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Crédito: Agencia Uno
Contraloría emitió un comunicado en donde aclara que “la fiscalización además comprenderá el destino real de las incautaciones efectuadas por los organismos competentes, y si se hicieron las correspondientes denuncias penales”.
La Contraloría General de la República (CGR) salió al paso de las críticas y dudas que han surgido luego de que la nueva contralora subrogante, Dorothy Pérez realizara varias restructuraciones en el organismo tras su llegada el pasado lunes 18 de diciembre.
Entre las primeras medidas que tomó a través de una resolución, redujo de 9 a 3 las unidades fiscalizadoras; y con la finalidad de priorizar el control y respetar el principio de probidad administrativa, anunció la creación de la división de Gobiernos Regionales y Municipalidades al interior del ente contralor.
Después se supo que fiscalizará todas las entidades públicas que tengan algún rol, sea directo o indirecto, en la prevención y combate de los incendios forestales, a fin de verificar su preparación para el cumplimiento de la misión de proteger a la ciudadanía en dicho ámbito.
Además, se inspeccionará a nivel nacional el cumplimiento de los deberes de los servicios públicos respecto del control de ingreso y salida de drogas, sustancias precursoras, sicotrópicas y otras sustancias ilícitas.
Para aclarar dudas, Contraloría emitió un comunicado en donde aclara que “la fiscalización además comprenderá el destino real de las incautaciones efectuadas por los organismos competentes, y si se hicieron las correspondientes denuncias penales; la efectiva quema o destrucción de drogas incautadas; y la circulación masiva de autos con vidrios completamente polarizados u otros elementos que favorezcan la comisión de ilícitos”.
También se hará “fiscalización en todas las entidades públicas que tengan algún rol, sea directo o indirecto, en la prevención y combate de los incendios forestales, a fin de verificar su preparación para el cumplimiento de la misión de proteger a la ciudadanía en dicho ámbito”.
Finalmente, se hará “fiscalización a nivel nacional sobre el cumplimiento de los deberes de los servicios públicos en las siguientes materias: respecto del control de ingreso y salida de drogas, sustancias precursoras, sicotrópicas y otras sustancias ilícitas; sobre el ingreso de armas y explosivos, o de partes y piezas de armas, o maquinaria destinada a la fabricación de tales elementos; acerca del traslado de dinero en efectivo sea declarado o no, o de especies suntuosas o de lujo o de alto valor; sobre el destino real de las incautaciones efectuadas por los organismos competentes, y si se hicieron las correspondientes denuncias penales; respecto de la efectiva quema o destrucción de drogas incautadas; obre la circulación masiva de autos con vidrios completamente polarizados u otros elementos que favorezcan la comisión de ilícitos”.
“Lo anterior, sin perjuicio del incremento de las labores de auditoría financiera y de control jurídico que se podrán realizar a nivel regional y en el ámbito municipal, a partir del pronto aumento de las dotaciones de los equipos de línea, luego de la reorganización ya efectuada”, cierra.
— Contraloría (@Contraloriacl) December 20, 2023
