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Créditos: Agencia Uno
Cadem, Criteria, la Universidad del Desarrollo y Fases Asesoría e Investigación en Gestión de Marketing son las empresas a las que la Segegob solicitó servicios de estudios y las contrató vía tratos directos por casi mil millones de pesos. Contraloría decretó falta de justificación de experticia.
A menos de dos meses de que el contralor Jorge Bermúdez deje su cargo, desde la Contraloría emanó un informe en el que se detectaron irregularidades en la contratación de servicios –a través de tratos directos– entre la Secretaría General de Gobierno y centros de estudios entre enero del 2020 y octubre del 2021. Durante ese periodo, gobernaba el ex Presidente Sebastián Piñera y el titular de la Segegob era Jaime Bellolio (UDI).
Cadem, Criteria, la Universidad del Desarrollo y Fases Asesoría e Investigación en Gestión de Marketing son las empresas a las que la Segegob de dicha época les solicitó servicios y que, según el informe, presentaron diferentes irregularidades.
La Contraloría identificó que la Segegob contrató como proveedor a Consultores Asociados de Marketing CADEM S.A., en el período comprendido entre enero 2020 y octubre 2021, a través de 12 tratos directos. Esto, para que obtener servicios de estudios de opinión y estratégicos por un total de $345.149.782.
La Secretaría General de Gobierno, liderada en ese periodo por el UDI Bellolio, encargó estudios estratégicos a la UDD, a Fases y a Criteria por un total de $255.000.000, $193.246.048 y $138.592.000, respectivamente.
La elección de dichos proveedores para hacerse de los tratos directos fue “que aquellas empresas contaban con una reconocida y comprobada experiencia técnica, orientada hacia la investigación de mercado y opinión pública en Chile”, dice el informe. Pero sobre esto, la investigación revela que no se había “demostrado documentadamente la causal invocada”.
En el caso de Cadem y Fases, la Contraloría detectó que hubo tratos directos por $66.000.000 y por $56.181.440, respectivamente. Según el informe, “no se estableció en las respectivas resoluciones que autorizaron los tratos directos (…) para no exigir el otorgamiento de una garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y por lo tanto dicha operación debió contar con la garantía o resguardo respectiva”.
La Pontificia Universidad Católica incurrió, por otro lado, en un incumplimiento en el plazo de ejecución: “De 8 semanas a partir de la aceptación de la orden de compra, para la realización de un estudio sobre discriminación y participación ciudadana, por un monto de $9.800.000. Sin que exista una modificación del plazo en las condiciones y términos de referencia que regulan este trato directo”.
Según el órgano contralor, “la resolución exenta N°272/130, de 27 de enero de 2020, que aprueba el trato directo, señala como un incumplimiento grave el atraso en la entrega de los servicios en los plazos comprometidos, con multas del 20% sobre el precio del contrato por día, respecto del valor neto total de la contratación”, explica en el informe.
El Mostrador le consultó al exministro sobre este informe y explicó que “esta es la primera noticia que tenemos de alguna solicitud de información, ya que todo fue realizado y entregado en regla”.
Además, señaló que “las empresas proveedoras son ampliamente reconocidas por su expertise en materia de encuestas y sondeos de opinión, y la ley establece hace mucho tiempo la posibilidad de hacer tratos directos en estudios estratégicos, siendo una condición el que luego se hagan públicos”.
El exministro asegura que “todos los estudios fueron realizados y están debidamente publicados en la web del ministerio”.
