PAÍS
La Asociación de Isapres insta a una pronta acción del Gobierno para resolver la prolongada crisis del sector privado de la salud y garantizar la estabilidad del sistema, especialmente ante el inminente vencimiento del plazo para pagar la deuda otorgado por la Corte Suprema en dos meses.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) emitió una resolución crucial en torno a la Ley Corta de Isapres, generando un revuelo en el ámbito de la salud privada del país. Por una ajustada mayoría de 6 votos a favor y 4 en contra, el TC acogió el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de senadores oficialistas, otorgando un giro significativo al debate en curso.
El requerimiento tiene luz verde y un comunicado emitido por la Asociación de Isapres enfatiza que el Tribunal Constitucional ha dictaminado que la inclusión de la mutualización en el cálculo de los excesos generados por la aplicación de las tablas de factores es una atribución exclusiva del Ejecutivo.
Desde el gremio aseguran que el TC no ha declarado inconstitucional el uso de la mutualización, ya que no fue solicitado por ninguno de los requirentes para su análisis. Por consiguiente, a su juicio, esta opción sigue siendo viable, pero su implementación queda sujeta a la decisión del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
El comunicado de las isapres de Chile también enfatiza la urgencia de encontrar una solución a la prolongada crisis que afecta al sector privado de la salud, con consecuencias negativas tanto para los pacientes como para los prestadores durante los últimos 18 meses. Se destaca la importancia de restablecer el equilibrio financiero como única vía para normalizar la operación de las Isapres, cumplir con los fallos judiciales y evitar efectos nocivos en el sistema de salud en su conjunto.
Con el plazo otorgado por la Corte Suprema a punto de expirar en dos meses, las isapres manifiestan que la responsabilidad recae ahora en el Gobierno para determinar si adoptará las recomendaciones técnicas y propondrá un cumplimiento de los fallos con una metodología que garantice la estabilidad del sistema.
Se hace un llamado a actuar con premura, ya que soluciones tardías podrían resultar inútiles para evitar un desenlace no deseado por ninguna de las partes involucradas.
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