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Sindicada por un expolicía como responsable del secuestro en Chile del teniente Ronald Ojeda, su subdirector es el general Carlos Carvallo, quien estudió en la Anepe y en la Academia Superior de Carabineros, entre 2007 y 2008. Está acusado de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
El 22 de enero pasado, el teniente coronel Alexander Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela, escribió en su cuenta de Instagram que “no vamos a permitir ninguna conspiración venga de donde venga”, agregando que “ante cualquier intento desestabilizador nos van a encontrar”.
Las palabras del oficial se insertaban en un posteo más largo, que parte con una foto de perfil suya, en la cual se alcanza a apreciar su atípico aspecto: a diferencia de lo que es habitual en los militares, él lleva el pelo muy largo, lo mismo que la barba. Salvo la casaquilla mimetizada con el logo de la DGCIM (un “kranos”, como se llamaba el yelmo de los espartanos), viste de civil, igual que los veintitantos hombres que él indica que estaban ese día en una “reunión de trabajo con todos los jefes de grupos de la Dirección de Asuntos Especiales de la DGCIM en Rechazo a todas las actividades conspirativas develadas en los últimos meses, apoyo irrestricto al Comandante en Jefe Nicolás Maduro, a nuestro alto mando militar y a nuestra fiscalía general”.
La fecha no es menor. Ese día, el fiscal general de ese país, Tarek William Saab, dio a conocer la existencia de lo que denominó el plan “Brazalete blanco”, el cual consideraba un atentado contra una brigada del Ejército, un atentado contra el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, y el magnicidio de Nicolás Maduro y del ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
Saab indicó que había (a esa fecha) ocho detenidos, comandados por el excapitán de Ejército Angelo Heredia (que fue detenido el 14 de diciembre del año pasado) y que en el plan participaban, además, la inteligencia colombiana, así como la Drug Enforcement Agency (DEA) y la Central Intelligence Agency (CIA) de Estados Unidos. En la misma conferencia de prensa, fue exhibido un video de Heredia, en el cual este decía que había viajado desde Estados Unidos hasta Cúcuta y que la intención era entrar en forma clandestina a Venezuela, aseverando que “con las personas que yo iba a ingresar era el primer teniente Ojeda, el sargento Pérez y el sargento Angulo”.
Además de anunciar que habría nuevas detenciones, el jefe del Ministerio Público venezolano dijo que “no habrá contemplaciones jurídicas contra aquellos que tienen una soberbia de poder que los ha enloquecido”, como se indica en la web de la propia institución. Posterior a ello, el régimen de Venezuela publicó un listado con los nombres de los implicados en la conspiración, incluyendo el del exteniente 1° Ronald Ojeda Moreno, de 32 años, de quien nada se sabe desde el miércoles pasado, cuando cuatro sujetos vestidos como oficiales de la PDI lo secuestraron en medio de la noche desde el departamento en que vivía en la comuna de Independencia, en calle El Molino 1775.
En dicho contexto, el posteo de Granko tuvo casi 2.500 “likes” y comentarios como “que vea el mundo cómo brilla la luz del pueblo de Bolívar” o “DGCIM, somos defensores de la revolución y escudo protector de FANB”, en referencia a las Fuerzas Armadas Bolivarianas.
Ese comentario explica el verdadero sentido de la existencia de la DGCIM, entidad que hoy está en el ojo de la tormenta, luego de que el exoficial de la antigua policía judicial venezolana Iván Simunovis denunciara, por redes sociales, que Granko y la DGCIM estaban detrás del secuestro que, de hecho, se dio a conocer por medio de ese posteo.
En efecto, la DGCIM, creada como tal en 2011, es un organismo de contrainteligencia; es decir, su función es investigar las actividades de infiltración dentro de las Fuerzas Armadas, equivalente en dicho sentido a lo que es (en Chile) la contrainteligencia de la misma PDI o las unidades de asuntos internos en las instituciones castrenses.
Sin embargo, posee características muy especiales y en muy poco tiempo se ha convertido en un poder dentro del poder, entre otras cosas porque depende directamente de Nicolás Maduro. Existen al menos dos informes de derechos humanos que lo señalan como una de los principales entes vinculados a la violación de estos en Venezuela, y sus principales líderes han sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.
Un detalle nada menor es que uno de ellos, el general de división Carlos Ramón Enrique Carvallo Guevara, conoce muy bien Chile, pues junto a otros dos oficiales del Ejército venezolano, en 2008, hizo el curso de oficial graduado de la Academia de Ciencias Policiales (Acipol) de Carabineros y, un año antes, estudió en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe), dependiente del Ministerio de Defensa. La Anepe dijo a El Mostrador que en ella Carvallo cursó el diplomado introductorio a los estudios de seguridad y defensa, entre abril y junio de 2007, cuando era mayor de la Guardia Nacional Bolivariana.
El Departamento de Comunicaciones de Carabineros, en tanto, confirmó a El Mostrador los estudios realizados por Carvallo en la institución, aseverando que fue becario y que lo anterior se efectuó en virtud de “los convenios internacionales que tenía ese año el gobierno de Chile con Venezuela”. Cabe mencionar que, además de él, ese año hubo a lo menos otros dos oficiales venezolanos estudiando en la institución, entre ellos Danny Ferrer Sandrea, actual viceministro de Servicios para la Defensa de Venezuela.
Por cierto, actualmente Carvallo es, además, presidente de la Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (Corpoez), dedicada al reciclaje y exportación de chatarra.
Pese a tener un rango mucho menor que el de Carvallo, sin lugar a dudas que el personaje más reconocible de la DGCIM es Alexander Granko (primero de izquierda a derecha en la foto principal). En una actitud muy poco común para quienes cumplen labores de inteligencia, efectúa frecuentes comentarios en redes sociales. Tiene 49 mil seguidores en Instagram, 2 mil en X (red social en la que no escribe desde 2022) y casi mil 500 en TikTok.
Existen numerosas fotografías de él y en su cuenta de Instagram cuenta aspectos de su vida personal –recientemente se graduó como “doctor en seguridad ciudadana”, por parte de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES)–, pero además difunde una marca de ron que lleva el logo de la DGCIM, así como al equipo deportivo infantil-juvenil llamado “Team Espartanos”, que él dirige.
También postea cinematográficos y bien realizados videos sobre las funciones de la DGCIM, con música épica y su figura como protagonista, en muchos de ellos. Asimismo, reproduce videos con propaganda estatal acerca de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, así como respecto de la anexión de la zona del Esequibo.
La explicación para tantas licencias, muy exóticas en el mundo de la inteligencia –comenta un exfuncionario del área, un chileno que lo ha estudiado y que pide reserva de su nombre–, reside en el hecho de que Granko es el hombre de mayor confianza de Nicolás Maduro, la que se ganó poco a poco. Una de sus primeras asignaciones fue haber sido escolta de una de las hijas de Hugo Chávez. Luego de ello, como capitán, se integró a la DGCIM, convirtiéndose en el ayudante de su actual director, Iván Hernández Dala. Pero su mayor credencial se la ganó en enero de 2018, cuando comandó el operativo en que fue asesinado el expiloto policial Oscar Pérez, que medio año antes se levantó en armas contra la dictadura de Maduro y protagonizó varios incidentes, incluyendo un vuelo en helicóptero sobre Caracas y el asalto a un pañol militar.
Según un reporte de la misión internacional de Naciones Unidas sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios de inteligencia del Estado de Venezuela, “Granko Arteaga dirigió y dio instrucciones personalmente en esta operación junto con Franco Quintero, Director de la DEIPC en ese momento”, en referencia a la otra rama de la DGCIM, la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas.
El mismo informe señala que, según testigos que prestaron declaración ante la comisión de Naciones Unidas, Granko “es cercano al presidente Maduro y hay alegaciones de que ha reportado directamente al presidente”.
Hacia 2022, fecha de emisión de dicho documento, Granko había sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, por “las graves violaciones de los Derechos Humanos de los detenidos en la DGCIM, cometidas por él y otros funcionarios bajo su mando”.
Naciones Unidas, en tanto, dice que “la Misión ha recibido pruebas de que, entre 2017 y 2022, Granko Arteaga ordenó, supervisó y participó directamente en arrestos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, torturas, incluida la violencia sexual, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Además, indica la ONU, “Granko Arteaga posee importantes propiedades y está implicado en el tráfico de armas y en la extracción ilegal de minerales en el estado de Bolívar”.
El Mostrador envió un mensaje a Granko, a fin de conocer su versión respecto de las acusaciones en su contra, pero este no ha acusado recibo del mismo.
Otro caso en el cual se acusa a la DGCIM fue el secuestro del también exteniente del Ejército venezolano Franklin Caldera Cordero, quien –de acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– desertó en enero de 2019, pidiendo asilo político en Colombia, pero en febrero de 2021, según el medio www.runrun.es, fue capturado en Cúcuta por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la única guerrilla propiamente tal que sigue activa actualmente en Colombia, la cual se lo entregó posteriormente a la DGCIM. Tras ello Caldera fue internado en la cárcel de Ramo Verde, la misma donde estuvo preso y fue sometido a torturas el exteniente Ojeda, que junto a otros oficiales escapó en un traslado de penal, luego de lo cual llegó a Chile, en 2018.
Otra operación en la que distintas fuentes acusan la mano de la DGCIM es la desaparición del piloto de la aviación venezolana Helímenas Labarca Soto, quien derribó dos aviones del chavismo durante el intento de golpe de Estado protagonizado por Hugo Chávez en 1992. Labarca, quien se había refugiado en Miami, fue detenido en 2008, acusado de participar en un complot contra Chávez y luego de varios años en prisión fue liberado. Sin embargo, en julio de 2021 desapareció misteriosamente. Su vehículo fue encontrado abierto, en las inmediaciones de la zona donde residía (un suburbio de Miami) y hasta la fecha no se ha vuelto a saber nada de él.
Fuentes de inteligencia consultadas por El Mostrador indican que la DGCIM efectúa operaciones en toda América y que posee varios agentes activos (hombres y mujeres) en todos los países del continente, incluyendo Chile, que operan en conjunto con el Servicio de Inteligencia (Sebin) venezolano.
El director de la DGCIM es el mayor general Iván Hernández Dala (tercero de izquierda a derecha en la foto principal), quien en 2014 era jefe de la guardia presidencial, es decir, es quien está a cargo de la protección del presidente de Venezuela y su familia. Ese año Maduro lo puso además al mando de la DGCIM, sin que dejara el otro cargo.
Según los testimonios recogidos por la ONU, “el presidente Maduro es quien da las órdenes directas a Hernández Dala, las que se transmiten en persona o por teléfono, nunca por escrito”, a tal punto que (dice el mismo documento) Hernández pasa parte de su tiempo en la sede de la DGCIM, en el sector de Boleíta, y otra parte en el palacio presidencial. Al igual que Granko, enfrenta una serie de sanciones internacionales por su papel en la represión de militares y exmilitares.
El subdirector de la DGCIM, Carlos Carvallo (al centro, en la foto principal), desde agosto de 2020 es el exalumno de la Acipol y la Anepe, quien según la Unión Europea, previo a dicho cargo “sirvió en la región de Los Andes y ocupó un alto cargo en la Guardia Nacional Bolivariana”. La UE también lo sindica como “responsable de graves violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela cometidas por agentes de la DGCIM bajo su mando”.
Otro personaje importante en la institución es el jefe de la DEIPC, el general de brigada Carlos Terán Hurtado, sobre quien también pesan varias sanciones.
Recientemente, Alexander Granko dictó un curso para periodistas y en redes sociales se lo ve explicando que la DGCIM es un organismo joven, “recién fundado”, aseverando que la idea era que los periodistas conozcan la entidad, pues “queremos quitar esa estigmatización que han hecho a la DGCIM”. Con ello aludía a los informes de la ONU que han denunciado a la DGCIM. Uno de ellos dice que la DAE, dirigida por Alexander Granko, está en realidad fuera del organigrama normal y que, además de ser “la fuerza de choque” de la agencia, es “una DGCIM dentro de la DGCIM”.
Un exempleado de ella la describió como la unidad encargada “del trabajo sucio”, aseverando además que “tanto la DEIPC como la DAE han estado implicadas en actos de tortura, incluida violencia sexual, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración, según han manifestado personas que estuvieron detenidas y otras fuentes. Los agentes de las dos Direcciones colaboraron en ocasiones durante las operaciones, en particular en casos de gran repercusión”. El mismo reporte confirma que los servicios de inteligencia cubanos fueron los que instruyeron a los agentes de la DGCIM.
El mismo documento califica a la DGCIM como “una fuerza paramilitar separada”, que cuenta con financiamiento que proviene de fuentes ilegales (según una fuente que entrevistó la misión de la ONU). Respecto de la DAE, el documento indica que posee unos 300 oficiales, cuyos principales objetivos son “los oficiales militares que son vistos como potenciales disidentes” y que muchos de ellos “supuestamente estaban involucrados en intentos de golpes de Estado para derrocar al régimen de Maduro”, pero que, además, en algunos casos “se actuó contra ciertos oficiales debido a que se perfilaban como líderes, representaban potencialmente una amenaza para el poder, denunciaban irregularidades dentro del Ejército o del Gobierno o simplemente eran abiertamente críticos del Gobierno”.
Asimismo, la DGCIM es acusada de infiltrarse en la oposición política, de detener a personas que efectuaron críticas públicas al Gobierno y también de detener a civiles, por los mismos motivos, así como a los parientes de sus blancos. Según la ONU, el padre del teniente Caldera estuvo secuestrado cinco días en dependencias de la DGCIM, siendo torturado con “asfixia con barriles de agua, descargas eléctricas, golpes en las costillas y goteo de agua toda la noche. Durante ese tiempo, agentes de la DGCIM intentaron obtener información sobre el paradero de su hijo”. Aunque no se menciona a Chile, el reporte dice que la DGCIM tiene agentes en países como Colombia y Panamá, “para reunir información y capturar a disidentes reales y percibidos que eran buscados por el Gobierno venezolano”, asegurando que, además de ello, la entidad envía “a sus agentes a las embajadas venezolanas en el extranjero para recabar información”.
Además de todo ello, según Naciones Unidas, la DGCIM posee 17 recintos secretos en los cuales se detiene a personas en forma ilegal y se aplican torturas que han incluido violaciones y mutilaciones de genitales. Se han documentado 122 casos de víctimas de torturas, violencia sexual y/o tratos crueles por parte de la DGCIM entre 2017 y 2019. Aparte de ello se sindica a esta como la responsable del secuestro, torturas y desaparición en contra del excapitán Rafael Acosta.
