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La Tercera Sala de la Corte Suprema emitió una declaración defendiendo su sentencia resistida por el TC, en un nuevo capítulo de esta polémica. Pero se trata de una contienda que puede repetirse, por lo que el actual escenario representa un “fuerte llamado de atención a que se legisle seriamente” a nivel constitucional y legal, explica el abogado constitucionalista de la Universidad de Valparaíso, Cristián Viera. En medio de esta polémica, los senadores DC emplazaron al Gobierno e indicaron que “ha llegado la hora de hacer una reforma estructural al Tribunal Constitucional”, argumentando que “el TC no puede ser una instancia que altere la voluntad del legislador ni ser protector de quienes vulneran la ley”.
La reciente disputa con la Corte Suprema reavivó el debate sobre la necesidad de una reforma al Tribunal Constitucional. En el Ejecutivo han señalado que la contienda es “extraordinariamente delicada y grave”, como indicó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y provoca una “gran incerteza jurídica», como señaló el canciller Teodoro Ribera. Sin embargo, a la hora de las acciones concretas, en el Gobierno han tomado palco tanto respecto a esta situación puntual como a una modificación de fondo al TC.
Durante esta jornada, la Tercera Sala del máximo tribunal que preside el ministro Sergio Muñoz emitió una declaración para defender su sentencia que motivó la dura respuesta del Tribunal Constitucional en la que esta entidad asegura que “el TC no está sujeto a la superintendencia de la Corte Suprema”.
La sala de la Suprema insistió en su criterio, al sostener que “la autonomía constitucional” del TC “no excluye la revisión judicial posterior por medio de la acción constitucional de garantía de derechos fundamentales que la Carta Política contempla, puesto que no ampara aquellas que se han realizado al margen de las atribuciones confiadas por la Constitución o la ley”.
El problema es que esta contienda puede repetirse, por lo que el actual escenario configura un “fuerte llamado de atención a que se legisle seriamente”, explica a El Mostrador el abogado constitucionalista, Cristián Viera, lo que incluye una reforma constitucional y legal.
Respecto al origen de la polémica, el académico explica que “la acción de protección no solo procede respecto a resoluciones judiciales, sino de también de cualquier acto de órganos del Estado. La pregunta es si en su actuación el Tribunal Constitucional puede cometer actos ilegales o arbitrarios y la Corte Suprema dijo en este caso que sí. Ojo no es un recurso, porque contra las resoluciones del TC no procede recurso alguno, sino es una acción de control a las actuaciones de un órgano del Estado”.
En cuanto a la respuesta del TC, Viera señala que la decisión del Tribunal Constitucional de emitir un comunicado “es una actuación ilegal”. “No puede emitir comunicados, es un órgano del Estado que no está habilitado, no tiene facultades para eso. Ya lo ha hecho en otras ocasiones, resuelve un problema por vía de un comunicado. Y la Corte Suprema dice que el comunicado es una opinión, no es más que eso, no tiene ningún valor”, añade.
La contienda también ha puesto en el foco al ministro Sergio Muñoz, dado que preside una sala que ha tomado otras resoluciones emblemáticas, como en materias medioambientales o de alto costo de los medicamentos. Pero a juicio de Viera, “hay que despersonalizar la discusión en torno al ministro Muñoz, porque fue la sala unánimemente la que decide, 5 a 0”.
“La pregunta de fondo es si la acción de protección es la vía para resolver los conflictos políticos, pero eso abre una Caja de Pandora, porque así todo puede ser resuelto por la Corte Suprema. La resolución da cuenta de un déficit político, porque son cosas que deberían ser resueltas por la ley, y por eso es un llamado de atención al Congreso Nacional y al Gobierno para que resuelvan lo relativo a las deficiencias en materia de protección a los derechos fundamentales. Acá el sistema político se ha presentado indolente frente a los problemas que llevan años para resolver lo relativo a los derechos fundamentales. Esos temas deberían ser resueltos por el Legislativo, no por la vía de los tribunales de justicia”, precisa.
A juicio del académico de la Universidad de Valparaíso, entidad que junto al Senado y El Mostrador han organizado un ciclo de seminarios sobre la reforma al TC, “esto tiene que ser resuelto políticamente, tiene que estar en la ley, no puede estar entregado a la intuición de los tribunales (…) y hay que reformar el TC por cierto”.
En medio de esta polémica, los senadores DC emplazaron al Gobierno e indicaron que “ha llegado la hora de hacer una reforma estructural al Tribunal Constitucional”, argumentando que “el TC no puede ser una instancia que altere voluntad del legislador ni ser protector de quienes vulneran la ley”.
Los senadores DC Francisco Huenchumilla, Yasna Provoste, Carolina Goic, Jorge Pizarro y Ximena Rincón plantearon una propuesta que busca una reforma estructural del Tribunal Constitucional, a partir de la opinión de expertos constitucionalistas, parlamentarios de todos los sectores, y de representantes de la sociedad civil.
“Es necesario construir una mayoría amplia y sólida que permita contar con un Tribunal Constitucional acorde a las exigencias de nuestros tiempos, que sea visto por la ciudadanía como herramienta eficaz para la defensa de sus derechos garantizados constitucionalmente”, añadieron.
La propuesta falangista contempla que todos los integrantes del TC sean designados por el Congreso Pleno; rebajar de 10 a 9 sus integrantes; y cambios en los requisitos para ser ministro del Tribunal Constitucional, “verificado por una comisión especial, compuesta por personas del más alto nivel (decanos, profesores universitarios, ex Presidentes del Senado, ex Presidentes del Tribunal Constitucional) designada por el Congreso”.
Asimismo, entre otros, plantean modificaciones en las potestades del TC, eliminando el control preventivo obligatorio de proyectos de ley y el control preventivo facultativo y aplicar un mecanismo de remoción a los ministros del Tribunal Constitucional.
En tanto, a juicio de Viera, una reforma del TC debe necesariamente revisar el control preventivo, ya sea eliminándolo o bien estableciendo que sea solamente para el control competencial, no del fondo. Asimismo, el académico plantea la necesidad de elevar el quorum de la toma de decisiones.
En cuanto a la composición del tribunal, el abogado constitucionalista plantea que “hay que desbinominalizar los nombramientos que no ocurren solo en el TC, sino en otras entidades”. Aunque asume que “es de muy difícil solución porque no es un problema normativo sino de prácticas políticas y para eso se necesita un fuerte escrutinio de los medios de comunicación y la opinión pública”.
Viera destaca el debate sobre la reforma al TC, pero también tiene reparos con la discusión que ha llevado hasta ahora el Congreso. A su juicio, hasta la fecha, el debate se ha circunscrito al documento preparado por un grupo de abogados litigantes principalmente, y hay un “ importante grupo de constitucionalistas de universidades, los que no somos incumbentes, que hemos sido excluidos de dicha discusión”, señala.
