Ambientalistas analizan críticamente lo que fue su gestión en materia de sustentabilidad
El lunes pasado en el debate de la “Nueva Mayoría” se le preguntó a la ex Presidenta por la cantidad de termoeléctricas que se aprobaron entre 2006 y 2010. Ella respondió que “efectivamente en mi administración se aprobaron termoeléctricas contaminantes”, pero lo justificó por la falta de gas y la sequía. El Mostrador le pidió al mundo ecologista la evaluación de su mandato en estos temas.
La sombra del virus ISA, que hizo temblar a la industria salmonera en 2007 y que puso en el tapete las deficientes condiciones sanitarias del sector, hoy podría revivir: las alarmas vienen desde la Región de Aysén, donde ya se ha confirmado la aparición de algunos brotes del temido virus.
Desde Multiexport, la mayor compañía de la industria, han intentado calmar los ánimos señalando que la situación actual no se puede comparar con las condiciones y normas que existían hace seis años, y que habrían cambiado luego de la reforma impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet.
Pero no todos son tan optimistas. La directora ejecutiva de Terram, Flavia Liberona, señala que, si bien con la nueva ley “cuyo objetivo era ir al rescate del sector, se establecieron nuevas condiciones, la nueva forma de operar de la industria, no se ha implementado completamente y hoy está nuevamente en crisis porque las medidas sanitarias no son las adecuadas”.
En opinión de Liberona la reforma a la industria del salmón y la nueva institucionalidad ambiental fueron dos temas clave que marcaron la administración del gobierno de la ex mandataria.
En el caso de la salmonicultura —que contó con un férreo respaldo estatal tras las críticas a las condiciones ambientales publicadas en el influyente The New York Times— los cambios estuvieron coordinados por el ex subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval, que encabezaba la Mesa del Salmón, tras lo cual aterrizó en una de las salmoneras más grandes del país, AquaChile. Cambios que incluyeron un tema que sacó ronchas y que permitió que las empresas entregaran como garantía a los bancos la concesión acuícola del agua.
En cuanto a la nueva institucionalidad ambiental, proyecto estrella del gobierno de Bachelet, que creó el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del sector, según Liberona aunque marca una diferencia por la Superintendencia, en la práctica “en términos del proceso de evaluación ambiental no hay grandes cambios, por lo que establece una desigualdad entre las personas y las empresas con total ausencia del Estado, porque una empresa entra en el proceso de calificación ambiental y tiene más o menos dificultades, pero la mayoría son aprobados. En cambio la participación ciudadana es un saludo a la bandera, así que las cosas deben resolverse en tribunales”.
[cita]Fantasmas puntuales de la era Bachelet que hoy penan a la candidata, son, por nombrar algunos, la aprobación de la planta de cerdos de Agrosuper en Freirina —cuya evaluación ambiental fue realizada por la consultora donde trabajó la actual ministra de medio ambiente, María Ignacia Benítez— que terminó siendo cerrada por riesgo sanitario y que tuvo en pie de guerra a los vecinos del sector.[/cita]
Como botón de muestra está el caso de la Termoeléctrica Castilla, que fue aprobado bajo la nueva institucionalidad pero que terminó siendo paralizado tras un fallo de la Corte Suprema que puso la lápida al proyecto de Eike Batista.
Para el Presidente del Instituto de Ecología Política, Manuel Baquedano, en términos generales la gestión ambiental de Bachelet “fue complicada, lo que se ve en que grandes proyectos en crisis hoy que muestran que aunque hubo avances institucionales, el impacto ambiental en el sistema productivo fue reguleque, más tirado para mal”.
Fantasmas puntuales de la era Bachelet que hoy penan a la candidata, son, por nombrar algunos, la aprobación de la planta de cerdos de Agrosuper en Freirina —cuya evaluación ambiental fue realizada por la consultora donde trabajó la actual ministra de medio ambiente, María Ignacia Benítez— que terminó siendo cerrada por riesgo sanitario y que tuvo en pie de guerra a los vecinos del sector. O el hecho de que mientras se evaluaba ambientalmente el polémico proyecto HidroAysén —cuya aprobación en 2011 generó multitudinarias protestas— se ignorara a los servicios que impugnaban el proyecto.
Quizás la arista ambiental que marcó más a fuego al gobierno de Michelle Bachelet fue la energética, que enfrentó un complicado escenario tras los cortes de envíos de gas argentino, la crisis internacional del sector y la limitada capacidad de autogeneración del país.
De esta forma los proyectos nuevos y en carpeta se convirtieron en un tema prioritario, lo que se grafica claramente en el hecho de que durante dicha administración se aprobaron 42 termoeléctricas, entre ellas la Central Campiche, de AES Gener, que contó con un férreo respaldo estatal, que junto a la empresa y en medio de un intenso lobby de la embajada de Estados Unidos, encontró la fórmula de burlar un fallo de la Corte Suprema que la detenía y la oposición de los pobladores.
El lunes pasado fue el primer debate antes de las primarias del pacto “Nueva Mayoría”. En la ocasión se le consultó específicamente a Bachelet por la cantidad de termoeléctricas que se aprobaron durante su gobierno. Ante esto la ex mandataria respondió que “efectivamente en mi administración se aprobaron termoeléctricas contaminantes y voy a decir por qué. No había gas, no había mucha agua, había sequía. Y lo que uno como gobernante tiene que hacer es tomar medidas difíciles para asegurar que haya gas, que haya agua, que haya energía en las casas”.
Flavia Liberona cree que es insuficiente la explicación, ya que el problema de fondo es la regulación. “Es una respuesta bien politiquera. Hay una suerte de disfrazar las cosas, porque la falta de energía se suplió con diesel. Además las termoeléctricas no fueron reguladas, ese es el problema y se les debe poner condiciones. No tienen regulación que les exija vida útil, que les exija tecnología, ni que regule el combustible sólido que usan. Por otra parte, los datos de que el gas se iba a cortar se sabían de antes. Se podría haber previsto la situación eléctrica y se podría haber aumentado la capacidad de algunas centrales de otra manera”, dice Liberona.
Para Manuel Baquedano el problema central es que no se diversificó la matriz energética y eso conllevó a la construcción de termoeléctricas. “Lo que hay que criticar es que en ese momento se debió cambiar la matriz y no se hizo nada. Se debió haber permitido que entraran las energías renovables o bien haber tenido un plan más agresivo de eficiencia energética. La ex Presidenta no hizo nada, simplemente dejó funcionar al mercado y eso llevó a la carbonización y proliferación de las termoeléctricas que han tenido un impacto en la salud y el medio ambiente”.
En total, fueron 126 proyectos aprobados, entre termoeléctricas, hidroeléctricas, parques eólicos y plantas solares. Muchos de los cuales contaron con una ayuda proveniente del propio Estado y radicada en el ministerio de Energía.
Conocidos como “los hombres de negro”, los ingenieros comerciales Juan José Rivas (PPD) y Jaime Bravo (PS), cumplían un rol clave apurando las iniciativas que permitirían inyectar más megawatts al Sistema Interconectado Central (SIC). Tarea para lo cual contaban con todo el respaldo del ministro de Energía, Marcelo Tokman y que generó anticuerpos en muchas reparticiones, donde vivieron las presiones de estos “fast tracker” de Energía.
Tales fueron los casos de HidroAysén —de la sociedad Endesa-Colbún y finalmente aprobado en el gobierno de Piñera—, el de las minicentrales hidroeléctricas de pasada Palmar–Correntoso en el Parque Nacional Puyehue, o el de la planta Termoeléctrica de Farellones de la cuprífera Codelco, que terminó siendo bajado por la propia cuprera.
Durante el gobierno de Piñera, la figura de los “fast tracker” terminó siendo oficializada a través del Comité Intergubernamental de Agilización de Proyectos de Inversión (CAI).
La relación del gobierno de Bachelet con el mundo medioambiental fue tensa. Entre otras cosas porque mientras era candidata selló un compromiso, denominado “Acuerdo de Chagual”, con diversas organizaciones donde se comprometía a cumplir una decena de puntos, lo que se llevó adelante parcialmente. El pacto no duró mucho: en 2008 el movimiento ambientalista lo dio por desahuciado, tras la decisión del gobierno de destinar platas públicas a estudios nucleares, uno de los compromisos que garantizaba no incluir esta opción en la matriz energética.
Para Manuel Baquedano, el acuerdo en cuestión “supuso varias cosas que son adelantos, como la institucionalidad ambiental que finalmente se dotó de un ministerio, también se avanzó en una política de Parques Nacionales que aún no se resuelve en el Parlamento”.
En el tema energético, explica, “veíamos una profunda presión del mundo minero por la opción nuclear y finalmente la ex Presidenta no pudo mantener el compromiso. Le quebraron la mano”.
