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Créditos: Agencia Uno
El gremio mostró su preocupación con el proyecto de reforma constitucional presentado por los senadores demócratas que podría habilitar las acusaciones constitucionales en contra de jueces de primera instancia. Los magistrados temen presiones políticas y pérdida de libertad para emitir fallos.
A través de un hilo en X -ex Twitter- la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial manifestaron su “preocupación” por un proyecto de reforma constitucional ingresado el miércoles 13 de marzo por los senadores demócratas Ximena Rincón y Matías Walker. El proyecto en cuestión, pretende que el poder legislativo tenga injerencia en el judicial, puesto que “se incorpora a las juezas y jueces de los tribunales de primera instancia como susceptibles de ser acusados constitucionalmente”, advierte la asociación mediante un comunicado.
“Esta iniciativa representa una amenaza a la independencia judicial, porque al crear este mecanismo de destitución se podría pretender modificar resoluciones judiciales según la preferencia política del gobierno de turno, lo que sería una presión indebida”, exponen los magistrados. Además, agregan que dicho proyecto “atenta contra la principal garantía que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de éste país, y que es la imparcialidad de los jueces y juezas de que fallarán sin temor a represalias políticas por sus decisiones”.
A parte del problema que implica esta reforma a propósito de la separación de poderes, los magistrados alegan, además, contra el mecanismo que se propone: “La acusación constitucional una forma de proceder contra resoluciones judiciales, ni interpretaciones de la ley, ni por los malos resultados de la aplicación de las normas, pues nuestra legislación establece un régimen de recursos procesales para aquello”.
Dicho lo anterior, la asociación vaticina que “el abuso de ésta institución se transformaría en una forma de modelar, vía exoneraciones del Poder Judicial, cómo deben resolver los jueces y juezas”.
La motivación que respaldaría esta moción, es a propósito de la crisis de seguridad que se vive hoy en día, cosa que desde el colectivo afirman entender, pero “creemos que los proyectos legislativos deben apuntar en otra vía: a la protección y seguridad de los intervinientes en los juicios de crimen organizado, como también, a la prevención y la persecución de estos delitos”.
Los sistemas iberoamericanos de justicia no están exentos de las presiones políticas. Los magistrados destacan que se “ha conocido numerosos casos de remociones por razones políticas desde el año 2001 -año en el que se dictó la primera sentencia en esta materia- y la mayoría de los asuntos conocidos por la Corte Interamericana están relacionados con destituciones de magistrados y magistradas de altas Cortes o de Tribunales de menor instancia”.
Estas han sido siempre impulsada por el Poder Ejecutivo de los países y por sus Congresos y, en su gran mayoría, “levadas a cabo en el marco de la emisión de sentencias adversas al poder político de turno, algo que no queremos que ocurra en nuestro país”, advierte la asociación.
El gremio invita a los otros poderes del estado “a revisar el sistema de responsabilidad de jueces y juezas, donde como gremio, siempre hemos estado dispuestos y disponibles a aportar”.
