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Abogada recién titulada que coordina reforma civil también revisó rebajas de penas en Justicia
Trinidad Zegers, cuya contratación por Rabat fue cuestionada por su escasa experiencia, figura como responsable de revisar solicitudes de rebaja de condena, según T13. El Mostrador ya había informado de su rol en la Reforma Procesal Civil y su ingreso a Justicia el mes en que obtuvo su título.
La abogada Trinidad Zegers Domínguez, cuya contratación por el Ministerio de Justicia generó cuestionamientos en agosto debido a su escasa experiencia profesional y a las responsabilidades que asumió en la cartera, figura ahora como funcionaria responsable de revisar solicitudes de rebaja de condena que llegan al gabinete del ministro Fernando Rabat.
El antecedente fue revelado por Teletrece, que tuvo acceso a un documento interno del Ministerio de Justicia en el que aparece el nombre de la profesional de 27 años, quien obtuvo su título de abogada de la Pontificia Universidad Católica el pasado 10 de abril.
La información surge en medio de la controversia por los 56 decretos de reducción de penas concedidos durante la actual administración a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad, decisiones que han provocado cuestionamientos desde la oposición y sectores del oficialismo.
Según el documento revisado por T13, Zegers aparece identificada como “funcionaria responsable” de revisar solicitudes de rebaja de pena que ingresan al despacho del secretario de Estado.
La profesional ya había sido objeto de atención pública por su designación en otra área del ministerio. El 14 de agosto, El Mostrador informó que el Gobierno le había encargado coordinar e impulsar la Reforma Procesal Civil, pese a que habían transcurrido poco más de cuatro meses desde que juró como abogada.
La iniciativa, ingresada al Congreso en 2012, busca reemplazar el Código de Procedimiento Civil vigente desde 1903 y constituye una de las reformas pendientes del sistema judicial chileno.
Zegers ingresó al Ministerio de Justicia en abril de este año, el mismo mes en que obtuvo su título profesional. Su contratación se realizó inicialmente bajo la modalidad de honorarios, con una remuneración de $1.206.000.
Posteriormente, en mayo, pasó a contrata, con remuneraciones que, según los antecedentes recopilados por Reportajes Teletrece, han oscilado entre $2,1 millones y $3,6 millones.
Su incorporación también fue abordada por El Mostrador en un reportaje publicado el 2 de octubre sobre profesionales jóvenes contratados en distintas reparticiones del Ejecutivo. En esa publicación se consignó su ingreso a Justicia y sus funciones relacionadas con la reforma procesal civil.
De acuerdo con el portal de Transparencia, entre las tareas asignadas a Zegers se encuentra “revisar y visar la documentación que ingresa al Gabinete para firma de la autoridad (ministro de Justicia); y en el caso de reparos, derivar al área correspondiente, con las instrucciones que sean necesarias”.
Otra de sus funciones consiste en “revisar la documentación que ingresa al Gabinete del Ministro, entregando propuesta para la toma de decisión en tiempo y forma”.
El documento interno conocido por T13 señala que la abogada mantiene cinco oficios de rebaja de condena pendientes de revisión, ingresados al gabinete ministerial entre el 24 de septiembre y el 21 de octubre.
Las solicitudes corresponden a personas condenadas por delitos de narcotráfico, maltrato de obra de Carabineros, ocultación de identidad y amenazas.
No obstante, los antecedentes publicados no permiten establecer que Zegers haya intervenido específicamente en los 56 decretos de reducción de penas concedidos a condenados por delitos sexuales contra menores.
Consultado por Teletrece, el Ministerio de Justicia explicó que el procedimiento de reducción de condenas contempla la intervención de cuatro organismos: Gendarmería, las Comisiones de Reducción de Condena, las Secretarías Regionales Ministeriales y la propia cartera.
Según detalló, las comisiones evalúan el comportamiento de las personas privadas de libertad, considerando aspectos como educación, trabajo, estudio y rehabilitación.
Posteriormente, Gendarmería remite las postulaciones a las secretarías regionales ministeriales, que verifican el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación.
Los antecedentes ingresan después a la unidad de rebaja de condena, donde se revisan los requisitos legales y se elabora una propuesta de decreto. Esta pasa por la jefatura de la unidad de reinserción social antes de llegar al gabinete ministerial.
En esa última etapa intervienen tres asesoras, entre ellas Zegers, encargadas de efectuar los chequeos y revisiones de los documentos remitidos por la División de Reinserción Social, dirigida por Fabiana Castro Brahm.
Luego, los antecedentes son recibidos por la jefa de gabinete, Paola Bagioli, antes de que el ministro Rabat adopte la decisión administrativa correspondiente.
La cartera precisó que la firma del decreto constituye una atribución del ministro de Justicia, por lo que la participación de las asesoras corresponde a una fase de revisión y no a la decisión final sobre el otorgamiento del beneficio.
Consultada por Teletrece sobre sus funciones y su participación en la revisión de solicitudes de rebaja de pena, Trinidad Zegers declinó responder las preguntas del medio.
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