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Agencia Uno
Red de IPTV ilegal: 16 detenidos, 400 mil clientes y más de $4 mil millones bajo investigación
La Fiscalía y la PDI desarticularon una red que vendía señales de televisión mediante UltraIPTV y MegaIPTV. La investigación apunta a 400 mil clientes y movimientos superiores a $4 mil millones. Se incautaron autos de lujo y una avioneta, y se ordenó bloquear las plataformas.
Una investigación por piratería audiovisual y lavado de activos permitió a la Fiscalía Metropolitana Oriente y a la Policía de Investigaciones (PDI) desarticular una organización que habría comercializado ilegalmente señales de televisión por internet a cerca de 400 mil clientes, mediante plataformas como UltraIPTV, MegaIPTV y MegaIPTV Latinoamérica. El operativo dejó 16 detenidos, la incautación de vehículos de lujo y una avioneta, además de la intervención de 150 cuentas bancarias.
Los antecedentes entregados por las autoridades tras los procedimientos del viernes 23 de octubre ampliaron el alcance inicialmente conocido de la investigación. Mientras los primeros reportes informaban de 15 detenidos y movimientos por aproximadamente US$4 millones, la Fiscalía confirmó posteriormente 16 aprehendidos y operaciones financieras que superarían los $4.000 millones.
La indagatoria apunta a una estructura que habría funcionado desde 2018, integrada principalmente por familiares y personas con vínculos cercanos, quienes obtenían señales de plataformas legítimas, las decodificaban y posteriormente las comercializaban mediante suscripciones.
La fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, explicó que los investigados “sustraían señal digital de plataformas legítimas, las decodificaban y después las comercializaban” a través de contratos o planes de televisión.
Según los antecedentes de la investigación, la organización ofrecía acceso a canales de televisión de pago, contenidos audiovisuales protegidos y transmisiones deportivas sin contar con las autorizaciones correspondientes.
Las diligencias se desarrollaron en las regiones Metropolitana y de La Araucanía, incluyendo procedimientos en Las Condes y Villarrica, donde los equipos policiales incautaron cuatro vehículos de alta gama, una avioneta y dispositivos tecnológicos asociados al funcionamiento de las plataformas.
También se adoptaron medidas sobre 150 cuentas bancarias vinculadas a 11 instituciones financieras. De acuerdo con los antecedentes proporcionados por Alianza contra la Piratería Audiovisual, las cuentas congeladas estarían asociadas a aproximadamente US$4 millones.
El seguimiento del dinero constituye uno de los principales ejes de la investigación. Según los antecedentes conocidos, las plataformas habrían generado movimientos superiores a los $4.000 millones mediante la comercialización de suscripciones, mientras que otros reportes sitúan las operaciones investigadas por encima de los $4.500 millones.
La información proporcionada por Alianza contra la Piratería Audiovisual también indica que, entre junio de 2021 y julio de 2022, UltraIPTV y MegaIPTV registraron transacciones superiores a $900 millones, mediante pasarelas digitales utilizadas para recibir pagos de sus clientes.
La organización habría recurrido a empresas de fachada, personas interpuestas y múltiples cuentas bancarias para recaudar y distribuir los ingresos obtenidos.
Los investigadores también buscan establecer si se utilizaron mecanismos adicionales de circulación de recursos, incluyendo operaciones con criptomonedas y billeteras virtuales.
Uno de los antecedentes que amplía la dimensión del caso es la cantidad de personas que contrataron estos servicios. Según la Fiscalía, alrededor de 400 mil usuarios habrían accedido a las plataformas desde el inicio de sus operaciones.
La cifra abrió una nueva línea de análisis para el Ministerio Público, debido a que parte de los clientes podría haber contratado los servicios sin conocer su origen ilegal.
La fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, explicó que las plataformas investigadas mantenían una apariencia de legalidad que pudo inducir a error a sus consumidores.
“Se trata de una investigación que por el momento sigue permanec en reserva. Sin embargo, sí existen muchas personas que se pueden haber visto afectadas o engañadas incluso por estos sitios web que daban una apariencia de legalidad”, señaló.
La persecutora detalló que algunos servicios incluso entregaban documentos de cobro a sus usuarios, quienes en determinados casos acudieron al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para presentar reclamos.
“Y digo apariencia de legalidad porque incluso emitían, o entregaban, determinadas especies de facturas a la gente, que incluso muchos de ellos fueron al Sernac a hacer reclamos respecto del servicio que estaban recibiendo de estas plataformas”, agregó.
En ese contexto, Encina indicó que la investigación podría incorporar delitos de estafa si se establece que los usuarios fueron engañados al contratar las suscripciones.
“Ahí sí podría configurarse un delito de estafa y eso es algo que por cierto va a ser investigado en su momento por el Ministerio Público”, sostuvo.
La fiscal también señaló que la situación de otras personas que hayan consumido estos servicios de manera ilícita será materia de investigación, sin que ello implique que todos los suscriptores tengan responsabilidad penal.
Otro de los resultados del procedimiento fue el bloqueo judicial de las plataformas investigadas, medida destinada a impedir la continuidad de la comercialización de las señales audiovisuales.
Las autoridades destacaron el carácter inédito de esta acción en el marco de investigaciones penales contra servicios de retransmisión ilegal de televisión.
La causa se originó a partir de denuncias y acciones judiciales vinculadas a la distribución no autorizada de contenidos protegidos por derechos de autor, entre ellas las presentadas por empresas audiovisuales como DirecTV y Fox.
La investigación también contó con antecedentes aportados por Alianza contra la Piratería Audiovisual, con el respaldo estratégico de Mercado Libre y el patrocinio en Chile del estudio jurídico Contreras Velozo.
A través de su iniciativa Mercado Libre Anti-Counterfeiting Alliance (MACA), la compañía colaboró en la identificación de operaciones financieras asociadas a las plataformas, lo que permitió reconstruir parte de los ingresos provenientes de las suscripciones.
Las diligencias fueron desarrolladas por la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (Bridepi) y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana (Brilac) de la PDI, en coordinación con la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.
Los imputados enfrentan una investigación por infracciones a la Ley de Propiedad Intelectual, delitos contemplados en la Ley General de Telecomunicaciones, asociación ilícita, lavado de activos y delitos tributarios.
La fiscal regional Lorena Parra señaló que el Ministerio Público continuará trabajando para determinar el destino de los recursos obtenidos y establecer las responsabilidades de los involucrados.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, también destacó que las diligencias permitieron abordar no solamente la comercialización ilegal de contenidos audiovisuales, sino también los mecanismos utilizados para administrar y ocultar los ingresos.
Con 16 detenidos, cientos de miles de suscriptores y movimientos financieros multimillonarios, el caso dejó de limitarse a la retransmisión ilegal de señales televisivas y pasó a incorporar una investigación sobre una estructura de recaudación y lavado de activos.
La Fiscalía mantiene abiertas las diligencias destinadas a determinar el alcance de las operaciones, esclarecer la afectación a consumidores y establecer si existen otros mecanismos financieros o participantes vinculados a la organización.
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