Rabat desliga a Kast de penas a 56 condenados por delitos sexuales: “No estaba en conocimiento”

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó que el Presidente José Antonio Kast tuviera conocimiento previo o responsabilidad directa en la firma de los decretos que permitieron rebajar las condenas de 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. El secretario de Estado también reconoció que la mayoría de los beneficiados habría recuperado la libertad y anunció un proyecto de ley para modificar las condiciones de acceso a estas rebajas.

En entrevista con Meganoticias, Rabat abordó la controversia generada por las resoluciones y aseguró que las decisiones corresponden a facultades propias del Ministerio de Justicia. “El Presidente Kast no estaba en conocimiento de esta situación porque esas son decisiones que las adopta el ministro de Justicia”, afirmó.

Consultado por la expresión “Por orden del Presidente”, que figura en los decretos, explicó que se trata de un “tecnicismo que se ocupa con la delegación de facultades que establece la ley en el ámbito administrativo”.

El ministro también se refirió a las consecuencias de las rebajas de condena y admitió que gran parte de las 56 personas beneficiadas ya habría abandonado la cárcel.

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“La gran mayoría tiene que haber salido”, sostuvo, aunque no entregó una cifra exacta de quienes efectivamente recuperaron la libertad.

Rabat explicó que las rebajas responden a un mecanismo legal asociado a la evaluación del comportamiento de las personas privadas de libertad, realizada por una comisión integrada por autoridades judiciales y administrativas.

“Cuando la comisión respectiva, integrada por jueces, por ministros, por seremis, califica de sobresaliente el comportamiento, se produce un efecto legal inmediato que es rebajar condenas. Y atendidas las circunstancias, esa rebaja de condena puede implicar que el sujeto salga libre”, señaló.

Frente a los cuestionamientos por haber firmado los decretos, el secretario de Estado defendió su actuación y sostuvo que las decisiones se ajustaron a la normativa vigente y a la interpretación de la Corte Suprema en recursos de amparo.

“El 11 de marzo juré respetar la Constitución y la ley, y seguiría, por lo tanto, resolviendo estas cuestiones de la misma materia, porque es la forma como la Constitución y la ley hoy regulan esa materia”, afirmó.

Pese a esa defensa, anunció que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley con suma urgencia para modificar las disposiciones que permiten acceder a reducciones de condena.

La propuesta busca abordar los efectos de la aplicación retroactiva de una norma aprobada en febrero de 2022. Para ello, el Gobierno pretende incorporar un criterio similar al establecido en el Decreto Ley 321 sobre libertad condicional, de manera que los requisitos e incompatibilidades se determinen según las reglas vigentes al momento de presentar la solicitud.

Según lo expuesto por Rabat, el objetivo es impedir que personas condenadas por delitos graves puedan obtener nuevas reducciones de pena mediante la aplicación de disposiciones anteriores.

Durante la entrevista, el ministro también confirmó que bajo su administración se han aprobado rebajas de condena para internos de Punta Peuco sentenciados por violaciones a los derechos humanos cometidas a partir de 1973.

Rabat precisó que se trata de “dos o tres casos de un universo bastante más grande” y sostuvo que el Tribunal Constitucional ha establecido reiteradamente que no corresponde excluir a estas personas de beneficios legales sin una disposición expresa que lo autorice.