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De los cinco carabineros acusados de delitos de tortura, falsificación de instrumento público y obstrucción a la justicia, cuatro permanecen en prisión preventiva, mientras que el quinto está bajo arresto domiciliario parcial. Además, la institución los ha dado de baja a todos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Tarapacá presentó una querella criminal por torturas en contra de cinco carabineros acusados de perpetrar una golpiza al interior de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio en julio de 2023.
“La víctima, mientras se encontraba bajo custodia y por haberse negado a firmar una declaración de constatación de lesiones y sin posibilidad de oponer resistencia o defenderse, fue objeto de graves agresiones físicas con el fin de castigarlo”, dice la querella del INDH. Además, señalaron que “resulta evidente la finalidad punitiva en la acción ilícita”.
De acuerdo a los antecedentes, el teniente coronel Jorge Carrasco, el capitán Alex Agüero, la subteniente Rocío Brito, el sargento primero Enrique Gómez y el cabo primero Iván Araya, detuvieron a la víctima de nacional chilena y con diagnóstico de diabetes, por el supuesto delito de violación de morada.
Luego, la llevaron hasta la comisaría y la dejaron en los calabozos; como la víctima se negó a firmar los documentos que acreditaban que no tenía lesiones, hicieron que las cámaras de seguridad dejaran de grabar y le propinaron la golpiza.
En la acción, utilizaron gas pimienta y lo golpearon con un bastón retráctil; posteriormente, lo llevaron a constatar lesiones a un centro de salud. Al día siguiente, presentaron al detenido en el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio, que declaró ilegal su detención.
Una vez liberada, la víctima decidió verificar sus lesiones por sí misma en otro centro de salud, donde confirmaron la gravedad de sus heridas. Tras su recuperación, el 4 de agosto, se dirigió nuevamente a la Tercera Comisaría para presentar una denuncia por la golpiza sufrida. Sin embargo, los implicados obstaculizaron el proceso de la denuncia y, además, manipularon su contenido en el sistema digital institucional.
En paralelo, otro de los carabineros involucrados se introdujo en el sistema de registro de cámaras de video para cerciorarse de que la golpiza no quedara grabada en video. Por ello, además, extrajo una pieza del sistema bajo el argumento de que -supuestamente- lo arreglaría, careciendo de las facultades para ello.
Posteriormente, en diciembre del año pasado, otro de los involucrados se dirigió a dos funcionarios que estaban de guardia el día de la agresión a la víctima, con el fin de decirles que no relataran lo ocurrido.
Es importante señalar que, siguiendo las indicaciones del Ministerio Público, el Servicio Médico Legal (SML) implementó el Protocolo de Estambul en el caso de la víctima. Utilizando este procedimiento, diseñado por la ONU para identificar situaciones de tortura y malos tratos, se encontraron indicios de vulneraciones.
Por lo anterior, el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio formalizó a los uniformados por delitos de tortura, falsificación de instrumento público y obstrucción de la justicia. Cuatro de ellos quedaron en prisión preventiva, mientras que el quinto quedó con medida cautelar de arresto domiciliario parcial.
La investigación tendrá un plazo de 75 días. Además, desde Carabineros dieron de baja a los ahora exfuncionarios.
