Contraloría fiscaliza rebajas de condenas y aumenta presión sobre Rabat: ministro descartó renunciar

La presión sobre el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sumó un nuevo capítulo luego de que la Contraloría General de la República iniciara una fiscalización por las rebajas de condenas otorgadas durante el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, una controversia que mantiene al secretario de Estado bajo cuestionamientos de la oposición.

Según informó Radio Bío Bío, funcionarios del organismo encabezado por Dorothy Pérez se encuentran constituidos en el Ministerio de Justicia desde la semana pasada, a raíz de denuncias recibidas sobre los beneficios concedidos a personas condenadas por delitos sexuales contra menores y crímenes de la dictadura.

Entre los antecedentes que motivaron la revisión figura una presentación del diputado Héctor Ulloa, quien solicitó examinar la legalidad de las rebajas otorgadas desde el 11 de marzo.

El parlamentario pidió recopilar los decretos y sus antecedentes, incluidos informes psicológicos y evaluaciones de riesgo de reincidencia, además de verificar si el ministerio cumplió los requisitos legales. También solicitó determinar eventuales responsabilidades administrativas e iniciar procedimientos de invalidación si se detectan irregularidades.

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A esta fiscalización se incorporará una nueva presentación ingresada por la oposición este martes, de manera que ambas solicitudes sean examinadas dentro de un mismo procedimiento.

En paralelo, Contraloría requirió un informe al Ministerio de Justicia para pronunciarse sobre una eventual falta de respuesta a solicitudes formuladas por la Defensoría de la Niñez. Se trata de una actuación distinta de la fiscalización sobre las rebajas de condenas.

La controversia involucra 56 decretos de reducción de penas por delitos sexuales contra menores durante la actual administración: 27 por abuso sexual y 29 por violación. También se han cuestionado beneficios concedidos a condenados por crímenes de la dictadura.

Consultado tras asistir a la Comisión de Seguridad, Rabat aseguró que el ministerio entregará la información solicitada, aunque advirtió que debe resguardar los antecedentes personales contenidos en los expedientes.

“Estamos frente a información que tiene datos sensibles, que hay que tratarlas con cuidado, y por lo tanto estamos efectuando todo aquello para poder entregar esa información sin afectar esos datos sensibles”, explicó.

El secretario de Estado agregó que enfrenta numerosos requerimientos, algunos de los cuales solicitan antecedentes desde 2003. “Estamos hablando de mucha información y la vamos a entregar cumpliendo con la legalidad”, afirmó, sin comprometer una fecha específica para su entrega.

Rabat también defendió la decisión del Presidente Kast de mantenerlo en el gabinete, pese a los cuestionamientos políticos y a la acusación constitucional que prepara la oposición. “Yo comparto lo que ha señalado el Presidente de la República en los últimos días y pienso que es una respuesta suficiente sobre la materia”, sostuvo.

El ministro insistió en que existen problemas normativos que deben abordarse. “Aquí hay vacíos importantes en la legislación relacionada con la ley 19.856 que hay que solucionarlo”, señaló.

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de abandonar el cargo, evitó pronunciarse y afirmó que “son respuestas de orden político que a mí como Ministro de Justicia y Derechos Humanos no me corresponden”.

La fiscalización de Contraloría continúa sin que se conozcan plazos ni resultados, mientras el Ejecutivo mantiene su respaldo a Rabat y la oposición avanza en la preparación de una acusación constitucional en su contra.