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Aunque matizó sus dichos, la petición del alcalde Vodanovic (RD) generó un inusual debate político, ya que usualmente es la derecha la que pide militares a la calle. Hoy, la alcaldesa Hassler (PC) apoya el despliegue militar, mientras la alcaldesa Matthei (UDI) cuestiona su viabilidad y legalidad.
El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), solicitó apoyo militar al Gobierno para combatir la ola de delitos en su comuna, causando un inesperado escenario político. Aunque antes era la oposición la que pedía este apoyo, ahora hasta el Presidente Gabriel Boric no descarta utilizar las herramientas disponibles, aunque advirtió que los militares no están entrenados para el control del orden público.
Al pedido del jefe comunal de Maipú se sumó incluso la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), a quien le parece que “sí es relevante el debate que se ha abierto y la posibilidad de aprovechar todas las capacidades que tiene el Estado y particularmente de un rol de las FFAA”.
De todas formas, tanto los alcaldes Vodanovic y Hassler como el Gobierno del Presidente Boric, han puesto el foco en que el despliegue militar se debe realizar en el contexto de la Ley de Infraestructura Crítica, cuya discusión se encuentra estancada en el Congreso.
“Me parece necesario que puedan apoyar particularmente en el resguardo de infraestructura crítica, así como también en otros elementos como la fiscalización de armas”, añadió la alcaldesa Hassler a radio Pauta.
Por su parte, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, declaró a radio Cooperativa que “el camino para fortalecer las instituciones en materia de criminalidad es fortalecer las policías y la evidencia además muestra que cuando los países toman la decisión de incluir a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública se hace evidente que de cierta manera quitan la fuerza con la que los mismos Estados pueden haber estado potenciando a las policías”.
Quien también se mostró de acuerdo con sacar militares a la calle fue el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (exmilitante DC), quien sostuvo que “los que tienen que tener la batuta, el liderazgo en materia de combate al delito, son la Fiscalía y las policías, pero hoy no están teniendo todos los recursos que requieren”.
Curiosamente, por el contrario, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), se opone, argumentando que los militares no están preparados para las ciudades y planteando interrogantes sobre la viabilidad y las implicaciones legales de la medida. Eso sí, la jefa comunal de sector oriente de Santiago y potencial candidata presidencial de Chile Vamos, afirma que en caso de llevar a cabo la medida es necesario tener un claro reglamento de uso de la fuerza.
Pese al alterado panorama político, la solicitud de “militares a la calle” avivó el debate en el Congreso Nacional sobre el papel de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna, y puso de manifiesto las discrepancias dentro del oficialismo respecto de este sensible tema.
Por ejemplo, desde el Partido Socialista (PS), la senadora y presidenta del partido, Paulina Vodanovic, aseguró que puede entender la desesperación de los alcaldes, pero destacó que eso no habilita que haya una intervención militar, no solo por una problemática legal, sino práctica.
La petición del alcalde Vodanovic también puso en entredicho la histórica postura del Frente Amplio, que defiende que el mantenimiento del orden y la seguridad debe recaer exclusivamente en las fuerzas policiales y no en los militares.
De hecho, usuarios en redes sociales recordaron que, en 2021, cuando el ahora Presidente Gabriel Boric buscaba llegar a La Moneda, una de las campañas que se televisó en ese momento era una breve canción que tenía un potente mensaje: “Vota Gabriel, vota Gabriel, y que los milicos se devuelvan al cuartel”.
El alcalde Vodanovic reiteró este jueves su solicitud de apoyo de las Fuerzas Armadas (FFAA) en las calles como respuesta a la creciente crisis de seguridad. Sin embargo, matizó sus dichos, enfatizando que este pedido fue solo un “llamado de urgencia al Congreso” para acelerar un proyecto de ley destinado al resguardo de infraestructura crítica, en línea con lo manifestado por La Moneda.
“Ante la enorme crisis de seguridad, contar con el apoyo de las FFAA en ciertos puntos para resguardar infraestructura crítica con roles acotados y bajo un estricto control civil, puede ser una herramienta más de la cual disponga el Estado para enfrentar esta crisis”, declaró Vodanovic. No obstante, destacó que este despliegue no resolverá por sí solo los problemas, sino que es una medida complementaria.
En respuesta a las críticas y el apoyo que ha recibido su solicitud tanto desde la oposición como del propio oficialismo, el jefe comunal de Maipú señaló que la mayoría de los alcaldes que enfrentan condiciones delictivas graves en sus comunas apoyan la medida. Reconoció que hay divergencias entre aquellos en comunas con bajos presupuestos y altos índices de delincuencia, y aquellos en áreas más acomodadas y menos conflictivas.
Cabe mencionar que la ministra del Interior, Carolina Tohá, alertó sobre la escalada de delitos en Maipú y afirmó que con el alcalde “coincidimos en la necesidad de tramitar el proyecto” para desplegar FFAA en zonas urbanas y proteger infraestructura crítica. “El Gobierno nunca ha cerrado las puertas”, añadió la ministra de Defensa, Maya Fernández.
Este jueves, se llevó a cabo la intervención y demolición de 14 inmuebles asociados a actividades ilícitas en la toma Vicente Reyes, en Maipú, como parte de un operativo para abordar las situaciones más conflictivas del campamento. Aunque uno de los inmuebles no era objetivo del operativo, se procedió a su demolición, pero —según informó el propio alcalde Vodanovic— la familia afectada fue contactada y derivada con el Ministerio de Desarrollo Social.
El edil oficialista destacó que el objetivo principal es la recuperación del espacio, el desalojo de viviendas y la reubicación de las familias afectadas. El procedimiento se llevó a cabo con “total éxito”, dijo, logrando decomisar artículos utilizados para actividades ilícitas o delictivas, y erradicando dichas actividades del campamento.
