividad, productividad o crecimiento económico, menospreciando así otras dimensiones de la ciencia de igual o mayor relevancia.

Este reduccionismo, por cierto, se contrapone a la comprensión de la ciencia y la generación de conocimiento como un derecho, y coarta la libertad de investigación. Paradójicamente, restringir la investigación científica a lo que una pequeña élite considera pertinente y útil, en especial cuando dichos criterios son únicamente productivos, es un disparo a los pies, ya que el mayor poder transformador de la ciencia se obtiene cuando esta prospera en un ambiente de libertad, donde la investigación motivada por curiosidad tiene un espacio protagónico.

Nada de esto detuvo a una élite que siguió presionando por “políticas orientadas”, incluso pese a que Chile ya cumplirá un cuarto de siglo con una justificación economicista que, enfrentémoslo, ha tenido magros resultados. El Gobierno anterior fue una clara demostración de esta mirada tan limitada, cuando se empujó la idea del Ministerio de Ciencia como fundamental para la “superación del extractivismo”, o cuando este pareció convertirse en un ministerio de la inteligencia artificial.

Sin embargo, la administración actual parece dispuesta a repetir el libreto de gobiernos de derecha de otros países, que han ido más allá de las exigencias economicistas –ya de por sí dañinas– y se han atrevido a dictaminar que ciertos temas y formas de investigación son “inútiles”. Así, una ciencia útil sería aquella que genera valor económico o trabajo, mientras que una investigación que culmine en un libro –aunque este contenga conocimiento relevante para la comprensión de nuestro mundo o para mejorar una política pública en materia de salud, transporte o vivienda– sería inútil. Sobra decir que esta visión de la ciencia es empobrecedora.

Autoridades tanto presentes como anteriores deben comprender que el papel de la ciencia no es generar crecimiento económico inmediato, ni proveer más empleos, ni complejizar la matriz productiva. Para estos fines existen usos alternativos de los recursos, posiblemente más eficientes –construcción de infraestructura crítica, políticas de fomento a la actividad de pequeñas empresas, subsidios al empleo, políticas industriales– y que, en cualquier caso, son materia de los ministerios de Economía y del Trabajo.

En otras palabras, ya tenemos ministerios para eso. La tarea primordial de la ciencia es otra: generar más y mejor conocimiento sobre nuestro mundo. Esa es una labor única e irremplazable de las investigadoras y los investigadores, una que debe llenarnos de orgullo y que debemos aprovechar para traducirla, desde luego, en innovación, crecimiento y empleos, pero también en mejores políticas públicas, más bienestar, una deliberación política informada y de calidad, más pensamiento crítico, y una comprensión más profunda sobre nuestro mundo y el lugar que ocupamos en él.