PAÍS
Las medidas anunciadas la semana pasada quedaron cortas. Además de la redacción de un nuevo Código de Ética y la formación de una mesa con el Gobierno y el Congreso, se convocó a la Comisión de Ética del máximo tribunal para abordar denuncias sobre influencias políticas en nombramientos judiciales.
La semana pasada, en medio del escándalo del llamado lobby judicial, la Corte Suprema anunció la redacción de un nuevo Código de Ética, además de la formación de una mesa de trabajo –junto al Gobierno y parlamentarios– para reactivar las gestiones sobre la reforma al cuestionado sistema de nombramientos al interior del Poder Judicial.
La falta de acciones más enérgicas motivó fuertes críticas durante el pasado fin de semana, situación que se revirtió en el Pleno de este lunes. Así, el máximo tribunal del país comunicó una nueva acción en respuesta a la reciente filtración de una serie de conversaciones que revelan gestiones de terceros para influir en los nombramientos judiciales: la convocatoria de su Comisión de Ética.
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, informó: “Este presidente, en uso de sus facultades, decidió convocar a la Comisión de Ética para conocer de los hechos que afectan a integrantes de este tribunal, por hechos que son de público conocimiento”.
La Comisión de Ética estará compuesta por el propio presidente Ricardo Blanco, junto a las ministras Adelita Ravanales y Gloria Ana Chevesich. Esta instancia tiene como objetivo principal esclarecer y evaluar las denuncias sobre influencias políticas en el proceso de designación de jueces y otros funcionarios judiciales.
María Soledad Melo, la nueva vocera de la Corte Suprema, destacó el respaldo unánime del tribunal pleno hacia el presidente Blanco: “Todos los integrantes del tribunal pleno reconocen el trabajo que ha desarrollado el presidente y mantienen su voluntad de apoyar todas las iniciativas y proyectos que él ha impulsado. Igualmente, reiteran su lealtad a la figura que representa para esta Corte Suprema y el Poder Judicial”.
Además, el presidente Blanco tiene previsto convocar a una mesa de trabajo que incluirá a los tres poderes del Estado, con el fin de avanzar en una reforma al sistema actual de nombramientos.
En el marco de estas acciones, el ministro Blanco sostuvo una reunión con el titular de Justicia, Luis Cordero, para abordar los mencionados cuestionamientos. Antes de este encuentro, el ministro Cordero se reunió con la diputada Camila Musante (independiente-PPD), autora de un proyecto de ley que propone la creación de un Consejo Judicial como parte de una reforma al sistema de nombramientos.
Cabe mencionar que se desestimó una investigación disciplinaria al interior del Poder Judicial, por ausencia de antecedentes concretos en las investigaciones de la Fiscalía.
Además, un quiebre en la Corte Suprema quedó en evidencia en el Acuerdo de Declaración Final, donde cinco de los 14 ministros presentes en el Pleno votaron «en contra» de las medidas implementadas, incluido el presidente de la Corte Suprema, porque estaban «por abrir una investigación disciplinaria».
Tal como se señaló en el newsletter +Política de El Mostrador, lo que descompuso a los ministros fueron las revelaciones sobre la pareja de la ministra Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, que aparece ofreciendo a un fiscal un doctorado (suponemos en Derecho) y su designación a la cabeza de la Fiscalía Centro Norte si bajaba su candidatura a Fiscal Nacional. También se reflotó el tema de la compra del Porsche Cayenne a un conservador de Bienes Raíces que, a su vez, empleaba a la pareja de Vivanco, y se conocieron las exitosas gestiones de Migueles para designar un conservador y un notario de Viña del Mar.
