Exministra Steinert busca revertir dictamen de Contraloría por oficio reservado a la PDI

La exministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, solicitó formalmente a la Contraloría General de la República reconsiderar el dictamen que cuestionó el oficio reservado mediante el cual requirió antecedentes a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre el traslado de funcionarios vinculados a una investigación relacionada con el denominado Clan Chen.

En una presentación de 26 páginas, la exautoridad pidió dejar sin efecto la conclusión del dictamen D344, emitido el 1 de julio de 2026, que sostuvo que su requerimiento “no se ajusta estrictamente” a las atribuciones del Ministerio de Seguridad Pública y que no observó el deber de abstención que le correspondía como autoridad.

Steinert argumentó que el oficio reservado N.º 28, enviado el 13 de marzo al director general de la PDI, se encontraba plenamente respaldado por las facultades de información, coordinación y supervigilancia que la Ley 21.730 entrega al Ministerio de Seguridad Pública. Por ello, solicitó además que la Contraloría declare expresamente que no infringió el deber de abstención y comunique una eventual rectificación a todos los destinatarios del pronunciamiento original.

La presentación desarrolla seis fundamentos para revertir el dictamen. El primero sostiene que la Contraloría habría excedido sus atribuciones al ingresar en una evaluación de mérito o conveniencia de una decisión administrativa, materia que —según la defensa de la exministra— escapa a las competencias del organismo fiscalizador. En ese sentido, cuestiona que el dictamen señalara que su actuación no se ajustó “estrictamente” a derecho, afirmando que esa expresión incorpora una graduación que no existe en el ordenamiento jurídico. “El juicio sobre si el nivel de detalle pedido era o no necesario para supervigilar es, por definición, un juicio de mérito”, sostiene el escrito.

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Como segundo argumento, Steinert afirma que el dictamen realizó una aplicación incompleta de la Ley 21.730. Invoca el artículo 3 de dicha norma, que faculta al ministro de Seguridad para solicitar a cualquier órgano de la Administración antecedentes que estime pertinentes, incluso cuando tengan carácter reservado. Según la presentación, el legislador no limitó esa atribución, sino que estableció un deber de confidencialidad respecto de quien recibe la información. Agrega que los antecedentes requeridos correspondían a decisiones administrativas de personal ya adoptadas y no a diligencias penales protegidas por secreto.

La exministra también acusa un criterio contradictorio de la Contraloría. Como respaldo, incorporó fallos de las cortes de Apelaciones de Iquique, Antofagasta y Chillán, en los que —según sostiene— se validó que el propio organismo fiscalizador solicitara información individualizada y sensible para el cumplimiento de sus funciones. “Lo que fue legal, razonable y proporcionado cuando lo hizo la Contraloría en enero de 2026 no puede devenir exceso de atribuciones cuando lo hizo, con menor intensidad y mayor título competencial, la autoridad ministerial en marzo del mismo año”, plantea el documento.

Otro de los ejes de la reconsideración apunta al deber de abstención. Steinert sostiene que la Contraloría no identificó ningún interés personal, patrimonial o familiar que comprometiera su imparcialidad. Asegura que su conocimiento previo del Clan Chen, derivado de su desempeño como fiscal regional de Tarapacá, constituye únicamente experiencia profesional y no configura un conflicto de interés. Asimismo, incorporó como antecedente la declaración realizada por el director general de la PDI ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, en la que afirmó que la decisión de trasladar a una prefecta general fue exclusivamente suya, lo que, a juicio de la exministra, demuestra que su oficio solo buscaba conocer los fundamentos de esa determinación.

La presentación también cuestiona que la Contraloría haya formulado un reproche personal cuando Steinert ya no ejercía el cargo de ministra, al haber dejado sus funciones el 19 de mayo, más de un mes antes del dictamen. Según su defensa, el organismo fiscalizador excedió su competencia al emitir un pronunciamiento que —afirma— produce efectos principalmente políticos y reputacionales, e incluso podría ser utilizado como antecedente en una eventual acusación constitucional.

Asimismo, la exautoridad cuestionó que la Contraloría no se pronunciara sobre la filtración del oficio reservado a la prensa. Sostuvo que el documento tenía carácter confidencial y que la única actuación efectivamente lesiva para la reserva de la información fue su divulgación pública. “El único manejo de información reservada efectivamente lesivo que registra este asunto (…) carece de todo reproche, mientras se objeta el requerimiento formal, reservado, trazable y por conducto regular”, afirma el escrito.

Finalmente, Steinert denunció que nunca fue notificada formalmente del dictamen, pese a ser la única persona mencionada y cuestionada directamente en él. A su juicio, esa omisión afectó su derecho a ejercer oportunamente su defensa, por lo que pidió que se la tenga por notificada mediante la propia reconsideración y que las futuras resoluciones sean comunicadas directamente a sus abogados.

De manera subsidiaria, solicitó que, si la Contraloría decide mantener el dictamen, precise que el cuestionamiento se limita únicamente a la petición de una nómina detallada de funcionarios vinculados a una causa específica, aclarando que la solicitud de antecedentes generales sobre los fundamentos de los traslados sí se ajustó a derecho y que el pronunciamiento no implica una atribución de responsabilidad personal.

Ahora corresponderá a la Contraloría General de la República resolver si mantiene, modifica, complementa o deja sin efecto, total o parcialmente, el dictamen cuestionado.