Ossandón y reforma de Arrau: “O la retiramos completa y la hacemos entera de nuevo”
La diputada RN Ximena Ossandón cuestionó varios ejes de la reforma de seguridad y advirtió que modificarla por partes “no corresponde”. Además del estado de excepción, calificó como “altamente peligroso” entregar al Senado decisiones sobre el registro de organizaciones criminales.
Las dudas de Renovación Nacional sobre la reforma constitucional de seguridad del Gobierno ya no se limitan al controvertido nuevo estado de excepción. La diputada Ximena Ossandón planteó que existen otros aspectos que requieren cambios y abrió una alternativa más drástica para La Moneda: retirar completamente la iniciativa y volver a presentarla.
En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Francisca Castillo, la segunda vicepresidenta de la Cámara abordó la propuesta de la senadora y presidenta de RN, Paulina Núñez, quien busca dejar fuera el nuevo estado de excepción constitucional y fortalecer el actual Estado de Emergencia para conseguir los apoyos necesarios en el Congreso.
Ossandón reconoció que el Ejecutivo deberá actuar con “realismo político” frente a una iniciativa que requiere cuatro séptimos para avanzar y que ha enfrentado reparos incluso dentro de las filas oficialistas.
“El Gobierno imagino que va a tomar alguna de estas medidas si es que llega a la conclusión de que no tiene ninguna viabilidad”, sostuvo.
La parlamentaria recordó que la tramitación en el Senado obliga a enfrentar inicialmente una votación general del proyecto, lo que estrecha el margen para corregir posteriormente una iniciativa que no cuente con los respaldos suficientes.
Pero, a diferencia de quienes han concentrado los reparos en las amplias atribuciones que entregaría al Presidente el nuevo estado de excepción, Ossandón advirtió que ese no es el único punto que considera problemático.
Uno de ellos es la creación de un registro de organizaciones criminales y el papel que tendría el Senado en la determinación de qué agrupaciones quedarían incorporadas.
“A mí me parece muy delicado dejar incluido al Senado, que tenga la responsabilidad final para si estas organizaciones están o no están después de que el Senado va a recibir información secreta”, afirmó.
La diputada llevó su cuestionamiento incluso al riesgo que podría significar para los propios parlamentarios participar de esas decisiones frente a organizaciones criminales.
“Yo te llevo a la posibilidad de que un senador reciba amenazas. Recordemos, el crimen organizado sabe perfectamente dónde vivimos cada uno de nosotros, que reciban amenazas o tal vez pueden recibir hasta cohechos, no sé”, advirtió.
Por lo mismo, calificó como “altamente peligroso” que sean los senadores quienes deban intervenir en la conformación del registro y acceder a la información necesaria para adoptar esas decisiones.
Ossandón sostuvo que esa responsabilidad debiera quedar en manos de organismos técnicos, mencionando entre las alternativas a las policías, los servicios de inteligencia o incluso la Corte Suprema.
“Yo creo que es muy importante también resguardar la vida de las personas y que sean las personas y los organismos técnicos, las policías de inteligencia o la Corte Suprema, por ejemplo, quienes se hagan cargo de este listado y no sea la Cámara de los Senadores”, señaló.
La parlamentaria también relativizó la importancia del propio registro como herramienta para enfrentar al crimen organizado. A su juicio, un listado de organizaciones constituye “algo absolutamente accesorio y un adorno” frente a la necesidad de contar con instrumentos efectivos para enfrentar una situación que considera excepcional.
Otro de los reparos de Ossandón apunta a la propuesta relacionada con los derechos sociales de personas condenadas por delitos asociados al crimen organizado y terrorismo.
“El tema de los derechos sociales, yo creo que también es súper importante”, señaló, cuestionando que una persona que ya cumplió su condena pueda quedar durante otros 15 años privada de determinados beneficios.
La diputada puso especialmente el acento en las consecuencias que una medida de ese tipo podría tener para las familias de los condenados y sus posibilidades de reinserción.
“Me parece que es muy delicado que una persona que cumple condena, que después de 15 años, durante 15 años pueda perder todos aquellos beneficios que muchas veces dependen de su familia o su posibilidad de reinsertarse en la sociedad”, sostuvo.
Con ese cuadro, Ossandón planteó que la discusión no debería reducirse a eliminar el nuevo estado de excepción para salvar el resto del paquete constitucional. Para la diputada RN, si los problemas atraviesan distintas partes de la iniciativa, La Moneda debe evaluar una decisión de fondo.
“O la retiramos completa y la hacemos entera de nuevo, pero esto de por partes, al final, me parece que no corresponde”, sentenció.
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