Senador Núñez (PC): “Los países OCDE, menos Chile y Australia” tienen secreto bancario levantado
El senador Daniel Núñez defendió el levantamiento administrativo del secreto bancario para investigar organizaciones criminales y afirmó que Chile está rezagado frente a la mayoría de los países OCDE en herramientas para perseguir el lavado de activos y el crimen organizado.
El debate sobre el levantamiento del secreto bancario volvió a instalarse en el Congreso luego de la denominada Operación Tokio, investigación que permitió desbaratar una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua y que habría movilizado cerca de 80 millones de dólares mediante distintas operaciones financieras.
En ese contexto, el senador del Partido Comunista e integrante de la Comisión Mixta de Presupuestos, Daniel Núñez, defendió el proyecto que crea el Sistema de Inteligencia Económica y que contempla la posibilidad de levantar administrativamente el secreto bancario en casos vinculados al crimen organizado.
Núñez sostuvo que el sistema actual presenta limitaciones importantes para seguir el rastro del dinero de organizaciones criminales complejas. A su juicio, la exigencia de obtener autorizaciones judiciales para cada movimiento sospechoso ralentiza las investigaciones y dificulta actuar con rapidez frente a redes de lavado de activos.
“Entonces, desde ese punto de vista, la herramienta que tenemos en Chile, que es el levantamiento del secreto bancario por vía judicial, es muy lenta”, afirmó en conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler.
El parlamentario explicó que una investigación típica por lavado de dinero puede involucrar múltiples personas, sociedades y decenas de movimientos financieros. “Si por cada movimiento yo voy a pedir autorización judicial, me demoro, decía él, entre tres a cuatro meses. Si tengo la facultad administrativa, cuando hay sospechas fundadas, me demoro la mitad del tiempo”.
Para el senador, el foco de la discusión debe estar en la capacidad del Estado para enfrentar organizaciones criminales. “Cuando hay una banda criminal que está actuando en Chile y que hay indicios certeros, tenemos que abrirle las cuentas bancarias para detectar, quitarle la plata y meterlos presos”, sostuvo.
Núñez también rechazó las críticas que advierten posibles vulneraciones a la privacidad de los ciudadanos. Según explicó, el mecanismo no estaría diseñado para revisar masivamente cuentas bancarias ni para perseguir delitos comunes.
“Acá no estamos levantando el secreto bancario para perseguir cualquier delito. Acá lo que se está haciendo es, cuando la Unidad de Análisis Financiero recibe varios reportes de operaciones sospechosas, esos reportes los analiza, los junta con otros antecedentes, llega a la convicción que hay indicios de algo irregular de una posible organización criminal. Solo en ese caso se levanta en forma administrativa el secreto bancario”, señaló.
El legislador insistió en que la propuesta incorpora mecanismos de control para evitar decisiones unilaterales. Explicó que la Unidad de Análisis Financiero no podría actuar por sí sola y que la autorización requeriría una segunda revisión interna.
“Cuando la Unidad de Análisis Financiero levanta en forma administrativa el secreto bancario en la ley de inteligencia económica, lo hace primero, no el jefe de la Unidad de Análisis Financiero en forma independiente. Tiene que solicitar la autorización a un jefe de auditoría y control interno. Y es ese jefe quien evalúa que los antecedentes sean pertinentes”, afirmó.
A juicio del senador, esos resguardos permiten minimizar eventuales riesgos de abuso. “Hay mecanismos de control. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que los riesgos son menores”, agregó.
Núñez también comparó la situación chilena con la experiencia internacional y sostuvo que el país se encuentra rezagado respecto de las herramientas utilizadas para combatir el crimen organizado y el lavado de activos.
“Mira, todos los países de la OCDE, menos Chile y Australia, tienen esta fórmula. Estados Unidos tiene este sistema”, afirmó. Según explicó, en ese país las autoridades financieras pueden acceder administrativamente a información bancaria cuando existen antecedentes que justifican una investigación por actividades ilícitas.
El senador concluyó que la discusión excede el caso puntual del Tren de Aragua y apunta a la necesidad de modernizar las capacidades del Estado frente a estructuras criminales cada vez más sofisticadas.
“En Chile estamos realmente quedándonos atrás en dotar al Estado herramientas eficaces para combatir estas bandas criminales que son empresas criminales y que ocupan la institucionalidad y que hoy día están infiltrando el sistema financiero y no sabemos hasta dónde más llegan”, señaló.
La iniciativa enfrenta una definición clave en el Senado luego de que la votación de esta semana terminara empatada. Por ello, la propuesta volverá a ser revisada en una próxima sesión de la Cámara Alta.
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