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Agencia Uno
Presidente Kast advierte durante promulgación de Escuelas Protegidas: “El que nada hace, nada teme”
La normativa permitirá a los colegios establecer protocolos para revisar mochilas y pertenencias, sin revisiones corporales ni de vestimenta. Kast comparó la medida con los controles en aeropuertos: “¿Por qué uno va a tener temor a mostrar lo que trae en la mochila?”.
Con una defensa de la revisión de mochilas como herramienta para prevenir el ingreso de armas u otros elementos peligrosos a los establecimientos educacionales, el Presidente José Antonio Kast promulgó este miércoles la ley “Escuelas Protegidas”, iniciativa que entrega nuevas facultades a colegios y profesores para enfrentar episodios de violencia.
Uno de los principales cambios de la normativa será permitir que los establecimientos incorporen en sus reglamentos internos procedimientos para revisar mochilas y otras pertenencias de los estudiantes, aunque bajo protocolos previamente establecidos y con una serie de restricciones.
Durante la ceremonia de promulgación, Kast defendió la medida comparándola con los controles de seguridad que deben atravesar los pasajeros antes de abordar un avión.
“Cuando ustedes se suben a un avión (…) le dicen: ‘Mire, pase su mochila por aquí’. Porque todos los otros que vamos en el avión tenemos que estar seguros de que no va nada raro dentro de la mochila”, sostuvo.
El mandatario fue más allá al abordar las eventuales aprensiones que podría generar el procedimiento. “¿Por qué uno va a tener temor a mostrar lo que trae en la mochila? (…) El que nada hace, nada teme”, afirmó.
La revisión deberá estar a cargo de personal capacitado y respetar derechos como la privacidad, honra, igualdad y debido proceso. La ley, además, excluye expresamente las revisiones corporales y de vestimenta.
Kast sostuvo que la legislación debe traducirse ahora en acciones concretas dentro de los establecimientos. “Más que una ley, es una herramienta. Porque uno en la ley puede decir lo que uno quiere, pero eso te lo tiene que llevar a la práctica”, señaló.
La iniciativa busca responder al aumento de los episodios de violencia registrados en las comunidades educativas. De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ejecutivo, las denuncias ante la Superintendencia de Educación por maltrato contra adultos aumentaron un 58% entre 2023 y 2025, al pasar de 441 a 695.
A ello se suman las cifras entregadas por Carabineros, según las cuales durante 2025 se registraron en promedio 893 delitos por porte de armas en establecimientos educacionales.
La ley también amplía las facultades de los docentes para adoptar de manera inmediata medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias destinadas a mantener el orden dentro de las salas de clases. Estas deberán aplicarse respetando criterios de proporcionalidad.
Los reglamentos escolares tendrán además que prohibir elementos que impidan la identificación facial, aunque podrán existir excepciones justificadas. Las amenazas que provoquen la interrupción de las actividades académicas pasarán a ser consideradas como una afectación grave a la convivencia escolar.
La normativa establece igualmente obligaciones para padres y apoderados, quienes deberán concurrir a las citaciones relacionadas con medidas disciplinarias, convivencia o situaciones de violencia escolar.
El texto promulgado, sin embargo, no corresponde íntegramente al que fue despachado por el Congreso el pasado 2 de junio. La iniciativa enfrentó posteriormente requerimientos de parlamentarios de oposición ante el Tribunal Constitucional (TC), que eliminó algunas de sus disposiciones.
Entre ellas estaba la facultad para recurrir a Carabineros o la Policía de Investigaciones para revisar las mochilas cuando un estudiante se negara al procedimiento dispuesto por el establecimiento.
El TC también eliminó la norma que impedía durante cinco años acceder a la gratuidad universitaria a quienes fueran condenados por determinados delitos relacionados con hechos de violencia escolar.
De esta manera, la revisión de mochilas quedó finalmente bajo responsabilidad de los propios establecimientos educacionales y sometida a los protocolos que cada uno deberá incorporar en su reglamento interno.
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