Kast rechaza retirar reforma constitucional y pone urgencia de 30 días para forzar acuerdo en Senado

En las negociaciones legislativas de la reforma constitucional de seguridad que dirigen los ministros Martín Arrau de Seguridad, José García Ruminot de Segpres y Claudio Alvarado  de Interior, se acordó reestructurar la estrategia legislativa para intentar salvar el proyecto cambiando la “suma urgencia” por “urgencia simple” y La Moneda se abrió a flexibilizar los ocho artículos de la propuesta para buscar un acuerdo en el mes de la patria.

Según explican desde el oficialismo, la hoja de ruta que se acordó en la reunión del Comité Político de La Moneda establece que el debate técnico se concentrará de forma exclusiva en la Comisión de Constitución del Senado, donde el oficialismo deberá convencer a la oposición que tiene mayoría en la instancia.

La Moneda acordó con la directiva del Senado —que encabeza  la senadora Paulina Núñez (RN)— que esta comisión sea el vehículo principal para rediseñar el proyecto, recibir indicaciones del oficialismo y de la oposición, además de corregir imperfecciones técnicas, trabajando acuerdos a lo menos durante todo el mes de septiembre. Incluso, no se descarta que se extienda a octubre el plazo de conversaciones, renovando la urgencia por otros 30 días.

Según explican en Chile Vamos, el principal punto de discordia es la creación de un nuevo “Estado de Excepción de Seguridad Pública” que permitía una vigencia inicial de hasta 240 días. Como parte de la negociación, el ministro Arrau aceptó a reducir ese periodo inicial a solo 30 días y que tenga autorización del Congreso.

La adopción de la urgencia simple responde a un calculado diseño político frente a la resistencia parlamentaria y la alta congestión del Congreso.

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El presidente de la Comisión de Constitución, el senador opositor Pedro Araya (PPD), había manifestado su intención de postergar el debate de la reforma constitucional hasta fines de septiembre, argumentando una falta de consenso y quórum respecto a la propuesta de crear un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad.

A pesar de la apertura a debatir, La Moneda ha trazado una línea clara de negociación: El Presidente Kast enfatizó que el Ejecutivo no desistirá en la creación del nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, pese a la resistencia que genera en la derecha y en la oposición.

Kast: estado de excepción de seguridad “no es renunciable”, pero Congreso puede cambiarlo por completo

En una entrevista en radio Cooperativa, el Presidente José Antonio Kast zanjó un límite político claro, manifestando que la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública “no es renunciable”. El mandatario argumenta que las organizaciones criminales modernas no actúan como delincuentes comunes, sino que operan como un auténtico “estado paralelo” con líneas de acción operativas y económicas totalmente distintas que se han anticipado a las normas de persecución estatal.

No obstante, esta firmeza conceptual contrasta con una amplia flexibilidad respecto al diseño del texto. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se allanó formalmente a reducir la vigencia de este régimen de excepción, acotándolo de un plazo inicial de 120 días a solo 30 días antes de requerir la autorización obligatoria del Congreso para su implementación.

Y los ministros políticos plantean que la estrategia apuntará a cambiar todo lo que sea necesario para “dotar el texto de los consensos que se requieran” dentro del espacio que ofrece la Comisión de Constitución del Senado.

Senadores de RN proponen eliminar nuevo Estado de excepción y se reúnen hoy para definir cronograma

Desde Renovación Nacional, el senador Andrés Longton ha liderado la postura de que la reforma debe ser “minimalista” y limitarse solo a materias que necesariamente requieran rango constitucional.

Según la jefa de comité de los 12 senadores de la tienda de Antonio Varas, María José Gatica, mañana sostendrán una reunión para zanjar un cronograma y una postura común sobre los puntos controvertidos, entre ellos, la lista de bandas criminales y estado de excepción de seguridad.

RN logró reducir el plazo de 240 días a 30 y establecer una intervención más temprana del Congreso, pero también continua planteando reparos a restringir la inviolabilidad de las comunicaciones y cuestionando que determinadas inhabilidades penales en beneficios fiscales se mantengan tras el cumplimiento de las condenas.

Senadores de RN y Evópoli proponen derechamente eliminar la nueva figura y, en su lugar, fortalecer el actual Estado de Emergencia con atribuciones reforzadas.

Por su parte, los senadores de la UDI, representados por figuras como Gustavo Sanhueza, consideran excesivo que la medida excepcional pueda prolongarse y piden cautelar que la participación de las Fuerzas Armadas conserve un carácter estrictamente temporal y excepcional.

Para liderar esta negociación en la Comisión de Constitución, el Gobierno encomendó a los senadores oficialistas Arturo Squella (Rep) y Andrés Longton (RN) profundizar las conversaciones con la oposición, una vez que al interior del oficialismo se logre un consenso que dé luz verde a dos o tres artículos para una “mini reforma constitucional” que “fortalezca la lucha contra el crimen organizado”.

Se separa reforma constitucional del resto de la agenda contra el crimen organizado

A fin de evitar el estancamiento de la agenda gubernamental, el Comité Político Ampliado acordó separar la reforma constitucional del resto de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). De esta forma, el Ejecutivo se comprometió a priorizar proyectos de ley orgánica o ley simple de rápida tramitación que generan consenso inmediato.

Entre estas iniciativas se encuentran las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), el control de infraestructura crítica, la extensión de flagrancia, modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y leyes para el fortalecimiento operativo de Carabineros, Gendarmería y la PDI. Al requerir quórums más bajos, el Gobierno busca anotarse triunfos legislativos viables mientras destraba la discusión constitucional.

Con estos ajustes, el oficialismo busca evitar un rechazo anticipado y ganar el espacio técnico necesario para destrabar una de las iniciativas prioritarias en su agenda de seguridad.

El apoyo de la ciudadanía a la reforma de seguridad en las encuestas, que durante tres semanas a lo menos se había mantenido cercana al 50%, comenzó a bajar. Y eso influiría en la flexibilización que contiene la nueva estrategia del Gobierno.

“El repliegue de La Moneda responde también a un adverso escenario de opinión pública. A la gente le está haciendo ruido el hermetismo del gobierno y las restricciones sin contrapesos y la desaprobación volvió a subir y la aprobación al Presidente bajó”, señala una fuente que conoce las tratativas.

Por ejemplo, la última encuesta Criteria reveló que la desaprobación al Presidente Kast subió al 55%, mientras que su aprobación retrocedió al 33%, promediando un 34% durante todo el mes de agosto. El aspecto más llamativo es la percepción de rumbo en seguridad pública: apenas un 19% de los ciudadanos cree que el Ejecutivo posee un plan definido de seguridad, frente a un 42% que sostiene que se está improvisando.

Esta sensación de desorientación cala hondo incluso dentro de las propias filas de la derecha, donde la percepción de improvisación se encuentra empatada en un 41% frente a un 40% que estima que solo se tienen ideas sueltas.