Ángela Vivanco emitió cheques a contrabandistas de joyas, los cuales forman parte de la investigación por la trama bielorrusa. La exjueza asegura que no conoce a los beneficiarios, mientras la Fiscalía evalúa indagar el caso que salpica a Eduardo Baeza, el fiscal que llevó la causa originalmente.
Cifras implican a menores de edad obligados a ejercer el comercio sexual –se trata principalmente de migrantes, algunas de las cuales incluso son torturadas–, así como aquellos que son víctimas de redes de producción, almacenamiento y distribución de pornografía infantil.
Aunque por antigüedad Gloria Ana Chevesich debería asumir la presidencia de la Corte Suprema, su historial en favor de la probidad estaría motivando maniobras para bloquearla. En este Punto por Punto revisamos a ambas candidatas a la presidencia del máximo tribunal del país.
Entre esos motivos, explica el especialista en Defensa de EE.UU. Wes O'Donnell, está la “negación plausible” y también el evitar posibles represalias o ser incluido en listas negras por parte de Rusia por entregar armas a Alemania, cuyo destino final sería Ucrania.
La apertura de cuentas de Ángela Vivanco reveló cheques emitidos a dos ciudadanos paquistaníes vinculados al contrabando de joyas y sobornos. Ambos documentos, correlativos y por el mismo monto, fueron cobrados durante la investigación, hecho que la exmagistrada atribuye a compras factorizadas.
Una llamada al capitán del “Cobra” implicó que este realizara una “caída” (cambio de curso), con el fin de dirigirse hacia un gran banco de peces. Fue entonces cuando se encontró con la pequeña lancha albacorera, según la investigación del Ministerio Público.
Sergio Yáber, suspendido conservador de Puente Alto e imputado en la trama de la Muñeca Bielorrusa, aparece como figura clave en el lavado de dinero. Sus activos superan los $5.400 millones, incluyendo propiedades, vehículos, inversiones y gastos elevados en restaurantes y tiendas exclusivas.
Pese a que el comandante en Jefe dio a conocer una fuerte crisis presupuestaria, él mismo ordenó terminar en forma anticipada una serie de destinaciones en el extranjero y enviar a otros oficiales a esos puestos, lo que implica un fuerte gasto para la institución.
Un grupo de WhatsApp destinado a nombrar conservadores fue rescatado desde el teléfono de Ángela Vivanco. En ellos se habla de una cena donde asistiría Matías Walker, quien recibió pagos de Sergio Yáber, mientras presidía la Comisión de Constitución durante el trámite de la Ley de Notarios.
Testimonio de víctima que se querelló contra exdocente universitario relata cómo le efectuaron extracciones de tejidos pese a que la anestesia había dejado de causar efectos, en un procedimiento realizados por personas no calificadas y casi sin anestesia.
Ni el Ejército ni el Ministerio de Defensa quisieron referirse a la transacción. Uno de los destinos probables de los vehículos, que operan en la zona norte del país, en conjunto con los tanques Leopard y la artillería blindada, es ser posteriormente entregados a Ucrania.
El recién nombrado fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, aparece en la solicitud de medidas intrusivas dirigidas a fiscales y periodistas por la Fiscalía Occidente. Pese a que la medida se rechazó, las críticas apuntan a una “pasada de revoluciones” sin fundamentos.
En este capítulo de Punto por Punto, Paulina de Allende-Salazar revela detalles no conocidos hasta ahora del rol del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, que lo hacen conocido como “el anfitrión” en el mundo judicial. Conflictos de intereses, favores y mucho más en este reportaje.
Con más de 20 años de debate y 13 desde su ingreso al Congreso, la reforma procesal civil sigue estancada en el Senado. Académicos advierten que el actual sistema, heredado de 1903, no solo es lento y engorroso sino que también obstaculiza el acceso a la justicia de los más pobres.
Indagatorias dirigidas por ministro en visita de la Corte de Santiago se concentran numéricamente en Santiago, Concepción y Temuco, donde el juez ya ha interrogado a personal de los antiguos juzgados de menores, implicados en tráfico de niños hacia el extranjero, delito que comenzó en los años 60.
El chileno-alemán, cercano a Donald Trump y a los Bolsonaro, fue también parte del círculo de José Antonio Kast, pero le quitó su apoyo tras el Consejo Constitucional, aseverando que sentía “vergüenza” por ello. Según Von Storch, la ONU busca implementar un Estado totalitario en Chile.
Harold Pizarro Iturrieta, imputado por lavado de activos, ya estuvo acusado del mismo delito en una causa por contrabando de oro, pero fue beneficiado con una suspensión condicional. Su defensor en dicha causa era uno de los abogados actualmente detenidos.
A más de una década del estallido de los casos de financiamiento ilegal de la política, exfuncionarios y expertos relatan cómo las presiones políticas y fiscales condicionaron las investigaciones. Este Punto por Punto, con Paulina de Allende-Salazar, te cuenta los detalles y las consecuencias.