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Créditos: Agencia Uno.
Las votaciones de las indicaciones en la Comisión de Salud terminarán el martes de la próxima semana. El Ejecutivo pretende no moverse mucho de sus propuestas, por lo que el desenlace es incierto. El monto definitivo que adeudan las isapres lo resolverá la comisión mixta.
Este lunes, a las 15:00 horas, comenzó la primera sesión de la Comisión de Salud de la Cámara para revisar las indicaciones a la ley corta de isapres. Tanto el Ejecutivo como los parlamentarios discutieron aspectos de la ley para moldear y materializar el fallo de la Corte Suprema, que mandata a las aseguradoras a devolver los cobros en exceso. Si bien comenzaron a votar, el debate se extenderá hasta el martes de la próxima semana hasta total despacho. Al interior del Ministerio de Salud advierten que la idea es moverse lo menos posible de la propuesta con la que llegaron a la Cámara de Diputadas y Diputados.
La idea responde, primero, a que el tiempo apremia. Las mismas fuentes precisan que no existe mucho margen para construir otras alternativas y, en segundo lugar, no quieren repetir la experiencia del Senado, en donde demoraron ocho meses en despachar el proyecto a la Cámara. Esto, teniendo en cuenta que el 12 de mayo se termina el plazo para dar cumplimiento al fallo emitido por la Suprema.
Tanto parlamentarios oficialistas como de oposición llegaron con observaciones al proyecto de ley. Esto no opacó las intenciones de generar acuerdos para avanzar rápidamente. La diputada Karol Cariola (PC) comenzó su intervención con una expresión que se compartió de manera transversal: “Efectivamente hay un ánimo muy mayoritario de sacar esta ley ojalá lo antes posible. La voluntad está en avanzar”. Más tarde, a eso de las 18:20 horas, los asistentes de la comisión le cantaron el cumpleaños feliz.
Las palabras de buena crianza no faltaron, pero tampoco las críticas al Ejecutivo. La presidenta de la comisión, Ana María Gazmuri (Partido Humanista) y el diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical), reiteraron sus molestias a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, por no realizar instancias prelegislativas. La ausencia de esa instancia generó discusiones preliminares que les hicieron perder tiempo, dijeron al inicio de la sesión.
Sin embargo, al final de la reunión, la diputada Gazmuri valoró la jornada: “La verdad es que fue una muy larga, extensa sesión, en que empezamos a ver ya la votación en particular. Y yo quiero celebrar el ánimo dialogante que hay en la comisión, cómo hemos podido flexibilizar posturas de ambos lados, Ejecutivo, parlamentario, llegar a consenso, a indicaciones de los parlamentarios que está patrocinando el Ejecutivo. Celebro ese clima, la rapidez y el orden con que estamos trabajando en la Comisión de Salud, porque vamos a cumplir estrictamente con los plazos, tal como se ha señalado”.
Para llegar a la meta, la comisión estableció un cronograma intenso. “Vamos a sesionar mañana en la mañana (hoy), mañana en la tarde, probablemente el miércoles en la mañana también”, informó la diputada humanista.
La ministra Aguilera, por su parte, afirmó después de la sesión que “hemos visto que hay la mejor disponibilidad por parte de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para ir rápido en esto, a pesar de lo extenso, y dar el cumplimiento a los plazos que hemos acordado”.
Si bien en esta instancia se resolvió la temática del Consejo Consultivo de la Superintendencia de Salud, en que se limitó su quehacer al tema de la crisis de las isapres, aún queda el grueso de la propuesta del Ejecutivo que tiene que pasar por el filtro del Congreso.
El Gobierno llegó decidido. Su “caballito de batalla”, dicen voces al interior del Minsal, es la modalidad de cobertura como seguro complementario de Fonasa. Algunos lo llaman “isapre estatal”, pues, a grandes rasgos, se trata de una modalidad en que los usuarios pagan una prima a cambio de una cobertura equivalente al promedio de la industria. Sin embargo, hay otras autoridades del sector salud que son reticentes a ocupar esa nomenclatura.
El diputado radical Tomás Lagomarsino tiene diversas críticas respecto al proyecto, pero sobre todo acerca del tema de la modalidad de cobertura complementaria. “Yo diría que está hecho bien al lote y, como en el Senado no se le dio tanta atención producto de que todos se centraron en la discusión de la parte de la isapre de la ley corta, no hubo oportunidad para mejorarlo”, sostiene el parlamentario.
Lagomarsino entiende que esa es un área “deficitaria”, ya que –según advierte– “se está buscando que se pague dos veces por lo mismo”, porque a través de esta modalidad de cobertura no se ofrece nada, “ningún beneficio que sea atractivo para los afiliados, para quienes lo suscriben y, evidentemente, si esta política pública en cinco o diez años más exclusivamente tiene un 5 o 10% de los afiliados de Fonasa adscritos a ella, claramente es un fracaso”, subraya el diputado.
Además, el parlamentario agrega que esta modalidad debería permitir “acceder a prestaciones no aranceladas, es decir, que no están codificadas”, para así “aumentar el número de prestaciones, aumentar la protección financiera, y también ante enfermedades catastróficas, de tal forma que el beneficio frente al cual están los afiliados a la hora de suscribir esta modalidad de cobertura complementaria sea positivo”, sostuvo.
Gazmuri, por su parte, calificó de “importantes las indicaciones del Ejecutivo en dirección a precisar, a mejorar lo que tiene que ver, por ejemplo, con la modalidad de cobertura complementaria”, o también el hecho de que se haya propuesto un techo para las alzas de los precios base, sobre lo cual –puntualizó– “todavía tenemos algunas dudas, y también tenemos que someter a votación si se acepta un alza o no, pero aceptarse que tenga un techo nos parece razonable”.
Sobre esto, la presidenta de la comisión reconoció aspectos claves “y que obviamente no puede retroceder el Gobierno”. Ahora bien, sí consideró que no debería aprobarse el reajuste exclusivo de los precios base: “Efectivamente nosotros estamos, en ese sentido, en el artículo 2, rechazar también que pueda haber una nueva alza”.
Al interior del Ministerio de Salud revelan que esa es una preocupación. Desde el Ejecutivo calculan que las diputadas Gazmuri, Cariola y Danisa Astudillo (PS) se opondrán al alza exclusiva del precio base, que sería la segunda después de la que hubo en marzo. Fuentes del Minsal comentan con preocupación esta negativa de las diputadas oficialistas, pues ven en dicha alza la fórmula de viabilidad estratégica para la industria. Sin esa alza, comentan estas fuentes, se complejiza más el panorama para las aseguradoras.
Una fórmula para allanar acuerdos con las parlamentarias oficialistas es la indicación que le pone un tope de 10% al alza. En primera instancia parece tener buena recepción en diferentes casas políticas, pero hay presiones para que este tope sea más bajo. El Gobierno no tiene muchas intenciones de rebajar ese porcentaje, aunque sí creen que un mínimo al que se podría llegar es un 7,5%.
Lagomarsino sí está dispuesto a respaldar el alza, “siempre que sea esta búsqueda del reequilibrio financiero, siempre que no vaya a cubrir el pago de la deuda o el pasivo de la isapre con su respectivo afiliado”, indica. Bajo esas condiciones, sostiene que está abierto “incluso sin tope”.
El expresidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), cree que la votación de la ley corta en la Cámara “es incierta”, pues “no hay claridad de cómo va a quedar y ojalá se mantenga el umbral del 7% de cotización obligatorio, porque eso fue un avance para no solo equilibrar las reglas del juego para los afiliados y el sistema, sino también de salvaguarda para el futuro”.
En segundo lugar, el senador Castro sostiene que falta claridad en cuanto al tope del alza, pues “falta aclarar el sentido de tener una prima nueva y no un reajuste de precios base, que es a lo que se había comprometido el Gobierno. Eso habría que aclararlo lo antes posible, antes de que llegue a la comisión mixta a mediados de este mes”.
Luego de que el Tribunal Constitucional (TC) fallara en contra de la mutualización, el monto de la deuda a pagar aún no es definitivo. Es necesario recordar que este mecanismo emanó de la Comisión Técnica de la Comisión de Salud del Senado y, a contrapelo del Gobierno y el oficialismo, se aprobó. Es por eso que senadores oficialistas recurrieron al TC.
Este mecanismo de cálculo de la deuda fue polémico, pues operaba mediante la mancomunación de lo adeudado y reducía el monto a pagar de 1.400 millones de dólares a 400 millones de dólares. El diputado Daniel Lilayu (UDI) dijo en la sesión que sin mutualización “todavía no veo un camino por dónde va la cosa”.
Con el cálculo que existe hoy, en caso de que se apruebe una indicación del Ejecutivo, la deuda quedaría en 1.180 millones de dólares, cifra que según las isapres también las dejaría en insolvencia.
Al preguntar en el Congreso y en el Minsal por la resolución del monto a pagar, existe un amplio consenso en que se resolverá en la comisión mixta, conformada por senadores y diputados. Un escenario que no deja de ser complejo para el Gobierno, pues el presidente de dicha comisión sería el timonel de la UDI, Javier Macaya.
