PAÍS
Exconstituyentes de derecha exigen a Elizalde el archivo y publicación de actas de la Convención
Exmiembros de la extinta Convención Constitucional y militantes del Partido Republicano, la UDI e independientes, argumentan que el cumplimiento de esta obligación es crucial para permitir análisis académicos, políticos y ciudadanos, con el fin de “no volver a poner en riesgo nuestra democracia”.
21 exconstituyentes que fueron parte de la Convención Constitucional conformada en 2021 enviaron una carta para exigir al ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde (PS), cumplir con la obligación constitucional y reglamentaria de archivar y publicar las actas del trabajo de los plenos y comisiones de la instancia.
“Con extrañeza y estupor hemos comprobado que todas las actas del trabajo y desarrollo de los plenos y comisiones de la Convención Constitucional no se encuentran disponibles en la web de la Convención, ni en el Archivo Nacional, como exige la Constitución y el Reglamento General de la Convención Constitucional”, dice la misiva firmada por exconvencionales del Partido Republicano, la UDI e independientes, además de un abogado asesor de dicha bancada.
Apuntando duramente a la izquierda y al debate por las RUF, Martín Arrau, uno de los firmantes, actual vicepresidente del Partido Republicano, aseguró que este registro es importante para los chilenos, “por ser el testimonio de propuestas ideológicas nocivas y superadas, pero que seguimos viendo en parte de la izquierda más refundacional y en propuestas como la diferenciación por nacionalidad u orientación sexual en las Reglas del Uso de la Fuerza”.
“Si queremos aprender de las experiencias pasadas, lo mínimo es contar con un debido registro”, dijo Arrau, militante del partido fundado por José Antonio Kast y exintendente de la Región de Ñuble bajo el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
- El 11 de enero de 2021, el entonces presidente, Sebastián Piñera, firmó el decreto que designó al Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) como órgano encargado de prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero para la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional, tras lo cual se creó la Unidad de Secretaría Administrativa, como vínculo directo entre el Gobierno y el organismo.
El exconstituyente Alfredo Moreno, también exministro de los dos mandatos de Piñera, recalcó que sobre la Segpres recayó la obligación de prestar este apoyo técnico y administrativo, que incluía la obligación de contar con un sistema de archivo y gestión documental. Moreno recordó que fue una medida que en su momento acordaron todas las partes vinculadas a la extinta Convención Constitucional, por la importancia de este “mínimo” registro. Además, una vez concluida la instancia constituyente, existía la obligación de remitir este registro al Archivo Nacional, “lo que evidentemente no se ha cumplido”, remarcó.
“Estamos pidiendo al ministro que cumpla con los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, porque lo mínimo que los chilenos pueden pedir después de la farra constitucional, es que los documentos, las actas, los acuerdos y las decisiones que se adoptaron estén disponibles para las personas, para académicos y autoridades”, añadió la exconvencional Constanza Hubbe (UDI).
“No es posible que, transcurrido más de un año desde el plebiscito del 4 de septiembre, aún no se tenga acceso”, manifestó Hube, exjefa de gabinete de la exministra y exsenadora Ena Von Baer.
Acusan omisión y ocultamiento
Para cerrar el comunicado, la exconvencional y exministra del gobierno anterior, Marcela Cubillos, reiteró la importancia del registro que a su juicio narra “cómo una minoría bulliciosa quiso imponer la refundación de Chile”.
Cubillos, exmilitante de la UDI, y quien hoy afirma estar evaluando una candidatura a la Municipalidad de Las Condes para suceder a la militante gremialista Daniela Peñaloza, arremetió contra el rechazado texto de la Convención Constitucional. Dijo que era “un texto identitario, que dividía entre chilenos de primera y de segunda categoría, que rompía con la tradición constitucional chilena y que estaba ligado directamente con la violencia extrema vivida en nuestro país desde el 18 de octubre de 2019”.
La carta ya fue entregada a la Segpres de Elizalde, quien hasta ahora no ha acusado recibo, mientras los exconvencionales de derecha sostienen firmemente que “de cumplir esta obligación constitucional y legal dependen análisis académicos, políticos y ciudadanos, a fin de no repetir lo ocurrido y volver a poner en riesgo nuestra democracia”.
A su juicio, la “omisión” y el “ocultamiento” de las actas de la Convención Constitucional, “es injustificable en conformidad a normas de probidad y transparencia”.
Firman:
- Rodrigo Álvarez (UDI) – Distrito 28
- Pablo Toloza (UDI) – Distrito 3
- Ruth Hurtado (REP) – Distrito 22
- Harry Jürgensen (RN) – Distrito 25
- Alfredo Moreno (independiente, cercano a Chile Vamos) – Distrito 17
- Marcela Cubillos (exmilitante UDI) – Distrito 11
- Carol Bown (UDI) – Distrito 15
- María Cecilia Ubilla (independiente, cercana a la UDI) – Distrito 25
- Felipe Mena (UDI) – Distrito 24
- Claudia Castro (independiente en cupo UDI) – Distrito 14
- Martín Arrau (UDI) – Distrito 19
- Arturo Zúñiga(UDI) – Distrito 9
- Katerine Montealegre (UDI) – Distrito 26
- Margarita Letelier (UDI) – Distrito 19
- Pollyana Rivera (independiente en cupo UDI) – Distrito 1
- Constanza Hube (UDI) – Distrito 11
- Eduardo Cretton (UDI) – Distrito 22
- Jorge Arancibia (independiente en cupo UDI) – Distrito 7
- Ricardo Neumann (independiente en cupo UDI) – Distrito 16
- Rocío Cantuarias (independiente en cupo Evópoli) – Distrito 20
- Diego Sepúlveda – abogado asesor de la Convención Constitucional
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