Académicos, investigadores y observadores del proceso constituyente advierten de una curiosa evolución que estaría experimentado la retórica odiosa que diseminan aquellos sectores más ultras en contra de los pueblos originarios, en especial contra los que integran la etnia mapuche. De colgarles históricamente una irredenta afición al alcohol y de atribuirles una tendencia a la pereza, se ha pasado con el correr de los años al empleo de otro adjetivo que, a fuerza de repetición, se ha convertido en la manera predilecta para referir a quienes reivindican su cultura: «terrorista». Pero el mote al parecer ya quedó corto…
Están pasando cosas raras en la televisión abierta, dicen algunos observadores inquietos por una serie de situaciones que, a su juicio, revelan el anómalo funcionamiento del sistema de medios en Chile. Desbalance, falta de transparencia y «galleteo» del público…
Este martes se lanzó la Casa Ciudadana por el Rechazo, conformada por las nueve organizaciones de la sociedad civil que fueron ‘seleccionadas’ por Chile Vamos y el Partido Republicano para incorporarlas en su campaña televisiva. Cada grupo tiene su vocero, entre los que destacan: Claudio Salinas, concejal de Buin, Carlo Siri, fundador de la Fuente Alemana, al abogado Francisco Javier Orrego, Juan Carlos Gazmuri, ex dirigente estudiantil y Javiera Rodríguez, ex asesora de Sebastián Sichel en su campaña presidencial y fundadora de Mentoras. A su vez, la noticia de que el Apruebo estrechó distancia con el Rechazo en la última encuesta Cadem, aumentando en dos puntos su valoración (39%), versus la opción Rechazo (47%), que tuvo una baja de cinco puntos, inició una serie de conversaciones entre los dirigentes de los partidos de la centroderecha, quienes decidieron que la campaña en los medios de comunicación estará liderada por ex convencionales. Los rostros ciudadanos por el Rechazo y cómo se reparten la franja de TV con Chile Vamos.
El 21 de octubre de 2019, Cristián Cayupán atropelló a la subinspectora Danitza Araya durante las manifestaciones del estallido social, por lo que fue condenado a 15 años, mientras que la detective quedó discapacitada. Sin embargo, un informe forense y una querella criminal confirman que Araya fue baleada por su compañero de la PDI. El Mostrador tuvo acceso exclusivo a antecedentes de la irregular investigación complica a la PDI en caso Cristián Cayupán.
Con una lógica descentralizada y un fuerte despliegue territorial en diferentes ciudades del país, el Comando de los Movimientos Sociales, «Apruebo Nueva Constitución»- que agrupa a más de 100 organizaciones como el Colegio de Profesoras y Profesores, Modatima, el Colectivo Feminista 8M y el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular- se desmarca de «Aprueba x Chile», que también reúne a organizaciones de la sociedad civil pero que trabaja en conjunto con los partidos políticos del Oficialismo. Una de sus voceras, la exconvencional Manuela Royo, cuenta detalles de cómo se organizan para la franja televisiva que comenzará el próximo viernes 5 de agosto y expresa su visión en torno a un posible acuerdo político previo- entre los partidos oficialistas- sobre los aspectos que deberían reformarse en la propuesta de nueva Constitución. La otra cara de la campaña por el Apruebo.
Aterriza en Chile —llega a competirle a PWC, Deloitte, KPMG y EY— de la mano de la consultora tributaria y auditora BLTA y del estudio Eluchans Abogados. SW está entre las 18 auditoras más grandes del mundo y la meta en Chile es situarse en el Top 5 en cinco años. El negocio de las auditoras está bajo presión regulatoria para separar la consultoría y asesorías legales del trabajo de auditoría. Benítez dice que no temen «ir contra la corriente» y que su oferta será competitiva con los grandes del mercado, y no solo en precio. Un nuevo capítulo de La Mesa, con Iván Weissman.
Salas de armamento en mal estado, funcionarios poco capacitados para el cuidado de material de guerra y abandono de funciones, son algunos de los incumplimientos reglamentarios sobre supervisión y control de armamento fiscal que han permitido, según datos obtenidos por Transparencia, el robo y extravío de 126 armas de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI, entre 2018 y 2022. A pesar de los 72 procesos judiciales ingresados a las Cortes Marciales de Santiago y Valparaíso en este período y datos encontrados a través de revisión de prensa, hay instituciones, como el Ejército, que aseguran no haber sufrido ninguna pérdida o robo. FFAA y policías en la mira.
El nudo de riesgo de seguridad que ha puesto la CAM y su líder a la zona sur del país es de extrema gravedad y complejidad. Sus acciones expresan un plan primario político militar con aspiración a la independencia política, aunque por el momento se mantengan en un nivel de propaganda armada. De ahí que el tema de fondo sea la defensa del Estado de Derecho, la unidad política del país y el orden público interno, amenazado por una fracción insurreccional mapuche, que el Gobierno de Chile no puede ni debe ignorar, y que, por lo además, trabaja por el fracaso de cualquier nueva Constitución que busque conseguir una vida pacífica entre los chilenos. Cerramos este resumen semanal con nuestra columna editorial.
